El 20 de julio, 15 trabajadores del observatorio radioastronómico Alma sufrieron una intoxicación alimentaria. La cena de ese domingo fue señalada como la causante, según el sindicato de trabajadores, que agregó que no era la primera vez que ocurría, pero que éste ha sido el episodio más grave.
En el observatorio, donde trabajan cerca de 350 trabajadores, hay dos casinos que funcionan sin autorización sanitaria. Por ley no están obligados a solicitarla pues, como todos los observatorios internacionales instalados en Chile, tienen inmunidad de jurisdicción; al igual que las embajadas, son territorios inviolables, donde la autoridad fiscalizadora no puede entrar sin su consentimiento. En el caso de la intoxicación en Alma, por ejemplo, la Seremi de Salud sólo pudo fiscalizar el casino 11 días después.
La inmunidad de jurisdicción, explican en Cancillería, es un privilegio que el Estado les concede a ciertas organizaciones -diplomáticas o internacionales-, que impide someterlas a procedimientos judiciales en el país. Lo tienen también, embajadas y organismos como la Cepal o el PNUD.
En el caso de los observatorios, así funciona desde la llegada del Observatorio Europeo Austral (ESO) a Chile, en 1963. Desde entonces, todos los observatorios que se instalen en el país pueden acogerse a ese privilegio.
Víctor González, presidente del sindicato de trabajadores de Alma, dice que el que la Inspección del Trabajo o la Seremi de Salud deban solicitar permiso para entrar, los afecta. "La fiscalización se anuncia, la empresa sabe y tiene la facultad para decir que no", sostiene.
González atribuye el comportamiento de la organización a que, al ser un consorcio con múltiples socios, les cuesta ponerse de acuerdo (en el caso de la huelga), pero también a que es el observatorio más joven (fue inaugurado en 2013), que aún no supera todos los problemas de instalación que otros -como Las Campanas o Tololo, que llevan más de 40 años en Chile- ya no tienen.
Miguel Roth, director del observatorio Las Campanas -de la Carnegie Institution of Washington, que opera desde 1971- cuenta que se rigen por el código laboral chileno y que sus trabajadores tienen beneficios que han ido mejorando en cada negociación. "El observatorio jamás ha hecho valer su extraterritorialidad y sus puertas están abiertas a las autoridades. Carabineros nos visita periódicamente, así como otros servicios del Estado", indica.
En Tololo también acogieron las leyes chilenas. A través de una declaración, Chris Smith, director del observatorio de la Asociación de Universidades para la investigación en Astronomía (Aura), explica que el sindicato de trabajadores existe desde fines de los 60. "Producto de esta relación, Aura y sus trabajadores han acordado más de 24 contratos colectivos, sin ningún conflicto significativo hasta la fecha", dice. Por lo mismo, el sindicato del observatorio más antiguo en el país (Tololo opera desde 1963) se ha desmarcado de las acciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Observatorios Astronómicos de Chile (Foach), que ha llevado el problema hasta la CUT y los parlamentarios.
Desde Alma aseguran que, aunque el estatus de los observatorios hace necesario el cumplimiento de "un pequeño conjunto de formalidades" para la realización de las inspecciones, "lo que prevalece es el principio del respeto por las regulaciones locales en materias laborales, de seguridad y de salud, siendo siempre acatado en la práctica".
Agrega que tanto autoridades laborales como sanitarias, entre otras, han inspeccionado los observatorios. La Seremi de Salud revisó las instalaciones post intoxicación y esperan sus recomendaciones, las "que serán implementadas tan pronto como nos sea entregado el informe oficial", indican.
Derecho constitucional
El reclamo de los trabajadores tiene sustento legal. Según al abogado constitucionalista José Manuel Díaz de Valdés, académico de la U. del Desarrollo, la inmunidad de jurisdicción otorgada a los observatorios en materia laboral, no sólo hace que el Estado renuncie a ejercer parte de su soberanía, sino que despoja a los trabajadores de derechos que el Estado no puede suprimir. "De acuerdo al Artículo 5º de la Constitución, los derechos fundamentales: acceso a la justicia o al 'juez natural' emanan de la naturaleza humana, y son sólo reconocidos por el Estado, quien por tanto, no los otorga ni tampoco los puede alienar", dice en una opinión legal solicitada por el sindicato de Paranal (ESO).
A pesar de ello, en ESO nunca han renunciado a su privilegio. De hecho, sólo en 1996, luego de que el gobierno solicitara la firma de una extensión del acuerdo para "armonizar" el reglamento de la organización con la legislación laboral chilena, ESO reconoció la conformación del sindicato de La Silla (su observatorio más antiguo, operativo desde 1969). Desde 1992 los trabajadores se agrupaban en un sindicato que simbólicamente conformaron fuera de los límites de la organización, porque no se les permitió hacerlo en el lugar.
Nicolás Slusarenko, presidente del sindicato del observatorio Paranal -que actúa en conjunto con los de La Silla y Apex-, explica que si bien el ambiente laboral en los observatorios de la organización hoy es bueno, su reglamento propio (que también tienen en Europa) coarta sus derechos. "El problema es el contraste con la realidad de las empresas típicas en Chile, que tienen acceso a Inspección del Trabajo y a tribunales de justicia laboral. Si acá hay un problema, lo tenemos que resolver internamente. Hacerlo significa apelar al director general, por ejemplo, que es el jefe de administración, y que es justamente quien genera, en ocasiones, el problema", dice. "La posibilidad de encontrar solución real o justicia laboral efectiva acá no hay", agrega. Actualmente, lo que más les preocupa son los trabajadores de Apex, una antena a 5.105 m de altura.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Observatorios Astronómicos de Chile (Foach), de la que Víctor González también es presidente, ha llevado el tema hasta los parlamentarios. Por lo mismo, durante la presentación que Pierre Cox, director de Alma, realizó en el Congreso en julio, la diputada Camila Vallejo (PC) le consultó sobre la inmunidad. "Pueden ser muy buenos empleadores, garantizar buenas condiciones laborales y buenas remuneraciones y eso no está en cuestión. El tema es por qué el Estado no tiene las herramientas y la posibilidad legal de poder exigir ciertas reglas en ese territorio", indicó a la radio U. de Chile.
