En junio de 2013 la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación y tras siete meses de haber entrado en vigencia, fue aplicada por primera vez esta semana. El involucrado en el caso fue el humorista gráfico Xavier Bonilla (Bonil), quien el miércoles 29 de enero fue convocado por la Superintendencia de Información y Comunicación (SIC) para rendir cuentas sobre un informe interno que señalaba que él, como ilustrador, "deslegitimaba la acción de la autoridad y apoyaba la agitación social" mediante una caricatura publicada en el diario guayaquileño El Universo el pasado 28 de diciembre, en el que se ilustraba el allanamiento de la casa de un asesor de la oposición junto a la frase "Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción".
El caso de Bonil llegó a la Superintendencia tras las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa el pasado 4 de enero, quien opinó que el caricaturista era un "cobarde, sicario de tinta y enfermo" por el dibujo que hizo, amenazándolo con aplicarle la Ley de Comunicación por "faltar a la verdad". A raíz de ello, el superintendente Carlos Ochoa, solicitó al diario El Universo copias de la caricatura y la identidad del autor.
Bonil y su abogado respondieron a la SIC con un documento que explicaba que una caricatura no tenía por qué estar sujeta a la realidad. "Su sustrato y en su esencia radica en la exageración y humorización (...) es una opinión humorística gráfica, por tanto lo sujeta a la perspectiva tanto de quien la realiza, como de quien la observa", afirmó el texto a modo de defensa.
A pesar de ello, el 31 de enero Bonil fue sancionado y la institución le ordenó al ilustrador que publicara una ratificación, mientras que
el diario El Universo fue multado con el 2% del promedio de facturación del último trimestre por "responsabilidad ulterior".
Así, Xavier Bonilla, con ironía, hizo uso del espacio en el diario El Universo y publicó esta semana una nueva versión de la caricatura, en la que los policías entran en la casa de Villavicencio con su permiso y llevando flores en vez de armas.
El reconocido caricaturista afirmó luego a la prensa que cumplió la sanción obligatoria bajo protesta y en contra de su voluntad. Debido a que en la Ley de Comunicación estipula que primero se debe cumplir con la sanción impuesta por la Superintendencia para luego poder impugnarla ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el ilustrador cumplió la sentencia, pero su defensa insistió en que emprenderá acciones legales para reverla.
Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció el 1 de febrero sobre el caso. El presidente del organismo, Claudio Paolillo, dijo que este tipo de hechos son un retroceso en la libertad de expresión y criticó al Presidente Rafael Correa, quien anteriormente ya había tenido desencuentros con la prensa nacional.
