La historia no oficial tras el rechazo del proyecto Dominga

La tarde del jueves 17 de agosto, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, informó a los integrantes del Comité de Ministros -compuesto, además, por los titulares de Energía, Minería, Economía, Agricultura y Salud- de un repentino cambio en la pauta de temas que se tratarían en la próxima cita que se realizaría el lunes 21, a las 7.30 de la mañana. Ahora, el punto central de la tabla sería el proyecto Dominga, de Andes Iron, controlado por las familias Délano y Garcés.

Cercanos a la compañía dicen que en la minera los ánimos estaban calmos. Desde que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo rechazara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada a la iniciativa de US$ 2.500 millones, las señales que habían llegado desde el gobierno apuntaban a que la problemática estaría superada y que al menos cuatro de los seis ministros apoyarían el proyecto. Por eso la sorpresa fue mayor cuando el proyecto se rechazó.

Asesores de Dominga justifican la sorpresa en que los buenos augurios no provenían sólo del área económica del gobierno, sino también del Ministerio del Interior. De hecho, esto último fue lo que los motivó a no presentar el recurso denominado silencio administrativo, el cual desde el 10 de agosto podrían haberlo tramitado.

Tenían poderosas razones para no hacerlo. La segunda semana de marzo, al día siguiente del rechazo del CEA, ejecutivos de Dominga tuvieron una cita con altos personeros del Ministerio del Interior. Conocedores de la reunión indican que incluso a la compañía se le habría señalado que el rechazo del CEA se revertiría en el Comité de Ministros, porque Dominga era un proyecto importante para generar empleo y dar señales de reactivación de la actividad minera. En el transcurso de los meses vinieron otros contactos.

Pero el apuro con que fue convocado el Comité de Ministros levantó las primeras dudas en la firma. El fin de semana fue tenso, no sólo por la ansiedad de lo que pasaría el lunes, sino también porque a medida que avanzaba el domingo comenzaban a llegar señales de que algo no iba bien.

Cercanos a los hechos indican que hubo llamados de último minuto desde asesores del equipo económico del gobierno a la empresa para alertar que el lunes podría pasar cualquier cosa, porque estaban ingresando documentos de última hora con información desfavorables para el proyecto.

¿Qué ocurrió entremedio? Fuentes de gobierno rechazan que haya habido una especie de pacto al momento de votar y niegan la existencia de reuniones o llamadas desde La Moneda induciendo una forma de actuar.

Pero la actuación de Economía dejó en evidencia que algo pasó y que el ministro recurrió a la petición de 72 horas más para analizar la nueva documentación, para que quedara en evidencia que hubo ruido en el proceso.

Luis Felipe Céspedes se abstuvo de votar, e incluso salió antes de la reunión de ministros, argumentando improvisación y falta de tiempo para entregar una decisión fundada, lo cual generó un fuerte rechazo de La Moneda y un quiebre entre el equipo económico y político. Ello se acentuó con las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien el miércoles señaló que "se tomaron decisiones apresuradas".

El viernes, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, remató la acción de Céspedes y Micco: en Tele13 Radio señaló que los ministros no sólo tenían que respaldar la institucionalidad, "no corresponde que nosotros estemos haciendo debates sobre determinado tipo de situaciones que se producen en los organismos de gobierno por los medios de comunicación. Eso no corresponde. Nosotros respaldamos las decisiones institucionales que se toman dentro de la institucionalidad del país, como bien lo afirmó la vocera".

Aleuy dejaba así en evidencia un quiebre, pero no por un tema de fondo, no porque estuvieran a favor del proyecto, sino porque no habían acatado los procedimientos, lo cual dejaba en mal pie al gobierno y con un forado enorme para defenderse en los Tribunales Ambientales.

Asesores del proyecto creen que Aleuy es disciplinado con el orden, y que por esa razón, cuando vio que el proyecto se cayó, decidió acatar la institucionalidad. La otra tesis es que se dieron señales falsas a Dominga para que la empresa no acudiera al silencio administrativo.

La gran interrogante es el ministro Valdés. Si bien hay quienes interpretan que Micco fue el fusible para enviar señales a La Moneda del descontento del ministro, este salió a poner paños fríos a los polémicos dichos del subsecretario y sólo indicó que prefería "no hacer ninguna declaración por el momento; quiero conversar con algunas personas todavía y ahí, cuando tenga algo que decir, les voy a contar". Misma posición, comentan cercanos al jefe fiscal, tomó cuando comenzó la polémica entre Codelco y la Contraloría, donde Valdés primero fijó una posición sobre la situación y luego la mantuvo hasta el final.

Hay quienes creen que Valdés está evaluando la forma de cómo parecer acatando la decisión, pero a la vez manifestar su desacuerdo con ella.

En Andes Iron tendrían razones para creer que por ahí van los tiros. En abril, el gerente general de la compañía, Iván Garrido, llegó a Teatinos 120, a las oficinas del Ministerio de Hacienda, en compañía de ejecutivos del banco de inversión internacional Rothschild y también representantes de un reputado estudio de abogados de la plaza. La cita -que no figura en la Ley de Lobby, porque fue solicitada por la repartición pública- fue encabezada por el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el tema a tratar fue Dominga. En Hacienda dicen que "el objetivo de la cita fue explicar que la evaluación ambiental es un proceso reglado, que el conocido rechazo (de la CEA en marzo) constituía una etapa de este proceso y que en Chile las instituciones funcionaban sin interferencias externas". Sin embargo, también hay versiones de que esa reunión permitió al banco Rothschild irse con una idea clara: Dominga contaba con el respaldo del equipo económico del gobierno, por lo cual podía seguir con el proceso de búsqueda de un socio.

