Luego de las críticas que generó en organizaciones pro diversidad sexual la elección de la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe como presidenta de la Comisión de DD.HH., el presidente del Senado, Patricio Walker, recibió a representantes de la Fundación Iguales el pasado martes 24 de marzo.

En la cita, Luis Larraín, presidente de Iguales, pidió antecedentes sobre la elección de comisiones y el proyecto de ley de género que hoy está en la instancia que preside Van Rysselberghe. Por ese motivo, Walker optó por publicar el contenido de la reunión en el sitio sobre Ley de Lobby.

Esta normativa, que entró en vigencia el 28 de noviembre de 2014, obliga a diversas autoridades, incluyendo a parlamentarios, a difundir encuentros con lobbistas o grupos de interés que intenten influir en decisiones o en la tramitación de leyes.

En este registro no sólo deben ser informados encuentros con personas que, en forma remunerada, se dedican a oficiar como intermediarios (lobbistas), sino también con aquellos que, sin recibir un pago directo, ejercen alguna gestión para incidir a nivel político. Aquí se incluyen gremios, sindicatos, federaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG).

En estos cuatro meses, algunos senadores y diputados han difundido reuniones que antes eran reservadas. Sin embargo, más de la mitad de los parlamentarios aún no registra ninguna audiencia en el sitio web de transparencia.

Según la base de datos de ambas ramas del Congreso, hay 66 diputados y 15 senadores que no registran citas. Esto equivale al 51,27% de los legisladores.

Entre quienes no han publicado este tipo de reuniones al 27 de marzo, figuran algunos presidentes de partidos, como Ignacio Walker (DC), Osvaldo Andrade (PS), Jaime Quintana (PPD) y Javier Macaya (UDI).

En la otra vereda, en tanto, hay 23 senadores y 54 diputados que han declarado, al menos, un encuentro. Los que más reuniones han informado son los senadores Francisco Chahuán (RN) y Antonio Horvath, con 12 cada uno. En la Cámara, el UDI Sergio Gahona, con ocho audiencias, es el que más declara. También difunden citas los presidentes de RN, Cristián Monckeberg,  y del PC, Guillermo Teillier, con cinco y cuatro anotaciones, respectivamente.

Pese a ello, a cuatro meses de la vigencia de la ley, las reuniones informadas no son muchas. En la Cámara, en total, son 120 encuentros y en el Senado, 117.

Estas cifras causaron extrañeza en algunas organizaciones pro transparencia, especialmente debido a la intensa actividad legislativa que hubo entre diciembre y enero.

Las explicaciones pueden ser diversas. Una de ellas es que la ley ha inhibido encuentros personales con lobbistas o grupos de interés y algunos parlamentarios están derivando estas conversaciones con asesores. Otra explicación es que se está realizando una interpretación restrictiva o errada de la norma, lo que llevaría a parlamentarios a no informar ciertos encuentros.

"Nos parece una estadística por lo menos extraña. Esta norma no debe ser aplicada en forma restrictiva. Por eso mismo, se hace la diferencia entre lobbista y gestores de intereses para que se registren todas las reuniones. Debería llamarse a las comisiones respectivas del Congreso para que tengan un pronunciamiento", dijo el director de Chile Transparente, Alberto Precht.

"En el Congreso ha habido una mayor lentitud en la implementación de la Ley de Lobby. Recordemos que dos días antes de la entrada el vigencia, el Senado pidió aplazarla. Hubo falta de preparación.  Puede ser que se esté interpretando latamente el término actividad en terreno y no se informen las reuniones", comentó María Jaraquemada, directora de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente.

El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), dijo que habría que conocer la explicación de cada senador, aunque también esbozó algunas razones. "En la región uno recibe muchísimos planteamientos de la gente, pero eso es propio de la labor de representación y, de acuerdo a la ley, eso no es lobby. Distinto es que se acerque una empresa y eso tiene que registrarse", dijo Walker, quien anunció que igualmente realizarán una evaluación del tema.

"Hay ciertos diputados que no han tenido reuniones con grupos de interés o lobbistas, pero también algunos han hecho una lectura restrictiva de la ley. No hay ilegalidad en eso. Pero es tarea de la mesa de la Cámara evaluar la implementación de la ley", dijo el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD).