Un fuerte aplauso y se desataron los abrazos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, la noche del miércoles 13. La inusual presencia a esas horas del comité político en pleno de La Moneda -encabezado por el ministro Rodrigo Peñailillo- daba cuenta de la relevancia de la votación: la reforma al sistema binominal pasaba su primera valla en el Congreso. 88 diputados de la Nueva Mayoría, RN e independientes con el voto en contra de 28 UDI aprobaron el proyecto que -en términos generales- aumenta de 120 a 155 los representantes en la Cámara Baja y de 38 a 50 los senadores.
Tras las felicitaciones, sin embargo, entre los ministros y algunos parlamentarios -de todos los partidos- se escondía un sabor amargo.
A última hora los diputados Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal) habían logrado incorporar a la iniciativa dos indicaciones que dan un giro radical al sistema de financiamiento electoral y que -de prosperar en el Senado, donde está fijada su discusión para el martes 9- cambiará la manera en que los privados aportan a las campañas políticas.
Jackson y Mirosevic aprovecharon el clima general desatado por la inminente reforma al binominal para recolectar las 30 firmas necesarias que les permitió reponer sorpresivamente las indicaciones que habían sido rechazadas en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Pese al lobby desplegado por asesores de Peñailillo -impulsor del acuerdo para cambiar el sistema electoral- para impedir su aprobación, la mayoría de los diputados votaron a favor de prohibir las donaciones de las empresas a la campaña de un candidato y de eliminar la figura de "aportes reservados" del financiamiento electoral.
En privado, la gran mayoría de los diputados consultados reconocen no estar de acuerdo con las modificaciones y justifican su voto a favor por ser un tema cuyo rechazo genera desaprobación ciudadana. A la hora de la votación, sólo la bancada UDI se manifestó en contra e hizo reserva de constitucionalidad.
Las llamadas "platas de campaña" constituyen una de las áreas menos abordadas públicamente, pese a que existe consenso en que las fuentes de financiamiento y las prácticas para su recolección son habitualmente comunes para todo candidato.
En la última elección presidencial y parlamentaria, los aportes reservados (mayoritariamente provenientes de empresas según los expertos) llegaron a casi $ 22 mil millones.
Michelle Bachelet recibió -de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Servicio Electoral (Servel)- $ 1.781 millones que corresponden al 26% del total de sus gastos declarados de campaña. En el caso de Evelyn Matthei, el monto ascendió a $ 2.967 millones que corresponden al 64% de total de sus gastos declarados de campaña.
De acuerdo al Servel, la UDI fue el partido que más aportes de este tipo recibió en las últimas elecciones parlamentarias: más de 900 millones llegaron a las arcas de la sede de calle Suecia. A los que se suman los aportes que llegan directo a los candidatos.
Los detractores de la modificaciones apuntan además a un tema práctico: la limitación de los aportes a personas individuales hacen inalcanzable la recolección de los recursos necesarios para enfrentar una campaña, que en casos como las presidenciales supera los US$ 6 millones. Sobretodo si, además, se busca restringir el tope de este tipo de aportes.
MOLESTIA EN EL SENADO
Apenas aprobadas las indicaciones en la Cámara de Diputados, en el Senado se activó un debate hasta ahora soterrado.
En el Senado no se oculta la molestia y acusan que los diputados han eludido la discusión pública para no pagar costos políticos, a la espera de que el tema se resuelva en la Cámara Alta. Así, la apuesta apunta a que el Senado rechace o modifique la normativa, o bien -si es que éstas prosperan- que algunos recurran al Tribunal Constitucional para impugnarlas.
Una de las indicaciones más controvertida promovida por Jackson y Mirosevic busca prohibir que las personas jurídicas o las empresas privadas puedan hacer aportes a un candidato o a un partido político para gastos de campaña. Así, sólo se permitiría que las personas naturales puedan hacer algún tipo de contribución a los postulantes a un cargo de elección popular.
"En democracia quienes tienen derecho a voto son las personas, no las empresas. Una persona puede tener simpatía hacia un candidato, pero una empresa sólo puede tener interés corporativo", explicó Jackson. Un argumento que en la Nueva Mayoría ha encontrado algunos respaldos, como el del jefe de la bancada PPD, Pepe Auth, quien agregó que "el problema no está en que el dueño de una empresa quiera aportar como persona, sino en que el tema sea objeto de una decisión de empresa, adoptada en el marco de una reunión de directorio".
Quienes prefieren que se mantenga la posibilidad de que las empresas hagan sus aportes sostienen que la prohibición atenta contra la libertad. "La pregunta sería por qué a las empresas se les alienta constantemente a aportar en el ámbito de la cultura o lo deportivo y se les debe prohibir en lo político. Es como establecer una cultura de la sospecha, de que lo político es negativo", señala el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.
Varios empresarios consultados por Reportajes prefirieron no opinar sobre el tema y esperar la discusión que se dará en el Senado. Sin embargo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, sostuvo que "no son las empresas, sino las personas quienes debieran realizar donaciones a candidatos o partidos políticos".
