En el consejo de gabinete del lunes pasado se delinearon las prioridades legislativas que tendrá Michelle Bachelet en la recta final de su gobierno. La apuesta será sacar adelante un amplio paquete de iniciativas de corte político y económico. Pero, a diferencia de los gobiernos anteriores, quedó prácticamente descartada la idea de desplegar una agenda confrontacional que sea un factor relevante en la campaña presidencial, tal como sucedió con el debate de las reformas laborales en 1999 y 2005.
"Más que iniciativas sorprendentes, buscamos consolidar y terminar con las que ya están en curso", dice el ministro José Antonio Viera-Gallo, quien añade que la Presidenta no ha resuelto plasmar la pretensión del PS de impulsar una reforma al régimen laboral que fortalezca la negociación colectiva. Desde comienzos de año, desde el PS han abogado por instalar este debate. Pero, se han encontrado con la férrea oposición del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y del propio Pérez Yoma, quienes se oponen a enturbiar las relaciones con el sector privado en plena crisis.
Un escenario distinto se vivió en la recta final de la campaña de 1999, que enfrentaba a Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. El gobierno de Eduardo Frei aceleró la discusión de un proyecto sobre la negociación interempresas y la extensión de la negociación colectiva a los trabajadores temporeros. En la Alianza aún sostienen que su rechazo a la iniciativa fulminó sus posibilidades de ganar.
En 2005 la polémica se reeditó entre la primera y la segunda vuelta. Ahí, el gobierno de Lagos ingresó con suma urgencia el proyecto de ley de subcontratación, cuyo debate coincidió con la antesala de la elección que Bachelet le ganó a Sebastián Piñera.