Esto explicaría la reacción de Iván Garrido el lunes, cuando se rechazó el proyecto. "Me siento decepcionado con la forma como se ha ejecutado la institucionalidad". Quienes conocen al ejecutivo señalan que ese era un claro mensaje a los miembros del gobierno que le habían señalado que Dominga saldría adelante.

Hay quienes estiman que en la determinación de los ministros algo pesó el denominado "factor Girardi". Recuerdan que el día previo a la votación de la CEA de Coquimbo, el senador difundió en redes sociales y medios de comunicación su advertencia a los miembros de dicha instancia, tratándolos de "criminales ambientales si aprueban la resolución ambiental del proyecto", publicando, a su vez, las fotos, teléfonos y emails de los 12 participantes.

Por otro lado, el senador Girardi, junto a Oceana impulsó una campaña en redes sociales en la cual llamaba a los ministros a rechazar Dominga. También llamó la atención la publicidad en medios de comunicación electrónicos en contra del proyecto, publicidad que al ser "pinchada" arrojaba a un link de la página del parlamentario.

Personas relacionadas al proyecto creen que este factor influyó en el rechazo de Dominga. De hecho, cercanos al senador se habrían acercado a los ejecutivos de la compañía planteándoles que debían revaluar el proyecto, específicamente les propusieron que no construyeran el puerto previsto en la iniciativa y que intentaran llegar a un acuerdo con CAP, donde la acerera tiene aprobado el proyecto Cruz Grande, ubicado en Punta Mostacilla.

Pero las conversaciones también fueron con CAP. Los acercamientos fueron intensos, indican conocedoras de las tratativas. Incluso, en julio se realizó una reunión informal en el Club de Golf de Los Leones, donde un alto ejecutivo de CAP le planteó a Garrido que ocuparan las instalaciones de la firma, que ya habían sido aprobadas ambientalmente, para evitar la duplicidad de puertos en la comuna, dado que ambas iniciativas se encuentran en las cercanías de la Reserva de Pingüinos del Humboldt. Sin embargo, la propuesta no era conveniente para Dominga, dado que para poder realizar la planta desaladora y el ducto que traslade el mineral desde la mina hacia el puerto tendría que volver a ingresar a tramitación ambiental, lo que demoraría los plazos de la iniciativa en al menos dos años.

Ahora, en la compañía están esperando que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en su calidad de presidente del Comité de Ministros, emita la resolución correspondiente para poder iniciar el proceso en el Tribunal Ambiental.

Uno de los puntos fuertes que sustentará la defensa de Dominga será declarar ilegal la sesión del Comité de Ministros, por los plazos en que fue citada. Si bien fue con 10 días previos -como indica la norma-, había sido convocada, pero para debatir sobre el proyecto de optimización de la minera Cerro Casale, de Barrick. Dominga se puso en tabla a última hora.

El argumento central será la existencia de vicios en el proceso, lo que se reflejará con la petición del ministro Céspedes de dejar en acta su solicitud de retrasar en 72 horas la votación de Dominga. También la forma en que se citó a la reunión, convocatoria que llegó a última hora del viernes 18 para reunirse el lunes siguiente a las 7.30 de la mañana. A eso se suma los informes técnicos que fueron entregados durante el fin de semana a los ministros.

Para poder asegurar esta defensa, la compañía envió un oficio al director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental solicitando las copias de varios documentos, entre ellos, de la sesión del lunes 21 de agosto, del power point que se les presentó a los ministros ese día y del oficio donde se recomienda el rechazo. Asimismo, solicitó una copia de cualquier documento o presentación que se haya hecho en la sesión o se haya enviado previo a la cita. Con esto, la minera busca "certificar que, al no citar con 10 días de anticipación, existió una dificultad para que el Comité de Ministros haya revisado los antecedentes de un expediente de más de tres años y medio de evaluación en dos días", indica la información publicada en su página web.

La compañía también enviará un oficio, comentan cercanos a Andes Iron, a la Contraloría General de la República, pidiendo que el organismo especifique la forma en que deben actuar instancias como la del Comité de Ministros.

Mientras eso sucede, en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde debería llegar el caso Dominga, están trabajando intensamente para hacerse cargo del proyecto. De hecho, el tribunal anticipó su puesta en marcha, iniciando su jurisdicción el lunes 4 de septiembre -y no a fines de ese mes- y esperan tener al 30 de septiembre todo el personal necesario -unas 13 personas- ya contratadas. "Cuando llegue el requerimiento ya vamos a estar bien para poder tomarla", explica el presidente del Tribunal de Antofagasta, Daniel Guevara.

En cuanto a los tiempos, tanto en el mundo legal como en el entorno de la compañía se espera que las audiencias en Antofagasta se realicen a partir de noviembre o diciembre, abriendo el escenario para lograr en unos seis a ocho meses una resolución. La mejor salida para la compañía es que Antofagasta declare ilegal el proceso realizado el lunes 21 de agosto y lo retrotraiga hasta antes de la reunión que en marzo tuvo el CEA. Para eso será necesario que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realice otro informe, emitiendo explícitamente una recomendación, como la entregada en febrero pasado por el organismo, en ese entonces liderado por Jorge Troncoso -quién salió-, que recomendó formalmente, a través del Informe Consolidado de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (ICE), aprobar el proyecto Dominga.

Esta sería la mejor opción para la compañía, cuentan conocedores de la arista legal, dado que así se evitaría elevar el foco político de Dominga, entendiendo que el siguiente gobierno podría ser dirigido por Sebastián Piñera.