Además de poner en jaque la posibilidad de que las empresas realicen aportes a las campañas, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados exige la eliminación de los aportes reservados que actualmente están incorporados en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
La normativa permite que tanto personas jurídicas como naturales puedan hacer una contribución a un candidato ocultando su identidad y el monto de la donación a los beneficiarios. La misma ley establece un mínimo para acogerse a este régimen: los aportes deben ser superiores a 20 unidades de fomento ($ 482.000, aproximadamente) e inferiores al 10% del límite de gasto electoral que varía en cada elección.
Según este diseño, sólo el Servel, que es el encargado de recibir el dinero y traspasarlo al candidato beneficiado, conoce la identidad y el monto aportado por el donante. Además, la ley otorga a los funcionarios del Servel secreto bancario.
Es precisamente esta arista la que genera más inquietud entre los parlamentarios debido a que una parte sustantiva de los recursos que manejan en campaña provienen de esta vía (ver rankings).
EL RIESGO DEL "MALETÍN"
De acuerdo con los datos proporcionados por el Servel respecto a la campaña parlamentaria de 2013, el 48% del total de los dineros declarados para financiamiento electoral corresponde a aportes reservados.
Mirosevic defiende la modificación afirmando que "la idea de eliminar los aportes reservados es que se transparente lo más posible el financiamiento electoral. Para que así los ciudadanos sepan por quiénes están votando o qué intereses va a representar un parlamentario en el Congreso. Finalmente, así se transparenta cómo se va a legislar".
El senador Hernán Larraín (UDI), miembro de la comisión de Constitución, instancia que revisará el tema en los próximos días, manifestó sus reparos al sostener que eliminar los aportes reservados no sólo dejaría "en una situación muy compleja el financiamiento de las campañas públicas", sino que además "existe el riesgo de que al ser obligados a transparentar las donaciones muchos no lo hagan y prefieran el camino de la oscuridad, por eso hay que analizarlo con más calma antes de tomar una decisión".
La posibilidad de que la eliminación de los aportes reservados reedite la antigua práctica de las "platas negras" o el "maletín", como se conoce comúnmente a los aportes en efectivo que solían realizarse en las campañas, es un riesgo que se reconoce -en privado- de manera transversal.
"Este es un tema que voy a analizar con detención, estoy abierto a tener una mejor regulación de las donaciones, pero hay que ver la necesidad de cautelar a las personas que a veces quieren ayudar en las campañas, pero que después pueden tener temor a represalias por haber apoyado a un candidato determinado", afirmó el senador Alberto Espina (RN), también miembro de la Comisión de Constitución.
Consultados por Reportajes los restantes miembros de esa instancia Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Independiente) adelantaron que votarán a favor de las disposiciones.
El presidente de la comisión, Felipe Harboe (PPD), en tanto, manifestó que está abierto al debate para aumentar los niveles de transparencia en el financiamiento de campañas. Eso sí, advierte que en esta discusión "no cabe tener posiciones para la galería y hay que cautelar que no se generen incentivos perversos -como en el pasado- para el uso de maletines o asesorías falsas o se abra la puerta a dineros que no estén sujetos a fiscalización".
En el Servel, en todo caso, advierten de la vulnerabilidad del actual sistema de aportes reservados. El presidente del directorio del organismo, Patricio Santamaría, afirma que "a veces en las donaciones reservadas no es muy claro que éstas efectivamente sean reservadas y que las personas que reciban las donaciones no conozcan la fuente", lo que atiza las discusiones sobre eventuales futuras presiones a los parlamentarios.
La actual fórmula de financiamiento de las campañas -que incluye cuatro tipos de aportes privados (ver recuadro)- se diseñó en 2003. Hasta ese año, cualquier donación a un candidato se realizaba a través de los partidos políticos, no existían rendiciones públicas y tampoco fiscalización.
La legislación promulgada en 1987 indicaba que cualquier persona, natural o jurídica, podía hacer un aporte de hasta 30 UTM y estar exentas de pago de impuestos.
En medio del escándalo del caso MOP-Gate que afectó al gobierno de Ricardo Lagos, el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el presidente de la UDI, Pablo Longueira, promovieron el "Acuerdo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del crecimiento del país". Una parte de ese pacto se abocó a reformar la legislación en materia de financiamiento y aportes a campañas políticas.
El economista Salvador Valdés participó de la comisión ad hoc que se creó para abordar el tema. Fue desde ese think tank donde se categorizó cada donación y se creó la actual figura de aportes reservados. Junto a ello se definió que el Servel fuera el encargado de repartir estas donaciones, guardando el secreto entre el donante (quien hace el aporte) y el donatario (quien los recibe).
"Existen una serie de sutilezas que son ignoradas por los diputados que livianamente están proponiendo una redirección a las prácticas del siglo pasado", afirma Valdés. "El sistema actual regula las donaciones, abre el canal legal y se obliga a que las donaciones políticas se discutan en el directorio de la empresa. Eso las ha disminuido, pero también ha hecho que exista una repartición de éstas en mayor grado entre distintos sectores políticos", remató.
"Lo que se trató de hacer en este esfuerzo es expandir la lógica del secreto a la donación. Porque si el voto es una expresión política, donar a una campaña también lo es", afirma el subdirector del CEP, Lucas Sierra.
La palabra ahora está en los senadores.
