Como "inestable" calificaron ayer en La Moneda la situación en el sector portuario tras la decisión de la mayoría de los trabajadores de San Antonio, el más importante del país, de mantener la paralización de faenas.

El viernes se había depuesto la movilización en nueve de 10 puertos del país, las que comenzaron el 26 de marzo en apoyo a los trabajadores de Mejillones, que demandaban el pago de media hora de colación dentro de su jornada.

Así, pasadas las 21.30 de ayer, luego de más de tres horas de debate, los cerca de 800 trabajadores de los sindicatos de Puerto Central y STI -los dos terminales más grandes que operan en San Antonio- resolvieron rechazar las contraofertas de las empresas: piden que no haya represalias por parte de la concesionaria y el pago de un bono de $ 10.000 a cambio de la media hora de colación.

Las negociaciones con los ejecutivos del puerto de San Antonio debieron reanudarse anoche y podría tensionar la situación de otras ciudades.

Hasta ahora, sólo 84 trabajadores agrupados en los sindicatos del terminal Puerto Panul -en San Antonio- han aceptado retomar las labores a partir de la medianoche, a cambio de un bono de $ 3.600 por la media hora de colación.

Gestiones de gobierno
El viernes en la noche, tras la mediación de la ministra Evelyn Matthei (Trabajo) entre la empresa Ultraport Mejillones y el Sindicato 2 de trabajadores del Puerto Angamos, se puso fin a la huelga general de portuarios. El movimiento se había iniciado el 16 de marzo en Mejillones y, en la medida que sumó adhesiones en otros lugares del país, terminó provocando millonarias pérdidas. El único puerto que quedó paralizado fue el de San Antonio.

La intervención del gobierno en el conflicto general portuario se decidió el jueves, durante una reunión encabezada por el Presidente Sebastián Piñera y a la que asistieron los ministros de las carteras de Interior, Trabajo, Transportes y Defensa. Aunque en un comienzo la decisión del Ejecutivo fue no involucrarse en un conflicto entre privados, el daño que estaba ocasionando los forzó a mediar.

El Mandatario instruyó a Matthei a establecer el diálogo entre empresas y sindicatos; y a Transportes encomendó un plan de acción alternativo que incluía buscar frigoríficos para no paralizar las cosechas agrícolas y la búsqueda de puertos alternativos incluso en Argentina y Perú. A Interior, en tanto, le pidió monitorear la seguridad y que las movilizaciones no se extendieran a las calles.

En La Moneda siguen con atención que el conflicto portuario se sume a las movilizaciones anunciadas a partir de esta semana por los estudiantes universitarios (ver recuadro) y trabajadores del cobre, donde observan una disputa de liderazgos que puede alimentar el conflicto.

Mañana, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, dará a conocer un cronograma de movilizaciones con miras a un paro nacional del sector. El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas (PC), anticipó que se sumarán a la marcha estudiantil.

Exportadores
Debido al paro portuario unos 1.600 contenedores con tres millones de cajas de uvas, manzanas y ciruelas continúan retenidas en el puerto de San Antonio. "La situación es crítica, ya que no nos permite despachar nuestra fruta", señaló el presidente de Fedefruta Cristián Allendes. El presidente de la Asociación de Exportadores (Asoex), Ronald Bown añadió que "no se puede cosechar la fruta si es que no hay frigoríficos suficientes y centrales de embalaje, poniendo en riesgo entre 100 mil y 300 mil puestos de trabajo".

Allendes y Bown añadieron que, de mantenerse la paralización, los exportadores tendrán que redireccionar sus envíos por no cumplir el compromiso de llegar a tiempo con los productos. Los embarques retenidos en San Antonio están avaluados en US$ 60 millones.