La última semana de septiembre el gobierno presentará una propuesta de cambios a la legislación antiterrorista que no ha sufrido modificaciones desde 2011.
El tema fue abordado en una reunión que sostuvo el viernes pasado el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Según los presentes, el secretario de Estado no sólo comprometió cambios a la Ley Antiterrorista, también a la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Los compromisos fueron ratificados públicamente por el subsecretario Mahmud Aleuy, quien anunció, además, ajustes a la ley de drogas e indicaciones a un proyecto sobre el manejo de explosivos.
A juicio de algunos legisladores, el reimpulso de la agenda de seguridad era un reconocimiento a un vacío que se había generado en los últimos años.
Desde 2011 que no había cambios significativos en la legislación para combatir el terrorismo. Esta legislación, obviamente, incluye la Ley Antiterrorista, pero también comprende aspectos de la Constitución, del Código Penal, del sistema tributario, las atribuciones de las policías y la fiscalía y, por cierto, el sistema de inteligencia.
Desde 1990, según un catastro realizado por La Tercera, se han presentado 108 iniciativas, de origen parlamentario o enviadas por el Ejecutivo, para modificar la legislación antiterrorista en general. Entre esas, sólo 27 se han convertido en ley. Pero no todos los 108 proyectos apuntaban al mismo sentido. Incluso, ciertas iniciativas moderaban la normativa.
Algunos buscaban regular el terrorismo de Estado. Otros, como las llamadas "leyes Cumplido", a inicios de los 90, pretendían aplicar estándares democráticos a varios cuerpos legales que eran usados en el régimen militar para perseguir "conductas" que en los años 70 u 80 eran consideradas como terroristas. También hubo indultos.
Otras reformas, en tanto, apuntaban en el sentido contrario. Impedir el ejercicio de ciertos derechos o beneficios a quienes fueran condenados por hechos calificados como terroristas.
También hubo proyectos asociados para enfrentar las nuevas amenazas, concepto de moda tras los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Algunos apuntaban a frenar las redes de financiamiento, lavado de dinero o los nexos con el narcotráfico. También se propuso sancionar a quienes hicieran bromas o dieran falsas alarmas.
A inicios del gobierno de Sebastián Piñera hubo otra oleada de reformas empujadas por la contingencia del conflicto mapuche. Las huelgas de hambre obligaron al Ejecutivo y a la oposición (hoy Nueva Mayoría) a revisar la aplicación de la legislación terrorista a condenados por conflictos de tierras. También se impulsó un cambio, que llegó a transformarse en ley, para eximir a menores de penas terroristas.
Pese a ello, en el gobierno y entre los parlamentarios hay coincidencia en que desde el punto de vista legislativo no se avanzó adecuadamente para enfrentar la amenaza de los bombazos con artefactos caseros, que si bien en los últimos meses se han intensificado, es un fenómeno que existe desde 2005.
La Ley Antiterrorista y los otros cuerpos legales creados para combatir estas amenazas están pensados para perseguir organizaciones con jerarquías claras, flujos de financiamiento y una estabilidad, como lo fueron los grupos guerrilleros del pasado.
No obstante, las leyes no están adaptadas para enfrentar a grupos de carácter disperso, horizontal, sin orgánica definida, que se comunican a través de redes sociales y cuyos componentes no son estables. Varios parlamentarios están conscientes de esta deuda.
"Ha habido un complejo de distintos sectores para modernizar la legislación. Hemos actuado con cierta candidez", dijo el diputado Gabriel Silber (DC), quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Las oleadas de cambios
La puesta en marcha de las "leyes Cumplido"
Con el retorno de la democracia, el ex Presidente Patricio Aylwin se abocó a la presentación de un conjunto de iniciativas legales conocidas como "leyes Cumplido", que fueron promovidas por quien fuera su ministro de Justicia, Francisco Cumplido. Entre las iniciativas figuraban la Ley de Conductas Terroristas, que se adecuó a tratados internacionales, y el reforzamiento de los derechos de las personas en el proceso penal.
El efecto de los atentados en EE.UU.
Tras los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001, en EE.UU., el Congreso dio un paso importante en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El 2003 se modificó la Ley Antiterrorista, para tipificar y sancionar el delito de financiamiento terrorista. Además, se creó la Unidad de Análisis Financiero para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para delitos de lavado de activos.
Gobierno de Piñera y huelga mapuche
En medio de una huelga de hambre de una treintena de comuneros mapuches -algunos de ellos por más de 60 días-, el entonces Presidente Sebastián Piñera envió en septiembre de 2010 un proyecto con modificaciones a la Ley Antiterrorista. Tras la tramitación, se lograron cambios como la eliminación de presunción para calificar el delito como terrorista y se reguló de otra forma la pena por el delito de incendio.
