Para los documentos formales que tiene el Estado de Chile, a través del Registro Civil, Claudia Lobos es una niña de 10 años, que fue inscrita en Pudahuel y el próximo 7 de junio debería estar de cumpleaños. El problema es que ella no existe.
Ella fue parte del plan que en 2006 ideó C.C.S.C. (43) para ganar una demanda laboral a la empresa para la cual trabajaba. La mujer acusó que había sido despedida mientras estaba embarazada y, para dar más peso a su historia, inscribió un nombre en el Registro Civil.
Este insólito caso es indagado actualmente por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI junto a la Fiscalía Occidente. Se encuentra caratulado como estafa.
El origen de la causa es de marzo pasado, cuando Carabineros acudió a la residencia de la mujer para atender un llamado por violencia intrafamiliar. Los policías, al llegar a la casa, se encontraron con su pareja. Fue él quien relató a los uniformados la historia detrás de la niña inexistente.
Con esta información en mano, la fiscalía derivó los antecedentes a la PDI para que aclarara las circunstancias del engaño que ya se arrastra desde hace 10 años.
Los detectives citaron a declarar a los imputados. Según trascendió, C.C.S.C. indicó que, efectivamente, estaba embarazada cuando inició la demanda laboral y que a los pocos meses tuvo una pérdida. El hombre, en cambio, señaló que nunca se enteró de que su pareja estuviera en estado de gravidez.
Gracias a esto, finalmente C.C.S.C. ganó el juicio laboral a sus ex empleados y obtuvo una ganancia cercana a los $ 12 millones.
¿Y cómo se logró la inscripción? La mujer, según los antecedentes recopilados en el caso, acudió hasta las oficinas del Registro Civil con dos testigos, quienes certificaron que la supuesta niña había nacido al interior del domicilio.
Consultado el Registro Civil sobre si fallaron los controles internos, respondió que "el o la funcionaria de la institución cumplió cabalmente con lo dispuesto en el Ar- tículo N° 121 del Reglamento Orgánico, que establece: 'Para proceder a inscribir un nacimiento, el oficial civil exigirá se compruebe la efectividad del hecho, sea por medio del certificado del médico o partera que lo hubiese presenciado o por la declaración de dos testigos conocidos". El Registro Civil añadió que "el negarse a esta posibilidad de inscripción, respaldada por la norma legal detallada, habría significado para el o la oficial civil incurrir en una falta administrativa".
El caso de Las Condes
Esta causa, no obstante, no es la única de estas características que investiga la Bridec. Se trata de una ciudadana hondureña, I.C.A. (44), quien el año pasado ingresó a trabajar a una empresa. En noviembre se enteró de que podía ser despedida y el 1 de diciembre presentó un certificado de atención por un posible parto.
La firma cursó de todas maneras la desvinculación e I.C.A. acudió hasta los tribunales laborales para pedir una indemnización. La justicia falló en su favor y la empresa tuvo que desembolsar $ 4 millones.
El caso fue denunciado y la PDI acudió hasta el Cesfam que había otorgado el certificado de embarazo. Sin embargo, en ese lugar señalaron que había sido solamente una atención de posible estado de gravidez y que la mujer se había negado a realizarse los exámenes para comprobar dicha situación.
Respecto de ambas indagatorias, el jefe de la Bridec Metropolitana, subprefecto José Gutiérrez, indicó que "son estafas atípicas que salen del margen del sistema, indetectables hasta que una de las partes da cuenta del hecho. No obstante, las personas deben tener en consideración que siempre todos los intervinientes son parte del delito".
