Un mes ha pasado desde que un descontrolado incendio hizo desaparecer por completo la población Santa Olga en la Región del Maule. En el terreno, en el que vivían más de mil familias, el olor a humo que quedó tras el siniestro ha desaparecido al igual que los kilos de escombros que se podían ver y pisar en el monte en el que se emplazaba el pueblo. Cientos de voluntarios llegaron una vez ocurrida la tragedia para amontonar latas y cenizas que fueron posteriormente removidas con grúas de la municipalidad para despejar el lugar.
Hoy quedan los cimientos de algunas casas en pie, que por fuera, la mayoría, tienen rayados que piden no demoler las construcciones. En otras se pueden ver banderas chilenas con los apellidos de las familias que las habitaban y sus números. "Es una manera de marcar nuestros lugares y que sepan que queremos volver a estar en los mismos terrenos", dice Raquel Jaramillo (58), quien vivía en la calle Los Robles, desde donde se puede observar en altura los efectos del desastre.
Pese al anhelo de la mayoría, volver a habitar el lugar que hoy es custodiado por el Ejército es un plan cada vez más difuso para las familias de Santa Olga. A dos días de ocurrido el siniestro, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, llegó al lugar para anunciar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia. Sin embargo, el proceso se ha visto complejizado puesto que muchas de las familias están distribuidas en distintos puntos de Constitución o en regiones cercanas, en casas de parientes que pudieron alojarlos mientras se define si tendrán algunos de los beneficios que el Estado ofrece a los afectados.
En el albergue instalado en la Escuela Especial 373 de Constitución la gente acusa irregularidades en el procedimiento que ha ejecutado el gobierno para entregar el bono de arriendo (400 mil pesos el primer mes y 200 mil los siguientes) o una mediagua prefabricada, y el obligatorio bono de enseres por un millón de pesos a cada grupo familiar afectado. "Hay personas que arrendaban las casas que se quemaron y hoy han llenado la ficha al igual que los dueños de esas casas que estaban arrendadas, lo que significa que alguien está haciendo trampa y eso no está regulado", afirma Julio Sandoval (39).
Durante la tarde del viernes, las fichas fueron parte de la discusión en la primera reunión resolutiva donde el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, y el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, dieron a conocer el plan de reconstrucción a los habitantes de Santa Olga y Los Aromos. En el encuentro se mencionó otra causa de la demora del proceso de reconstrucción en ambos sectores: sin suministro de agua y electricidad -dijeron desde Obras Públicas tras realizas las fichas- no es posible iniciar ningún tipo de instalación sobre el suelo de Santa Olga.
"Primero, prometieron y después evaluaron", dice Juan Cáceres (32), quien perdió por segunda vez su casa en un incendio.
Como gran parte de los afectados, trabajaba antes del siniestro en la forestal Arauco, empresa que anunció esta semana que proveerá de agua potable los lugares afectados con una instalación con 12 kilómetros de amplitud sacada directamente desde el río Maule.
Pronto desalojo
En la reunión del viernes se suscribió un compromiso de acuerdo entre el subsecretario Galilea y los vecinos, quienes esperan que derive prontamente en un documento formal autorizado por la Presidenta Michelle Bachelet. Mientras tanto, cien familias se alojan en el albergue de la Escuela Especial 373 de Constitución. La idea del municipio es agruparlos a todos en un mismo lugar a la espera de la entrega del bono de arriendo, vivienda de emergencia o definitiva, como las que está empezando a construir Desafío Levantemos Chile con un plazo, según el líder de construcción de la entidad, de 30 días. Antes de eso, no hay fechas definitivas para estas familias.
Entre quienes habitan la Escuela Especial 737 hay decenas de niños que están con solo uno de sus padres o acompañados de sus abuelos, que no quieren dejar el lugar. "Necesitamos psicólogos o algo que los ayude a ellos y nosotros a sobrellevar esto", dice Raquel Jaramillo, quien está a cargo de dos nietos.
El período escolar, sin embargo, acecha la estadía de estas personas. "Las clases comienzan el 6 de marzo y esperamos que a esa fecha tengan todos solucionados el tema de las viviendas. No los dejaremos solos, pero los niños tienen ir a clases y para eso hay que desalojar el colegio", dice el alcalde de Constitución. Sin embargo, el acuerdo que firmaron los habitantes de Santa Olga con el gobierno tiene como fecha límite septiembre de este año.
Por lo mismo, el encargado de construcción de Levantemos Chile dice que trabajarán en paralelo al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en la construcción de casas definitivas. "Tenemos hasta el 10 de marzo para anotar todas las personas que tengan título de dominio al día y que quieran y autoricen construir en sus terrenos viviendas definitivas", asegura Sepúlveda. Según él, estas casas estarán amobladas "desde vasos hasta el refrigerador", estarán construidas por paneles SIP -las de Serviu son de concreto- y serán entregadas con un máximo de 30 días desde entregadas las fichas.
Dada la larga espera, hay familias que han instalado sus carpas entre las paredes que quedaron en pie tras el incendio. Se alimentan a diario con la comida que les brinda el Ejército y pasan los días recibiendo la ropa donada. Galvarino Cáceres (68), quien duerme al aire libre entre los escombros de su casa, agradece la "benevolencia de los pocos voluntarios que quedan en terreno".
