Las dueñas de casa de la población Marta Brunet, en Puente Alto, dicen, una y otra vez, que han abierto las puertas de sus casas a quienes están interesados en saber cómo se vive en Bajos de Mena, el mayor gueto de Chile. Asistentes sociales, urbanistas, médicos, reporteros, sociólogos, alcaldes y parlamentarios han hecho recorridos junto a ellas para conversar, indagar y estudiar posibles salidas. Los vecinos dicen sentirse "dañados" por una de las peores políticas habitacionales de los 90: la construcción de las conocidas "casas Copeva". Las mismas donde aún se saca el agua en balde durante el invierno y no se puede descansar del calor sofocante en verano.
Impresiona que en un Chile con "brotes verdes" en su economía, 3.262 personas residan en un espacio olvidado: departamentos de 42 metros cuadrados en blocks sin mantención. Calles con socavones. Ningún camión saca la basura de las esquinas. Lo grave es que la mayoría de sus habitantes pertenece al grupo de más bajos ingresos, y distintos gobiernos han reconocido que se trata de un sector donde, si no actúa el Estado, no se puede acceder a soluciones.
Claudia Hernández, presidenta de la junta de vecinos, dice que, cansados del estado de su población, se organizaron y exigieron un cambio. Tras dos años de reuniones con el Ministerio de Vivienda, Hernández señala que "entre todos pensamos cómo nos gustaría nuestra población, ampliar nuestras casas y los espacios de todos". Pero este programa integral tiene financiamiento solo hasta 2019, por lo que continuar con el resto de las obras depende de la voluntad del próximo gobierno. Al respecto, añade que la autoridad "debe tener la voluntad de seguir apoyándonos, porque existe una deuda con tres mil chilenos que quieren vivir dignamente". Señala que están aburridos de dar direcciones distintas de las que tienen, pues les da vergüenza que se sepa que provienen de ese lugar. O de que los buses del Transantiago no pasen por sus calles porque los choferes no se meten a barrios "malos".
Hasta ahora parece un sueño de PowerPoint, pero el plan de regeneración elegido por la comunidad, apoyado por la UC y Vivienda, tiene contemplado que sus departamentos sean ampliados hasta 60 metros cuadrados. Mientras la zona hoy tiene dos metros cuadrados de área verde por niño, se planea la instalación de plazas de un mejor estándar con juegos, césped y árboles. Las vecinas también esperan que haya iluminación en los pasajes para evitar delitos, y calles más amplias por donde desplazarse libremente. Algo que parece de toda lógica, en Marta Brunet sigue siendo una aspiración. Este ambiente de pobreza y abandono ha llevado a que los jóvenes ingresen al narcotráfico u otros delitos. Ven poco futuro en el sector.
Recuperación
El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica asesoró a las dirigentas en este nuevo programa para que ellas participaran en consultas casa por casa, hicieran fichas sociales y se evaluara la calidad de los inmuebles como parte de un diagnóstico que se entregó a la autoridad. Se requiere un cambio en el modelo de intervención, dicen los expertos, pues en poblaciones aledañas se aplicó el programa "Segunda Oportunidad", que implicaba entregar un subsidio a cambio de que los vecinos dejaran sus blocks. El resultado no fue positivo para algunos: el presupuesto que les dieron no alcanzó a cubrir el precio de sus nuevos hogares.
María Burgos, jornalera de la construcción, remarca que muchas familias no quieren marcharse, pues hace 22 años llegaron al lugar, criaron a sus hijos y establecieron lazos. "Aportamos con comida si a alguien le hace falta, e incluso cuando muere alguien todos juntamos plata para los funerales", ejemplifica. Las mujeres se organizan por turnos para cuidar a los niños en los edificios mientras otras trabajan. También son las que arman piscinas públicas en las veredas para que los pequeños se refresquen en el verano. Un tejido social valioso, difícil de hallar.
Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos, afirma que "todo lo que el Estado dejó de hacer en el sector como colegios, guarderías, jardines infantiles, espacio para negocios, seguridad, entre otros, los residentes lo han suplido con ayudas mutuas, como por ejemplo la seguridad de las viviendas".
El estudio hecho en Marta Brunet muestra que hay 1.256 hogares, de los cuales el 22% tiene cinco o más personas viviendo en hacinamiento. Hay edificios tomados por el narcotráfico, por lo que algunos de ellos serán demolidos para abrir vías expeditas hacia el resto de la comuna, lo que constituye la primera parte del plan. En paralelo, se quiere reparar las instalaciones sanitarias y eléctricas, que están en pésimo estado.
