Una reunión con los ministros Alvaro Elizalde (Segegob) y Ximena Rincón (Segpres) sostuvo la última semana de marzo el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

En la cita, el dirigente buscó obtener información sobre la postura que asumirá el gobierno de Michelle Bachelet frente a la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de DD.HH (CIDH) contra el Estado de Chile en 2012, motivada por dos casos en los que se negó a parejas del mismo sexo contraer matrimonio.

Los secretarios de Estado, sin embargo, evitaron entregar una respuesta definitiva en ese encuentro, aunque reafirmaron el compromiso del Ejecutivo de avanzar en una propuesta para regular el matrimonio igualitario en el país, tal como está contenido en el programa de gobierno.

En este contexto, el presidente del Movilh pidió el lunes a Bachelet revertir la respuesta que entregó el gobierno de Sebastián Piñera, el 24 de noviembre pasado, a la CIDH. Ese día, La Moneda envió un documento en el que se pidió declarar inadmisible la demanda y en el que, además, se defendió que el matrimonio sea exclusivamente para parejas heterosexuales.

Tras el emplazamiento del Movilh, Elizalde dijo ayer que "se está estudiando" la respuesta que la actual administración enviará al organismo dependiente de la OEA.

Si bien evitó entrar en detalles, el titular de la Segegob entregó dos mensajes en los que La Moneda toma distancia de la posición fijada bajo el mandato de Piñera.

"El gobierno de la Presidenta Bachelet tiene un claro compromiso para eliminar toda forma de discriminación. Así se expresa categóricamente en su programa", sostuvo. Y al ser consultado sobre si existe coherencia entre el documento que envió Piñera a la CIDH y el programa de Bachelet -en el que se promete el envío de un proyecto  sobre matrimonio igualitario-, el ministro admitió que "hay diferencias", pero reiteró que "la respuesta específica se está trabajando".

En los próximos días, el Movilh deberá entregar a la CIDH sus observaciones. Tras ello, la comisión decidirá si continúa adelante con el proceso, determinación que podría adoptarse en julio. De ser así, Bachelet tendrá cuatro meses para responder.

Para eso existe un trabajo coordinado entre la Segegob y los ministerios de RR.EE. y Justicia.

Quienes han participado de este caso explican que se trata de la primera demanda por matrimonio interpuesta en el sistema interamericano. Y agregan que, por lo mismo, la CIDH ha acelerado el proceso para utilizarlo como modelo para el resto de la región.

De hecho, la comisión acogió el caso apenas un año después de ser presentada, a diferencia de los cinco años que ha demorado en otras demandas.

En el documento de 47 páginas remitido a la CIDH por la administración de Piñera se señala que "no existe un estándar internacional de derechos humanos para hacer accesible la institución del matrimonio a parejas del mismo sexo".

Además, ahí se afirma -a nombre del Estado de Chile- que en los dos casos que motivaron la presentación de la demanda no existió ningún acto que vulnerara los derechos consagrados en la Convención Americana.