Varias fórmulas paralelas explora Manuel Cruzat Infante con sus asesores para resolver los problemas financieros y conseguir el desistimiento de las querellas que enfrenta el grupo.

Aunque la arista penal está a cargo de los abogados Gonzalo Insunza y Catherine Lathrop y los convenios judiciales los lleva Nelson Contador, las contrapartes afirman que la estrategia global la encabeza Alberto Lyon , antiguo colaborador de Cruzat. Este abogado fue fiscal de Cruz Blanca entre 1986-1993 y fiscal del grupo CB de 1993-1996. Después se independizó, pero desde su oficina -Lyon y Cía.- sigue viendo los temas legales del empresario. Dicen que intermedió en la fallida negociación con los Hurtado Vicuña por la venta de Curauma (no lograron ponerse de acuerdo en la valorización y la oferta de los Hurtado no alcanzaba a pagar a todos los acreedores).

Una de las líneas de acción que trabajan es cerrar, lo antes posible, algún acuerdo con CMR Falabella por los US$ 40 millones que la llevaron a interponer la querella por apropiación indebida en el contrato con el portal Mis Cuentas Punto Com, una de las empresas de Capitales.

Fuentes vinculadas al proceso comentan que la próxima semana retomarán las conversaciones. Aseguran que estuvieron cerca de lograrlo, pero todo volvió a fojas cero cuando fracasó el intento de CMR por recuperar sus recursos por la vía de transformarse en acreedor directo de Curauma, comprando a EuroAmerica el leaseback que vencía el 31 de agosto, y que tenía en garantía los activos más valiosos de Cruzat: 105 hectáreas del fundo la Luz y el fundo Las Cenizas (Mis cuentas tiene UF 800 mil por cobrar contra Curauma).

En mayo Cruzat les hizo una propuesta que consistía en que CB compraba la deuda de CMR y pagaba US$ 7,5 millones en un mes con venta de activos; US$ 24 millones con un crédito de CB en contra de Curauma, que luego esta documentaba a 13 meses e interés de 5% anual, y con cláusulas de prepago obligatorio. Y US$ 9,1 millones en el marco del convenio judicial preventivo. Daba en garantías adicionales una segunda hipoteca sobre su casa (lo hizo con EuroAmerica para la prórroga), garantías sobre terrenos en Lo Aguirre y el proyecto Congo y derechos de agua en el río Aconcagua.

Ahora barajarían opciones por el estilo: desde que Falabella se quede con terrenos en garantía a que tome un porcentaje de la propiedad de Curauma. Algo similar han planteado a Cencosud, el otro acreedor relevante de Mis cuentas, pero tampoco han logrado convencer al holding de Paulmann (el portal le adeuda US$ 2,6 millones). A Inmobiliaria Manquehue la incorporaron al convenio judicial de la filial Consultoría y Proyectos, aunque no lo han notificado en busca de un acuerdo previo.

Cruzat y su equipo están convencidos de que los números les dan para salir del atolladero: Curauma debe US$ 38 millones (UF 813.000) a una decena de acreedores, que tienen terrenos en garantía que ellos valorizan en unos UF 3 millones. Una opción es recuperarlos para venderlos o usarlos para conseguir nuevos créditos. Aparte, sondean la contratación de un banco de inversión que refinancie los pasivos a largo plazo; haga el road show del aumento de capital de Curauma por unos US$ 52 millones y venda terrenos.

Aseguran que la deuda de Curauma con Tesorería son $ 20 mil millones (la del grupo llegaría a US$ 140 millones); pero que si consiguen pagar la mitad por ventanilla, el resto se condona.

EL ARGUMENTO PARA REBATIR LA ACUSACIÓN DE CMR

Entre los cercanos a Manuel Cruzat insisten en que la vía penal por la que optó CMR Falabella para recuperar los US$ 40 millones que Miscuentas.com -el portal de pagos de CB Capitales- no le ha restituido "carece de asidero". Argumentan que el contrato por servicios de recaudación "autorizaba el uso de la plata de los pagos, pero no establecía plazos para su reposición". Explican que según los abogados del grupo, por ley se pueden usar los depósitos en dinero y que así lo estipula el artículo 2221 del Código Civil. Agregan que no poder devolverlos dista de ser un delito. Además, "insisten en que ni los ejecutivos de Miscuentas ni Cruzat han desconocido el monto pendiente". Enfatizan que a diario se le enviaba a la contraparte los montos recaudados y los depositados. "La plata siempre fue reconocida y figuró en los balances. Pero sólo cuando llevaban un desfase de $ 10.000 millones -poco menos de la recaudación de un mes- empezaron a exigir que se rebajara. Este es un problema comercial que corresponde al ámbito civil", comenta un ejecutivo.

Una de las tesis que barajarían en el grupo es que los ejecutivos de CMR creyeron que tenían otro caso La Polar adentro, y que dado que se les venía la junta de accionistas se apresuraron a ejercer acciones legales.