Días complejos enfrenta la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida), luego de que una decena de asociaciones solicitara una asamblea extraordinaria para exigir la renuncia de su presidente, Luis Leiva.

Los firmantes de la carta, de ocho puntos, acusan irregularidades en la gestión del timonel y piden su salida, tras comprobar que estuvo detenido entre el 7 y el 20 de marzo por el no pago de indemnizaciones civiles ni costas de un juicio en el que fue condenado, en primera instancia, a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, por tres delitos de giro doloso de cheques. Actualmente, la causa está en proceso de sobreseimiento.

Entre el 14 y 17 de ese mes, y mientras Leiva se encontraba recluido, se desarrolló en Valparaíso el Sudamericano juvenil de deportes acuáticos. "Fuera de todos los problemas de gestión, el tema más crucial es que haya estado detenido. El le mintió al directorio diciendo que tenía un problema familiar y que por eso se ausentó del Sudamericano. Sin embargo, luego se supo que estaba preso. Esto es gravísimo y va contra la transparencia ética y moral. Sobre todo, porque él administra muchos recursos al interior de la federación", expresa Daniel Benavides, director de la asociación de Valparaíso e integrante del Tribunal de Honor del organismo.

Marcos Jara, presidente de la Asociación de Iquique, apunta que "Leiva está fuera de los estatutos". De hecho, el artículo 27, letra e señala que "no podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito".

Leiva, en tanto, argumenta que "fue una situación judicial como representante legal de una empresa que tengo, que no tiene nada que ver con la federación. Es un juicio que terminó, que lo perdí y tuve que pagar".

Asimismo, justifica que "cuando asumí el 2007, la federación tenía una deuda superior a los 30 millones de pesos, de los cuales 19 eran para el IND; siete para una agencia de viajes; cinco para el Hotel O'Higgins, y todo ese dinero tuve que pagarlo yo para que la federación fuera desbloqueada por el IND y pudiera tener los recursos correspondiente a 2007. Eso se fue pagando y todavía me deben más de 15 millones. Está en la contabilidad". Y añade: "Si yo hiciera uso de los recursos de la federación no tendría cara para estar aquí. A la federación no le he tocado un peso. Al contrario, de acuerdo con la contabilidad que existe, está claro el dinero que se me debe desde 2007 a la fecha".

De paso, desestima la validez de la petición de las asociaciones: "El grupo que está reclamando es el mismo que estaba en la directiva antes de que yo asumiera", indica, para luego decir que "la Asociación de Valparaíso no está vigente hace tres años. Son cuatro asociaciones que están disconformes de un total de 17".

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Antofagasta, la abogada Viviana Retamal, precisa que "tenemos el tercio necesario de asociaciones para solicitar la asamblea extraordinaria, que lamentablemente hay que pedírsela a él y que todavía no la concede". La dirigenta también devela que "mientras estuvo detenido, dejó solos a los directores y se produjo un déficit de $ 50.000.000".

Ninfa Aliaga, árbitro internacional, denuncia arreglos de resultados. "Hace un par de años descubrí que Leiva hizo cambios en los resultados de un campeonato nacional y su argumento fue que a los niños de provincia no hay que descalificarlos, porque se desmotivan. Para mí era algo que no tenía sentido, el reglamento es para todos, y mi función como la única juez internacional FINA, es hacerlo cumplir y el resto de los jueces también tiene que hacer lo mismo".

Esta situación es negada por el timonel, quien manifiesta que "yo no cambio resultados", al tiempo que recuerda que "ella (Aliaga) fue sancionada tras un informe que hizo un árbitro peruano que vino a una competencia nacional, acerca de su comportamiento".

Aliaga replica y dice que "una jueza sancionó a un competidor de una pista equivocada y el árbitro peruano lo descalificó. Le hice ver su error e, incluso, la delegada del niño que cometió la falta lo reconoció por escrito. Sin embargo, el juez no rectificó, pese a que lo indica el reglamento FINA".

CASTIGO DE POR VIDA

En el nado sincronizado, la situación tampoco es tranquila. Desde el año pasado, Stadio Italiano mantiene una pugna con Verónica Orellana, la directora técnica nacional juvenil. Algunas de las competidoras reclaman malos tratos de la entrenadora.

La Tercera tuvo acceso a un informe de atención psicológica a una joven de 15 años, que responsabiliza a Orellana por influir en la salud de la adolescente, con sus "constantes descalificaciones por su figura o peso", una situación que "agudizó su trastorno alimentario" cuando la dirigió en Stadio Italiano.

Orellana declinó referirse al tema y adelantó que prepara una acción judicial, mientras que su abogado, Mario Schilling, asevera que "nosotros estimamos que estas son imputaciones falsas, que tienen por único propósito desacreditar y dañar la honra de mi representada, y por lo mismo se nos encargó presentar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por los delitos de injurias graves vertidas con publicidad".

Sobre el diagnóstico médico, Schilling comenta que "no voy a pronunciarme al respecto de ese certificado ni tampoco litigar por los medios de prensa. Ya va a haber oportunidad procesal para discutir la veracidad y credibilidad que tenga ese certificado y cuáles son las intenciones que hay detrás".

En Stadio Italiano cuestionan que Orellana esté en el cargo, pues afirman que fue sancionada a perpetuidad por un incidente ocurrido en 1991, algo que niegan en la Fechida. "¿Quién tiene un castigo de por vida por una sanción disciplinaria deportiva? Nadie. Eso es un asunto inventado por ellos. Ellos averiguaron en el Comité Olímpico y no hay ningún sumario al respecto. Yo conversé con el presidente del COCh y no hay nada", puntualiza Leiva, mientras que el gerente Julio Tenorio dice que "si eso fuera así, nosotros inmediatamente tomamos cartas en el asunto y se inhabilitaría, pero ¿dónde está? ¿Quién lo dice?".

No obstante, esta información es desmentida por Eric Ebner, presidente honorario de la federación y timonel que castigó a la entrenadora. "Fue sancionada de por vida  y eso quedó en el acta. Si ellos no tienen los libros, no es culpa mía. Quedó constancia porque se les mandó una notificación a todos los clubes", asegura.