Ángela González se separó de su pareja tras sufrir malos tratos durante años, interpuso más de 30 denuncias contra el agresor y buscó protección ante la Justicia para su hija, pero nada impidió que éste asesinara a la niña en 2003 en un visita concertada. Tenía siete años.

Ahora, Naciones Unidas (ONU) responsabiliza al Estado español de no haber protegido a la menor, lo condena a reparar e indemnizar a la madre y lo obliga a abrir una investigación para determinar cuáles fueron los fallos que hicieron posible la tragedia.

En su dictamen, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), órgano ante el que Ángela interpuso la denuncia, explica "de forma contundente" que la neglicencia del Estado dio lugar a la muerte de la niña.

"Ángela confió en la Justicia. Acudió a los tribunales ante todo episodio de violencia, de acoso y de persecución, pero todos los sistemas fallaron", explica a dpa Paloma Soria, una de las abogadas que tramitó la demanda a través de la organización Women's Link Worldwide.

"En las campañas que se hacen contra la violencia de género se dice a las víctimas que tienen que denunciar para poder ayudarlas. Pero el caso de Ángela demuestra que es importante que haya una respuesta coordinada por parte del Estado", asegura la experta.

Entre 1999 y 2001, Ángela acudió a la Justicia para solicitar medidas de alejamiento para el maltratador con el objetivo de poner fin a las amenazas, acoso e incluso persecuciones que éste llevaba a cabo contra ella y su hija.

"Pero las autoridades judiciales se negaban a reconocerlas porque consideraban que tal medida entorpecía el 'derecho' del agresor a un régimen de visitas con su hija", aseguran desde Women's Link Worldwide.

La mujer llegó a denunciar a su ex pareja por impago de pensión de alimentos, por agresiones y por acoso, pero solo fue condenado en una ocasión a una multa de unos 45 euros (60 dólares) por una falta.

El 24 de abril de 2003, el cuerpo de la niña apareció sin vida junto al de su padre, que se suicidó. Con la muerte del presunto asesino se declaró extinguida la responsabilidad penal y fue entonces cuando Ángela reclamó al Estado responsabilidades, sin éxito.

Tras agotar todos los recursos, acudió a la ONU. Ahora, la respuesta del organismo internacional, el primero que condena a España por un caso de violencia de género, se convierte en histórica.

Tras 11 años de lucha, Ángela está contenta. Considera que la decisión de Naciones Unidas es una "oportunidad" para que "se puedan cambiar las cosas" en España "y para que ninguna otra madre y ningún otro niño o niña pase por la misma situación" en un país en el que solo en 2014 han muerto ya al menos 33 mujeres por violencia machista.

El Comité de la ONU reconoce el avance normativo que ha tenido lugar en España en los años recientes en materia de violencia de género, pero pone el foco en la necesidad de una implementación efectiva. "Hay una normativa pero en muchos casos no se está cumpliendo", destaca la abogada de Ángela.

Hasta hace apenas unos días, cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó el llamado Estatuto de la Víctima, el Estado español no reconocía a los niños y niñas que viven en entornos de violencia de género como víctimas directas.

"Es un paso muy importante porque les reconoce los mismos derechos que a las mujeres víctimas de género, pero hay que dotarlo de contenido y, sobre todo, aplicarlo de manera efectiva", dice Soria.

Hoy, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció que modificará la normativa vigente para ampliar la protección de estos menores.

Aunque en España no hay datos oficiales sobre los que viven situaciones de violencia machista en sus hogares, por las denuncias y llamadas de socorro registradas, la organización Save the Children calcula que son unos 800.000.

Uno de los últimos casos que saltó a la prensa española, por su fatal desenlace, tuvo lugar en abril: el asesinato de un bebé de 19 meses a manos de su padre conmocionó al país e hizo saltar las alarmas.

"Desafortunadamente, en muchas ocasiones los niños y niñas son instrumentalizados para hacer daño a la mujer", alertaron entonces desde la ONG.