Las administradoras de fondos de pensiones han perdido credibilidad en la ciudadanía, y su modo de funcionamiento merece ser analizado en detalle". Con ese crítico diagnóstico la Presidenta Michelle Bachelet anunció a fines de abril la creación de la denominada "Comisión Bravo", que tiene como misión introducir cambios en el sistema de pensiones.
A seis meses desde el comienzo de este trabajo y ad portas de conocerse el informe final de la instancia, uno de los problemas detectados -coinciden en esto tanto organismos reguladores como expertos-, se refiere a los elevados porcentajes de evasión y elusión previsional por parte de empleadores: esto es, el impago o pago parcial de las cotizaciones previsionales -equivalente al 10% del sueldo imponible-, correspondientes a sus trabajadores (ver definiciones).
En el país existen 346.287 empresas con deuda presunta (que no han declarado, ni pagado las cotizaciones o no han dado aviso de término de servicios de un trabajador), afectando a casi un millón de trabajadores.
Por ello, ayer la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, junto al director del Trabajo, Christian Melis, anunciaron la creación de un programa piloto de fiscalización electrónica contra la evasión previsional. El plan contempla inicialmente 4.331 RUT de empresas que registran deuda presunta -por un total de $ 2.695 millones-, e involucra a 22.554 trabajadores.
"Anualmente, nosotros teníamos fiscalizaciones por no pago de obligaciones previsionales cercanas a las 700. Ese número aumentará a 300 mil. Partimos el 3 de noviembre y nos vamos a extender por todo el 2015", manifestó Javiera Blanco.
La secretaria de Estado aseguró que en la medida en que se pueda fiscalizar de mejor manera, se evitará que los trabajadores cuenten con lagunas previsionales que contribuyen a bajas pensiones.
Christian Melis señaló que las empresas serán notificadas por e-mail y contarán con 30 días para hacer el pago, aclaración y/o rectificación de la deuda. En caso de que se mantenga la infracción, total o parcialmente, se le notificará por correo certificado las multas por no declarar oportunamente las cotizaciones.
Los montos de las sanciones serán de 0,75 unidades de fomento (UF) ($ 18.264) por trabajador, en el caso de retraso de la declaración de las cotizaciones previsionales, y 1 UF ($ 24.352) por la no declaración oportuna en el Fondo de Cesantía, también por cada trabajador y por mes de retraso.
Desde la Dirección del Trabajo (DT) sostienen que el objetivo central es lograr el pago de las deudas a favor de los trabajadores perjudicados, ya que las multas son de beneficio fiscal y, por ende, castigan pero no resarcen el perjuicio económico de los trabajadores.
Desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, criticó con fuerza a quienes no pagan las cotizaciones a sus trabajadores. En la industria de las AFP valoraron los anuncios del gobierno (ver recuadro).
QUÉ DICEN LAS CIFRAS
Constante en el tiempo se ha mantenido la evasión previsional. Así se refleja en la última encuesta Casen (2011), que muestra que en ese año la evasión perjudicó a 927.008 trabajadores (19%), mientras que en 2009 el número de afectados llegó a 1.100.912 y en 2006 a 1.004.309. Según el informe, del 19% de los trabajadores asalariados que no cotizaron en 2011, el 13% trabaja sin contrato y el 6% tiene contrato pero no se le pagaron cotizaciones.
La DT informó, además, que el 30% de las 108 mil fiscalizaciones realizadas el año pasado se abocó a evasión y elusión previsional. De esa cifra, 6,2% correspondió a asalariados sin contrato; 9,4% a asalariados con contrato y sin cotizaciones; 13,8% a asalariados con contrato, pero con cotizaciones por una renta inferior a la real, y 0,2% a remunerados a honorarios cuyo vínculo laboral corresponde al de un asalariado.
Según el anuario estadístico de la entidad, en 2013 se recibieron 10.173 denuncias relacionadas con cotizaciones previsionales, siendo actividades no específicas (2.038) y comercio (1.251), las ramas económicas con mayores quejas.
El año pasado hubo 3.176 sanciones por materias previsionales, alcanzando los $1.139 millones. Los sectores más sancionados fueron comercio y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (ver infografía). En lo que va de este año, las sanciones a septiembre llegan a 2.495 y suman $ 880.163.608.
