En octubre pasado, la Fiscalía Regional del Biobío, en coordinación con la Unidad de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, dispuso una serie de medidas intrusivas contra las pesqueras indagadas en la llamada arista "Asipes" del caso Corpesca.

Entre estas diligencias, se obtuvo autorización del Cuarto Juzgado de Garantía para acceder a los aportes reservados que vía Servicio Electoral (Servel) concretaron 16 pesqueras y asociaciones de pesca a candidatos en las campañas comprendidas entre los años 2009 y 2013.

En el mismo periodo, se allanó también la oficina y el domicilio del ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) Luis Felipe Moncada, quien hace tres semanas abandonó dicho puesto para enfrentar su defensa en esta causa.

En paralelo, la fiscalía también había conseguido la incautación y entregas voluntarias de varias contabilidades de empresas, así como también correos electrónicos de distintas pesqueras.

En audiencias ocurridas el miércoles y jueves de esta semana, los abogados de estas agrupaciones, mediante recursos de nulidad procesal y cautelas de garantía, intentaron revertir algunas de estas medidas.

La principal vino de parte de la gremial Asipes, representada por Felipe Caballero, asociación que solicitó que la información obtenida del Servel fuera devuelta a la entidad y se prohibiera su uso en la causa.

"Queremos que se deje constancia que aquí se han vulnerado garantías", dijo el profesional en relación con que las pesqueras no habrían sido alertadas de esta solicitud, por lo que no pudieron recurrir al tribunal para detenerla. "Y queremos que se corrija la resolución, incluso aunque ya se hubiere cumplido, declarando que no reúne los estándares que el legislador exige", agregó en su petición el litigante.

Pese a la insistencia de las defensas, la magistrado Ana Emilia Eltit determinó que no revertiría la diligencia solicitada al Servel, por lo que la fiscalía continuará con su trabajo de procesar dicha información.

En la misma línea, la pesquera Alimar alegó que la fiscalía obtuvo permiso del tribunal para incautar su contabilidad, pese a que podrían haberla revisado en dependencias de la pesquera. Sin embargo, para la fiscalía, la propuesta de Alimar significaba que esta se negaba a la entrega voluntaria. Y que por ello se acudió al tribunal.

La jueza tampoco dio a lugar a la petición de la firma.

Finalmente, en una de las disputas más debatidas de esta audiencia -que en total duró más de 10 horas-, el abogado Rodrigo de la Barra, representante de Moncada, pidió al tribunal que no se usara información incautada en el domicilio del ejecutivo de la pesquera, en particular, correos y documentos intercambiados entre el imputado, su hijo y su cónyuge.

Esto porque, según consta en el expediente, la fiscalía pidió incautar todo soporte tecnológico que pudiera haber usado Moncada, por lo que efectivos de la PDI se llevaron también los computadores de su hijo y esposa.

De la Barra apeló al artículo 220 del Código Procesal Penal, cuyo fin es proteger en las incautaciones las conversaciones de parientes con el imputado, a quienes la ley además los exime de declarar en contra de su familiar.

"Lo que solicitamos derechamente es que los discos duros, en lugar de ser entregados a la policía o al Ministerio Público para su revisión, sean entregados al tribunal", dijo el abogado, petición a la que la magistrado accedió, fijando una audiencia para revisar la evidencia. Esto para luego determinar qué atañe a la investigación.