La Haya: canciller dice que "hay que reflexionar si se ha perdido el tiempo"

Menos de 25 minutos demoró ayer el canciller Heraldo Muñoz, junto al agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman, en entregar en la secretaría de la Corte Internacional de Justicia la dúplica de nuestro país, el último documento de la defensa ante la demanda de Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar.

Lo breve de la ceremonia, en la que estuvieron presentes, además, los coagentes María Teresa Infante y Alfonso Silva, no da cuenta de la importancia que tiene este último documento, compuesto de tres tomos, y calificado por los miembros de la defensa chilena como el más complejo de todos. Con este paso se cierra la fase escrita del juicio iniciado por Bolivia en junio de 2013, por lo que no hay otra oportunidad de allegar nuevos antecedentes o pruebas al litigio.

La comitiva chilena presente en La Haya llegó a las 11.20 de la mañana (6.20 hora chilena) al Palacio Carnegie, el característico castillo que sirve de sede a la Corte Internacional de Justicia, para reunirse con el secretario del tribunal, con quien también tuvieron ocasión de intercambiar opiniones sobre los pasos que vienen a futuro.

Para el canciller Muñoz, la dúplica que presentó Chile en respuesta a los argumentos que ha esgrimido Bolivia a lo largo de este caso es "un documento muy sustantivo". Según planteó, "deja en evidencia las debilidades del planteamiento boliviano".

En el último tiempo, el equipo chileno ha reiterado el mensaje respecto de lo contradictorio y cambiante que ha sido el gobierno de La Paz en sus peticiones a la Corte de La Haya. "Partió con la solicitud de un acceso total y completamente soberano, es decir, con cesión de territorio, y luego se transformó durante los alegatos ante la corte en la posibilidad de alcanzar algún acuerdo práctico o una zona especial, incluso", remarcó ayer el canciller.

El objetivo de esa insistencia no apunta solo a remarcar una supuesta inconsistencia en la argumentación boliviana. Ayer, con el fin de la fase escrita de este juicio, la Cancillería hizo ver a Bolivia el error de haber optado por judicializar este tema, que debió haber seguido en el ámbito bilateral. "Hay que hacer una reflexión de si se ha perdido el tiempo, porque, al final de cuentas, la corte ha dicho que si existiese una obligación de negociar, lo que Chile afirma que no existe, al final de cuenta serían los dos países los que tendrían que decidir (cómo resolver el tema), porque no hay un resultado predeterminado", señaló Muñoz.

En la Cancillería han tomado nota de los dichos de autoridades bolivianas que han dejado entrever el interés de sectores de ese país por retomar las negociaciones. Esto, ante la incertidumbre de un juicio cuyo único resultado sería volver a sentar a los dos países para retomar los esfuerzos por encontrar una solución.

El mensaje también es parte de la estrategia jurídica de Chile por mostrarse ante la corte en esta fase como un buen vecino, que a lo largo de la historia ha escuchado en diferentes momentos la aspiración marítima boliviana, pero jamás se ha obligado a dar una solución determinada. "Una obligación tiene que ser explícita. Un país tiene que saberse obligado a determinado acuerdo, y lo que ha hecho Chile a lo largo de más de 100 años son conversaciones esporádicas, diálogos con Bolivia, como ocurre habitualmente en diplomacia. Si esas conversaciones generaran obligaciones jurídicas, nadie conversaría con nadie", argumentó el canciller.

En la dúplica que se entregó ayer, por primera vez Chile incluyó un anexo, según informó Muñoz, destinado a hacer una revisión histórica de cómo han sido las relaciones entre Chile y Bolivia. Se trata del trabajo liderado por el equipo a cargo del historiador Joaquín Fermandois. La coagente María Teresa Infante explicó que el objetivo principal es remarcar ante la corte "una visión chilena de lo que han sido las relaciones chileno-bolivianas y por qué hemos fracasado en algunos temas o por qué no hemos podido avanzar en acuerdos y volvemos a etapas anteriores".

Los antecedentes históricos tienen especial importancia en este litigio. Bolivia ha remarcado en el juicio y en foros internacionales la tesis de que existe una deuda pendiente por parte de Chile de ofrecerles una cesión territorial, la que debe ser contrastada por Chile.

La corte no tiene plazos fijos, pero todos los cálculos hacen pensar que en marzo, una vez constituido el nuevo tribunal, se debieran fijar las fechas de las audiencias orales entre Chile y Bolivia, las que tendrían lugar recién a partir de junio de 2018 . Esto, debido a la recarga de trabajo de la Corte, que debe ver antes dos casos urgentes, entre ellos una medida cautelar entre India y Pakistán referida a la aplicación de la pena de muerte de un prisionero.

Lo anterior implica que la segunda parte del litigio y la sentencia serán responsabilidad del próximo gobierno. "En esta materia hay una política de Estado. Todos pensamos lo mismo respecto de los intereses nacionales", sostuvo ayer Muñoz, descartando que exista alguna inquietud respecto de la forma en que proseguirá el trabajo de la defensa.

Lo que sí mira con atención el equipo chileno es la competencia que se ha desatado al interior de la Corte con miras a la elección del próximo presidente del tribunal, quién, además de su peso e influencia sobre el resto de los magistrados, cuenta con voto dirimente en caso de empates.

El sucesor del juez francés Ronny Abraham por los próximos dos años se dirime en febrero o marzo. Y ya hay una fuerte competencia entre el actual vicepresidente de la corte, el somalí Abdulqawi Yusuf, y el inglés Christopher Greenwood, quien antes de asumir como miembro del tribunal asesoró a Chile.

En mayo de 2015, durante el juicio de objeción preliminar, Greenwood lanzó una pregunta que dejó en una incómoda posición a los abogados bolivianos. El magistrado les pidió que establecieran "¿en qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?". En su respuesta al tribunal, Bolivia no pudo establecer una fecha precisa en la que Chile se hubiera obligado a negociar una salida soberana al mar.