La mitad de los municipios trabaja planes de discapacidad sin recursos del Estado

Cuando Christopher Acuña tenía 30 años, y vivía en España, sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó con un 80% de movilidad reducida. Hoy, con 41, debe ocupar andador para movilizarse. Por ello, forma parte del 16,7% de la población del país con algún tipo de capacidad diferente, según cifras del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), del Ministerio de Desarrollo Social.

Si bien Acuña destaca la positiva evolución de la sociedad en torno a materias de inclusión, dice que el proceso ha sido lento. "Todos ponen su granito de arena, pero aún falta avanzar en temas de accesibilidad por parte te de los municipios", sostiene.

En este contexto, un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) sobre discapacidad indica que el 67,55% de los municipios a lo largo del país cuenta con una instancia formal de trabajo en esa área.

Sin embargo, un 56,14% de las instituciones edilicias administra estos servicios, ya sea de oficinas formales o programas, con fondos propios, mientras que un 10,53% lo hace con financiamiento municipal y estatal. Y solo un 3,16% lo hace con recursos exclusivamente gubernamentales (ver infografía). En otras palabras, la mitad de los municipios trabaja el tema con sus propios fondos, siempre escasos.

"Muchos municipios operan a su manera, estableciendo sus políticas y planes, y haciendo acciones en virtud de su realidad. Vimos varios casos de municipios que tienen sus propios centros de rehabilitación y coordinación. Pero se observa una amplia brecha con el nivel central (Estado)", explica Roberto Lagos, director de estudios de Amuch.

El experto sostiene que "si bien es positivo que exista mayor autonomía y flexibilidad para adaptar los programas del Estado hacia las necesidades locales, así como que se valore que los municipios le asignen importancia al tema y ellos mismos den financiamiento, desde la perspectiva de escasez y déficit en muchos de ellos sería bueno un mayor apoyo del Estado".

Una opinión similar tiene el alcalde de Padre Hurtado y presidente de la Amuch, José Miguel Arellano (RN). "Se legisla desde el escritorio. Los recursos desde el Estado no están llegando a lo que las personas necesitan en la práctica. Si bien tenemos un antes y un después, porque se ha establecido la inclusión en proyectos inmobiliarios y de infraestructura, el tema de los recursos va a ser cada vez más complicado para los municipios. Queremos hacerlo, pero es un tema complejo",

El estudio indica que de 339 municipios que respondieron a la solicitud de información de la Amuch (97% de los 345 totales), un 45,37% declaró contar con un plan comunal de discapacidad.

De este universo, el tipo de institucionalidad municipal que predomina es la oficina de discapacidad (45,67%), seguido por los programa municipales (28,85%).

Gerardo Hume, jefe del departamento de política y coordinación intersectorial de Senadis, señaló que "un alto porcentaje de políticas sociales se implementa en conjunto con las municipalidades o se hace transferencia de recursos. El hecho de que esas políticas públicas incorporen desde el inicio la variable de discapacidad, ya es un plus. Tienen que ser inclusivas todas las políticas sociales en torno a los residentes de una comuna"