El Senado despachó el miércoles la reforma a la ley orgánica del Congreso. Y ayer, Rodrigo Alvarez y Jovino Novoa -presidentes de la Cámara y el Senado- salieron a detallar los cambios que tendrá el trabajo parlamentario. Ambos, sin embargo, no sospechaban que en La Moneda ya estaba tomada la decisión de aplicar un veto aditivo, potestad exclusiva de los jefes de Estado para modificar proyectos antes de su promulgación.

En La Moneda aseguran que la decisión política ya está tomada, aunque la próxima semana se anunciará el contenido de la propuesta que luego deberá ser ratificada por el Congreso. Una modificación, sin embargo, ya está definida: el veto intentará revocar un artículo que amplía los plazos dispuestos para la discusión de proyectos que cuentan con suma urgencia y discusión inmediata.

El telón de fondo de esta decisión es el soterrado debate entre el Ejecutivo y el Congreso respecto de las facultades que le corresponden a a cada uno en el trabajo legislativo. Las urgencias son un aspecto central de esta discrepancia, pues parlamentarios de todos los sectores coinciden en que el gobierno "abusa" en el manejo que le da a esa facultad al, por ejemplo, apurar  excesivamente la tramitación de un proyecto.

"Al ser un poco más amplios los plazos, se abre un espacio para legislar mejor", sostuvo ayer Alvarez, que al igual que Novoa cree que deben establecerse nuevas reformas para que el Parlamento incida en la calificación de las urgencias.

En La Moneda piensan todo lo contrario. "Vamos a vetar esa normativa. Estamos conformes con las atribuciones que actualmente tiene el Ejecutivo", dijo ayer a La Tercera el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

MAS FACULTADES AL PARLAMENTO
La reforma dota al Congreso de nuevas facultades en su relación con el gobierno. "No le estamos quitando atribuciones al Ejecutivo, pero lo que es propio del Parlamento se fortalece", explicó Novoa, al aludir a un polémica normativa, que regula peticiones de información a órganos estatales y empresas públicas.

El artículo -que provocó una fuerte pugna entre el Ejecutivo y los parlamentarios en la comisión mixta- dice que los organismos del Estado deben proporcionar los antecedentes solicitados. Lo mismo corre para las empresas públicas, siempre que la información no sea de carácter estratégico o reservado. En estos casos, la negativa a entregar antecedentes puede concluir con un proceso sancionatorio de Contraloría.

Desde Palacio aseguran que el veto aditivo que se anunciará en los próximos días puede incluir una modificación a este aspecto de la ley, aunque aún no está afinado el contenido de la propuesta.

En este mismo contexto, la reforma, además, propone que el Ejecutivo responda en menos de 30 días cuando alguna rama del Congreso por la mayoría de sus miembros- acuerde pedir el envío de un proyecto referido a materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente.

Junto con las nuevas atribuciones, la nueva ley consigna un sistema para fijar y repartir las asignaciones de los parlamentarios. Y se establece por primera vez que la asistencia de los legisladores a las sesiones de sala y comisiones es "un deber", por lo que al ausentarse quedarán expuestos a sanciones que estipularán los reglamentos de ambas ramas del Parlamento.