En 2009 Chile aprobó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y dentro de 10 días, en 58 localidades de todo el país, se comenzará a implementar, por primera vez bajo un nuevo formato, una de sus exigencias más complejas: consultar a los pueblos originarios cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.

En Chile se han realizado un sinnúmero de consultas indígenas, sobre todo en 2010 y 2011, sobre diferentes materias y con distintos grados de masividad. Sin embargo, se espera que esta nueva versión, bajo el reglamento del Decreto Supremo 66, marque un hito de universalidad.

Así, esta vez sus objetivos son dos: la creación de un ministerio del sector y de un consejo (o varios consejos) de pueblos originarios, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Con posterioridad, se iniciará el tercer proceso de consulta, por la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que llevará adelante el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (ver nota secundaria).

"Lo central del Convenio 169 es la buena fe de las partes. Es decir, que exista la voluntad y las condiciones para llegar a acuerdos. La idea es que el proyecto final represente la voluntad de los nueve pueblos (originarios de Chile)", destaca la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas.

Las mencionadas 58 localidades fueron elegidas por razones de cercanía y accesibilidad, entre otras. En ellas se ubican los locales (liceos, gimnasios, edificios públicos y hoteles) donde los representantes de los pueblos comenzarán a recibir la información sobre la cual deben pronunciarse. Esto ocurrirá entre el 3 y 10 de septiembre próximo.

Allí podrán acudir todas las comunidades y asociaciones indígenas registradas  en la Conadi, cada una de las cuales debería haber recibido una carta certificada, por parte del ministerio, entre otras formas de difusión de esta iniciativa. El decreto supremo Nº 66 establece las etapas y plazos del proceso (ver infografía). La ministra Villegas también aclara que "la dinámica será muy flexible. Todos los representantes de comunidades ancestrales serán recibidos, aunque no estén registradas. Se trata de una iniciativa compleja y muy valiosa, en la cual iremos aprendiendo de errores e incorporando necesidades conforme avancemos en el proceso".

INCÓGNITAS

Uno de los puntos controversiales es la decisión de haber incluido el Ministerio de Asuntos Indígenas dentro de las 56 medidas para los 100 primeros días de la Presidenta Bachelet, y que debió ser excluida por no ajustarse a dicho plazo. Fuentes al interior de La Moneda lo asumen como un error de planificación del programa de gobierno.

En Desarrollo Social, sin embargo, se subraya que el Decreto Supremo Nº 66, que reglamenta el proceso y su duración, habría sido aprobado en los últimos días de la administración del Presidente Piñera. "Pero, más allá de eso -dice la ministra-, fue una voluntad política (...) de dar una institucionalidad superior a la actual, con estándar internacional".  

En la secretaría de Estado afirman que la consulta ha sido informada a parlamentarios de todas las regiones, presidentes de partidos e intendentes. También se habrían desarrollado capacitaciones para los seremi. Incluso un consejo interministerial, a principios de agosto y encabezado por la Presidenta, fue la señal política para que todos los gabinetes se sumaran al proceso.

También está la cercanía de las organizaciones internacionales, como la propia OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que jugarán el rol de observadores de la consulta. Guillermo Miranda, director OIT para el Cono Sur, confirma esa labor: "Nos parece adecuada e interesante la metodología de trabajo. Fuimos invitados como observadores y allí estaremos".

DECISIONES EN TERRENO

La incertidumbre la generan algunas comunidades, que han dicho que no participarán. "Es una inconsulta. Nosotros queremos hablar de la devolución de tierras y de autonomía, no de Conadis", dice Daniel Melinao, werkén de la comunidad Wente Winkul Mapu, de Ercilla, en La Araucanía.

Manuel Mata, presidente de la Oficina Rapa Nui para la Independencia, lo refrenda: "Sabemos casi nada de este proceso, pero no queremos ser una estadística y un nuevo número. Estamos cansados de papeles y reuniones. ¿Acaso va a haber un subsecretario Rapa Nui? Por eso, estamos llamando a no participar". 

Yessica Huenteman, en cambio, presidenta de la Corporación Kimelayin, que agrupa a profesionales mapuches, destaca que "la consulta es un aporte del derecho internacional para una mejor relación con el Estado. Lo planteado por la Presidenta Bachelet, en orden a no acelerar el proceso de cumplimiento de las medidas, sino de cumplirlas con respeto a los pueblos indígenas, es lo correcto.  Sólo falta algo de información sobre la metodología".

De igual forma, Mario Mila, presidente de la Agrupación de Comunidades Mapuches de Loncoche, en La Araucanía (que aglutina a más de 100 grupos), asegura que "nosotros vamos a participar. No estamos de acuerdo en muchas cosas del futuro ministerio, pero creemos que es una instancia para decirlas".

La ministra Villegas prefirió no ahondar sobre costos y cuotas de asistencia. "Cada comunidad es libre. La Consulta es un derecho de los pueblos. Y el Estado lo va a fomentar y garantizar, como una oportunidad de diálogo para todo el país".