En pleno proceso de fiscalización se encuentra el Servicio Electoral, luego de haber recepcionado casi la totalidad de balances y auditorías externas que la ley exige transparentar anualmente a los partidos políticos.
Esta es la primera entrega que se hace con las condiciones de la nueva ley, y por primera vez se solicita una auditoría externa, en cuya muestra se reflejará justamente la manera como los partidos implementaron fórmulas para ajustarse a la nueva normativa y será el Servel el que determinará si cada colectivo cumplió con las exigencias.
Para esa tarea, desde el Servicio explican que cuentan con un equipo dependiente de la División de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, que a su vez se circunscribe en la Subdirección de Partidos Políticos del Servel. Esta división está compuesta por un jefe de departamento y cinco contadores auditores.
Ellos son los encargados de revisar los balances de los 31 partidos contabilizados como tales hoy en la entidad y que fueron certificados tras el proceso de refichaje. Cada contador analiza entre cinco a seis balances, explican en el Servel. Y cada balance demora en promedio un mes en ser revisado.
La fiscalización sobre estas cuentas se inició en mayo y finalizará entre septiembre y octubre de 2017. A medida que sean aprobados sus registros, el Servel irá subiendo la información al sitio web habilitado para este objetivo.
El proceso descrito por el Servicio detalla que si sobre estos balances o libros contables existen observaciones, el partido contará con diez días hábiles para entregar la respuesta o los respaldos solicitados. Esto también incluye observaciones respecto de omisiones que se deban completar.
Si no existe respuesta a estas observaciones -agregan-, y dependiendo del tipo de infracción que pueda haber, la Ley 18.603 (que data desde 1987), en su artículo 51, estipula que se cursarán multas con valores que van desde el grado mínimo -de 10 a 100 UTM- al máximo -de 200 a 300 UTM-. Es decir, según la UTM proyectada a junio de este año, las multas irían desde los $467 mil a unos $ 14 millones.
Por otra parte, si el balance fuese rechazado, la ley determina que se suspenda el pago del aporte fiscal a ese partido, sanción a la cual el colectivo puede apelar acudiendo al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Según estimaciones del propio Servel, el nuevo proceso en curso mejoraría el plazo de revisión en dos meses en relación al año pasado. Es decir, mientras en años anteriores se conocía sobre aprobación o rechazo de los balances en diciembre de cada año, este año ocurrirá en octubre.
