En julio, el contralor Ramiro Mendoza se reunió con el ex director del INP Rafael del Campo, quien denunció la decisión del Ministerio del Trabajo de anular la licitación que prometía modernizar para siempre el pago de pensiones. El conflicto que se mantenía en reserva enfrentó a Claudia Serrano con el ex subsecretario Mario Ossandón.
El miércoles, la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, y la directora del Instituto de Previsión Social (IPS), Labibe Yumha, se reunieron a solas con el contralor Ramiro Mendoza. La cita comenzó a las 13 horas y 60 minutos después ambas se retiraron del edificio de calle Teatinos con malas noticias.
Según fuentes del IPS, ex INP, Serrano pidió al contralor aprobar la anulación de un contrato por $ 14.000 millones entre el instituto y BancoEstado para el pago de las pensiones de cerca de dos millones de chilenos, negocio que había sido adjudicado en enero. Según las mismas fuentes, la respuesta de Mendoza fue negativa.
El caso, que podría no ser más que un problema administrativo, se transformó en un dolor de cabeza para el ministerio desde que el 28 de julio el ex director del INP Rafael Del Campo y el ex fiscal de esa institución Raúl Campusano denunciaran al contralor que la actual directora había decidido anular la licitación y entregar parte del pago de pensiones al banco BBVA, entidad que había perdido la licitación de enero al presentar una oferta más cara que la de BancoEstado ($ 21.000 millones).
"En términos legales resulta imposible contratar con un tercero lo que ya ha sido licitado y adjudicado, menos vía trato directo. La licitación que realicé estaba en regla, fue transparente. Las bases fueron visadas por Contraloría y la mejora en el sistema de pago de pensiones era ostensible.
Sin contar que la oferta de BancoEstado nos significaba disminuir a la mitad el costo anual de $ 27.000 millones", explica Del Campo. "El nuevo modelo modernizaba todo el proceso de forma paulatina y optativa. La gente podía evitarse las colas y tener su propia cuenta para recibir el dinero", apunta Campusano.
Tras recibir la denuncia, Mendoza decidió abrir una indagación que se inició hace pocos días. El caso pone el foco en una de las ministras más cercanas a la Presidenta Michelle Bachelet y que ha tenido el apoyo de Palacio durante todo el proceso.
Además de su cercanía dentro del PS, Serrano ha estado a cargo de la reforma previsional, una iniciativa clave de la Mandataria. Aunque al llegar a La Moneda no se conocían, la socióloga se fue ganando el aprecio de Bachelet, desde su puesto como subsecretaria de Desarrollo Regional, donde viajaron juntas por todo Chile.
¿SEGUNDO TRANSANTIAGO?
El conflicto al interior de Trabajo comenzó en marzo, cuando se le pidió la renuncia a Del Campo, un mes antes de que terminara su período definido por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que lo eligió.
Tras su salida, el ex subsecretario de Previsión Social, Mario Ossandón, propuso a Bernardo Lara (pro PPD), quien no fue nombrado debido a la oposición de la DC. En esa fecha su presidente Juan Carlos Latorre hizo pública la molestia con Serrano y exigió que el cargo fuera asumido por un DC.
La Moneda nombró a Yumha (pro DC), ex jefa de Estudios de la Superintendencia de Seguridad Social. Su llegada provocó un impasse entre Serrano y Ossandón, que empeoró en abril tras la decisión de Yumha -apoyada por la ministra- de anular el contrato. Ese fue el punto de quiebre para Ossandón, quien renunció al cargo el 28 de abril.
Consultado por La Tercera, éste sólo señaló que "las discrepancias al interior del gobierno son reservadas".
Desde La Moneda y la DC defienden la decisión de Yumha, argumentando que hay dudas sobre el modelo nuevo y la capacidad de BancoEstado de cumplir con el contrato. "Lo que hizo la directora del IPS fue evitar un segundo Transantiago, por eso recontrató al BBVA", señalan en Palacio.
Los argumentos que Yumha y Serrano han dado en privado también apuntan a la apuesta de bancarizar a una población de edad avanzada como son los pensionados, y al riesgo de que les cueste asumir el sistema. También señalan que las sucursales deben estar equipadas con baños y camillas.
Ante las críticas, Del Campo indica: "No recibí jamás una queja. Hasta el 2008 el INP cancelaba $ 27 mil millones por los pagos y tras la licitación, esa cifra se reducía a la mitad y se modernizaba el proceso. Pero la nueva directora volvió al contrato antiguo. No conozco los fundamentos de esa decisión, pero genera varias interrogantes".