Esta historia comienza el 13 de abril pasado. Ese día, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional puso fin al vínculo laboral con Oscar Fuentes, el secretario ejecutivo de la entidad mientras fue presidida por Sergio Jadue. El despido se sustentó en el "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo". El principal de ellos fue haber estado al tanto y no haber impedido que se pagara en Estados Unidos la defensa personal del calerano con fondos de la entidad de Quilín.
Tras el episodio, casi un mes después, el 11 de mayo, Fuentes demandó a la ANFP por "despido injustificado". Y para rebatir la causal de su desvinculación, acusó en su escrito que el Consejo de Presidentes y el directorio anterior sabían de aquellas gestiones en favor de Jadue. "No ha existido ningún incumplimiento grave a las obligaciones que me impone contrato, al punto que cumplí las órdenes y acuerdos de un presidente vigente, con conocimiento del consejo de presidentes y su directorio, en el ámbito de la asesoría legal acordada de otrorgar al presidente y a los directores de la ANFP", expresó en el texto de su demanda.
Sin embargo, la contestación de la ANFP llegó con mucha fuerza. Y lo hizo revelando gran parte del contenido de la la carta de despido que hizo llegar en su minuto a Fuentes. En ella, y en un primer punto, se lo acusó de haber "faltado a la verdad" durante un Consejo de Presidentes.
"A mayor abundamiento, para ocultar su gestión en el contacto con el estudio Fox, Horan & Camerini LLP (La auditoría forense de Deloitte detectó un pago de US$ 50 mil con fondos de la ANFP a este estudio jurídico norteamericano para la defensa personal de Jadue), usted faltó a la verdad en el Consejo de Presidentes de fecha 17 de noviembre de 2015, al informar que solo había viajado tres veces a Estados Unidos para contactar abogados que pudieran representar a la ANFP, en consideración que los viajes a dicho país, los cuales coinciden con las gestiones realizadas en favor del ex presidente del directorio Sergio Jadue Jadue", sostiene la misiva citada por la ANFP en el escrito de respuesta.
"Así, en sus gestiones a favor de la defensa legal de la persona del ex presidente del directorio Sergio Jadue Jadue, usted se preocupó del pago de los honorarios al estudio Fox, Horan & Camerini LLP, financiado con recursos de la ANFP, en connivencia (connivencia: acuerdo o complicidad entre dos o más personas) con otros personeros de la institución, todo lo anterior a espaldas del directorio y del Consejo de Presidentes", agregó la nota.
Pero no fue la única negligencia que le imputó la ANFP para su despido. "En el área que corresponde a las funciones de la secretaría ejecutiva que estaba a su cargo, se detectaron una serie de situaciones de incumplimiento de obligaciones, siendo la más grave la pérdida de las actas de sesiones del directorio de la corporación correspondiente a los períodos de abril a agosto de 2013. Al consultarle sobre el paradero de dichas actas, únicamente se limitó a señalar que no sabía de ellas y trató de deslindar su responsabilidad ejecutiva endosándole la custodia de las actas a la secretaria del área", señala.
"Dicha falta es de la mayor gravedad ya que no es posible acceder a las decisiones y resoluciones de directorio, y asimismo, el no contar con todas las sesiones de directorio constituye una falta legal de la institución ante el Ministerio de Justiicia", subraya al respecto la carta.
Por todo lo anterior, la ANFP solicitó al tribunal laboral que rechace la demanda, que Fuentes la cuantificó en unos $70 millones: "El actor en su calidad de Secretario Ejecutivo no sólo era el empleado que debía controlar situaciones que no perjudicaran a la ANFP, sino que su cargo es de exclusiva confianza del directorio. Como directorio se entiende el órgano colegiado en su integridad y no sólo algunos miembros. En efecto, la decisión de pagar la defensa penal personal de Sergio Jadue Jadue no fue consultada ni aceptada por todo el directorio".
"No es aceptable que el actor justifique y califique su actuar como lícito por haber seguido una orden del ex presidente de la ANFP en cuanto a pagar con fondos de la corporación su defensa personal, toda vez que su lealtad laboral no es para con la persona del presidente de la entidad, sino que con la ANFP como entidad empleadora", sentenció la ANFP.
