Finalizó la última marcha de las Farc. Los 6.300 guerrilleros de la insurgencia -sin contar milicianos- han recorrido esta semana el camino definitivo hacia las 26 veredas transitorias donde certificarán su regreso a la vida civil. "¿Quién se hubiera imaginado a las Farc, con sus fusiles, caminando hacia esas zonas para entregárselos a las Naciones Unidas?", resaltaba el Presidente Juan Manuel Santos al comenzar el movimiento de tropas.

No es oro, sin embargo, todo lo que reluce. La implementación del proceso de paz ha acumulado alrededor de un mes de retraso.

Esa demora es palpable en las zonas veredales de desmovilización. Su construcción avanza con mucha lentitud. Están apenas al 35% de avance, según un informe de la agrupación Paz y Reconciliación (Pares). Las adecuaciones en algunas de ellas comenzaron hace apenas unas semanas y son poco menos que barrizales donde tan sólo se ha removido la tierra. Ni siquiera hay acceso directo a agua potable.

"Hay una improvisación grande del gobierno", comenta a La Tercera Ariel Avila, director de Pares, culpando por el retraso a las "trabas burocráticas" colombianas. "Si esto pasa con las zonas veredales, que es algo relativamente sencillo, ¿Qué va a pasar después de la dejación de armas? ¿Dónde van a vivir los guerrilleros? ¿Dónde van a estar las fincas y proyectos productivos acordados?". Reclama un mecanismo de contratación más expedito.

Las Farc han criticado en las redes sociales el estado de los campamentos y las zonas de desmovilización, pero han ratificado su adhesión al proceso de paz.

Más controversia ha causado en los últimos días un duro cruce de acusaciones entre el gobierno y la guerrilla a cuenta de los niños en poder de los insurgentes. Bogotá reclamaba su entrega previa al movimiento de tropas. Temía la salida por la puerta de atrás de los menores, sin ningún tipo de acompañamiento. "En el futuro podrían ser un nuevo foco de violencia", señaló el alto comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo.

Las Farc se han comprometido a entregar a los niños cuando se produzca la llegada a las zonas veredales. "No veían garantías jurídicas para su entrega anterior", interpreta el experto Avila.

Lo que más preocupa a las autoridades, en cualquier caso, es el futuro de las regiones controladas hasta ahora por las Farc. Ya se han detectado movimientos del segundo mayor grupo insurgente colombiano, el Ejército Nacional de Liberación (ELN), con el objetivo de ocupar parte del territorio, a pesar de iniciar sus propias negociaciones de paz con el gobierno el próximo martes.

Otros lugares están siendo ocupados por grupos narcotraficantes. En varias zonas ya han comenzado a actuar incluso bandas de ladrones comunes, intimidadas antes por la presencia hegemónica de la guerrilla.

La situación más complicada podría darse en los lugares donde operan disidentes de las Farc. Cinco líderes guerrilleros se han declarado en rebeldía con el proceso de paz y han sido expulsados de la organización. Son señalados en Colombia por tener grandes vínculos con el negocio del narcotráfico. El gobierno cree que unos 300 guerrilleros podrían haberse unido a ellos.

La disidencia es un muy preocupante para quienes velan por el éxito del proceso de paz: "No es sólo por el narcotráfico. Esto hace parte de disputas internas dentro de la organización. Personas que aspiraban a ocupar el secretariado y no lo hicieron", comenta Eduardo Alvarez, de la Fundación Ideas para la Paz. Subraya, eso sí, que la disidencia está siendo menor que en otros procesos de paz dados en el mundo con anterioridad.

Hay grupos, en cualquier caso, intentando sacar provecho. El cártel de la droga conocido como el Clan del Golfo estaría intentando reclutar a desertores y disidentes de las Farc a cambio de un salario de unos 400.000 pesos chilenos, además de la posibilidad de mantener su territorio.

El diario norteamericano The Wall Street Journal llega incluso a afirmar que el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, uno de los mayores cárteles de la droga en América Latina y responsabilizado de la violencia en las cárceles de Brasil, estaría también intentando ganar adeptos entre la disidencia.

La desmovilización de las Farc también ha llegado a Colombia acompañada de violencia. Ocho líderes rurales han sido asesinados en lo que va de año. Se suman a los 93 asesinados de 2016. Tras los homicidios podrían estar, según los expertos, terratenientes temerosos de perder sus tierras cuando se elabore próximamente la ley de reforma agraria. Firmar el documento de la paz no fue tarea fácil para Santos. Implementarlo será también un gran reto.