La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) sanciona a menores de edad de entre 14 y hasta 18 años por delitos cometidos durante ese tramo etario. Sin embargo, según cifras del Servicio Nacional de Menores (Sename) enviadas al senador RN Alberto Espina el 26 de agosto pasado, de las 9.806 personas registradas en el sistema entre enero y junio de este año, 5.092 tienen 18 años o más, lo que equivale al 51,9% del total (ver infografía).

De acuerdo con las mismas cifras, la mayoría de los adultos que cumplen medidas provisorias -previo a su condena- o sanciones judiciales por ilícitos cometidos cuando eran menores, tienen actualmente entre 18 y 19 años (3.482), e incluso hay una persona de 37 años.

Desde el Sename explicaron que esto se debe a que "las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado pueden prolongarse hasta cinco años si el infractor tiene menos de 16 años, o hasta por diez años si tiene más de 16 años. En otros casos se trata de personas que cumplieron condena en el sistema adulto, pero tenían pendiente otra sanción por un ilícito cometido como menores de edad, por lo que comenzaron a cumplir esta última cuando ya eran mayores de edad".

En el informe elaborado por el servicio también se da cuenta de que los delitos más comunes por los que han sido sancionados los jóvenes y adultos que están en el sistema son los robos con violencia, con intimidación, en lugar habitado, receptación, hurtos, tráfico de droga y homicidio (ver infografía).

Para el director de la unidad especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos, de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo, esto se explica porque "el porcentaje de adolescentes que cometen delitos se concentra mayoritariamente en el grupo de los 16 a 17 años y, en consecuencia, cuando se dicta una sentencia de uno, dos o más años el condenado habrá alcanzado la mayoría de edad durante el proceso".

En ese sentido, agregó que "resulta preocupante que del total de 9.806, más de la mitad sean adultos y, más aún, que al menos un 20% tiene múltiples sanciones, por lo que urge un sistema de unificación de sanciones y una norma clara que castigue de manera agravada cuando se cometen varios ilícitos".

Para Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, la razón por la que más de la mitad de los imputados por RPA sean adultos se debe a que "una vez que son condenados como menores se mantienen en el Sename hasta el cumplimiento total de la condena".

A este problema, dijo, se suma que las penas no se cumplen de manera simultánea, lo que deja en evidencia un problema de diseño del sistema de ejecución de sentencias. "Si estás cumpliendo una condena en libertad y te vuelven a condenar, tienes que esperar a que se cumpla la primera y ahí recién empieza la segunda. Esto atenta contra las posibilidades de reinserción efectiva de un joven y hace que el sistema tenga altas tasas de reincidencia", explicó.

Para Sánchez estas cifras "no tienen lógica porque la intervención no está pensada para un rango etario mayor a los 18 años". Señaló que para solucionar este tema las condenas se deberían cumplir simultáneamente, especialmente cuando la extensión de la suma de esas sentencias significa que la persona va a ser muy adulto como para estar cumpliendo condena en el Sename.

Respecto a cómo se puede explicar el caso de una persona que a los 37 años esté cumpliendo una sanción por Ley de RPA, dijo que "a algunas personas les quedaron causas pendientes (decretadas cuando era menores), lo que significa que cuando salen de la cárcel al ser adultos tienen que cumplir esa condena".

Adultos presos en Sename

De los más de cinco mil adultos registrados en el sistema de RPA, casi la mitad (2.433) cumplen una condena en un Programa de Libertad Asistida Especial, el que consiste en el acompañamiento de un delegado que se encarga de intervenir de forma ambulatoria a una persona para reintegrarla a la sociedad.

En tanto, hay 280 adultos recluidos en centros cerrados del Sename. A ellos se suman 62 más que también se encuentran privados de libertad por internación provisoria, un tipo de cautelar que es el símil de la prisión preventiva.

Así, de un total de 891 personas recluidas por infringir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 549 son menores y 342 son adultos, lo que equivale al 38%.

Melo indicó que esta situación complica a los recintos de detención "ya que se debe respetar esa separación". Agregó que "esta dificultad se agudiza en los centros de regiones, donde tienen en el mismo lugar a adolescentes en internación provisoria y condenados, y a hombres y mujeres que están recluidos en el mismo establecimiento".

Según Melo, también debiera prohibirse que personas que hayan estado en prisión preventiva o cumpliendo condena encarcelados como adultos, ingresen luego a un centro cerrado del Sename a cumplir una sentencia privativa pendiente como adolescente. Cree que esto produce un contagio "criminógeno".

En tanto, para el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que hayan mayores de edad internados en un centro del servicio "no es bueno (...) las intervenciones están pensadas para adolescentes y jóvenes, no para adultos".

Al respecto, desde el Sename señalaron que "cuando los mayores de edad permanecen en los recintos privativos de libertad, tienen secciones separadas de los menores. Del mismo modo, quienes están cumpliendo sanciones por la LRPA en recintos de Gendarmería están en secciones juveniles, separados de la población que cumple condena por la ley penal de adultos".

Agregaron que todos los mayores de 30 años informados que están cumpliendo sanciones por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, no se encuentran recluidos.