Pocos minutos antes de las 13.00 horas de hoy, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, presentó en el Congreso el nuevo paquete de reformas políticas, que agrupa las primeras modificaciones que se pretenden impulsar al sistema electoral durante la administración del Presidente Sebastián Piñera.
Entre las principales novedades del paquete legislativo, el gobierno decidió acortar el requisito de permanencia en Chile que se exigía en el proyecto como condición para permitir el voto de los chilenos en el exterior.
Originalmente, la postura de La Moneda -al igual que la posición mayoritaria de la UDI- era exigir 12 meses de permanencia en Chile dentro de un periodo de 10 años, los cuales podían ser de manera continua o discontinua.
Finalmente, en el texto que ingresó hoy, esta exigencia fue acortada, y se establece un vínculo de sólo cinco meses -también de manera continua o discontinua- dentro de los últimos ocho años.
La modificación de la postura por parte de La Moneda fue sorpresiva, y se basó en las peticiones de Renovación Nacional y de una minoría de parlamentarios de la UDI que pedían acortar la exigencia del vínculo a seis meses.
Entre quienes están exentos de cumplir con este requisito de permanencia en Chile se encuentran los funcionarios que trabajan al servicio del país, quienes ocupan puestos de trabajo en organismos internacionales, las personas que estudian temporalmente en el extranjero, los premios nacionales, y los exiliados.
El paquete presentado por Larroulet consiste en tres proyectos distintos: el primero, de reforma constitucional, que fija como generalidad la exigencia de un vínculo para votar en el exterior.
El segundo proyecto, en tanto, plantea una ley orgánica constitucional que regula en detalle el voto de los chilenos en el exterior.
Y un tercer proyecto, también con alcances de ley orgánica constitucional, que regula en detalle la inscripción automática en los registros electorales. Esta última norma valida también el voto voluntario, que ya está consagrado en la Constitución, luego del acuerdo alcanzado entre todos los sectores políticos en 2009.
