El pasado 30 de junio, Claudinéia dos Santos Melo se dirigía al mercado en la Favela do Lixão, en el Centro de Duque Caxias, en Río de Janeiro, cuando fue impactada en la pelvis por una bala perdida. La mujer de 29 años estaba embarazada. Por ello los servicios de emergencia tuvieron que realizarle una cesárea urgente. Ella y su hijo Arthur salvaron con vida, aunque este último quedó parapléjico, producto del daño que la bala provocó en sus dos pulmones y la médula espinal. "Que este bebé no haya muerto es un milagro", reconoció luego el secretario municipal de Salud, el ginecólogo José Carlos Oliveira.
Ese mismo día, Marlene María da Conceição, de 76 años, y su hija Ana Cristina da Conceição, de 39 años, no tuvieron la misma suerte de Arthur. Ambas murieron por balas perdidas durante un tiroteo entre narcotraficantes y policías en la favela de Mangueira, muy próxima al estadio de Maracaná. Marlene recibió varios impactos cuando se dirigía a su trabajo y su hija fue alcanzaba por las balas cuando trataba de socorrerla. Minutos antes de morir, Ana Cristina había publicado una foto en su perfil de Facebook y un breve comentario: "No me lo puedo creer. Estamos llegando a casi tres horas" de tiroteo.
El recrudecimiento de la violencia urbana en Río de Janeiro que reflejan los relatos de las víctimas, son confirmados por los datos del Instituto de Seguridad Pública. Según ellos, la llamada letalidad violenta (homicidios dolosos, robos seguidos de muerte, lesiones corporales seguidas de muerte y muertes derivadas de acciones policiales) aumentó un 16,32% en el período de enero a junio de este año, en relación a igual período de 2016. En lo que va corrido de 2017 ya suman 2.942 casos, lo que equivale a 19 muertes por día. El año pasado, en este lapso, el registro de casos llegaba a 2.528, esto es, 16 decesos por día, según consignó el diario O Estado de Sao Paulo.
La Cidade Maravilhosa sigue siendo más segura que a mediados de los 90, pero la sensación generalizada es que está volviendo a las andadas. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) prometían ser la solución definitiva al crónico problema de la violencia en las favelas de esta urbe brasileña. Tras la instalación de estas comisarías, en 2008, los índices de homicidios cayeron drásticamente. Sin embargo, hoy como promedio se registran 15 tiroteos diarios. Según O Globo, 632 personas -una media de 3,4 por día- fueron alcanzadas por "balas perdidas" en Río entre el 1 de enero y el 2 de julio, dejando un saldo de 67 muertos. En tanto, el número de policías fallecidos sumaba 85.
La actual ola de violencia coincide con la grave crisis económica que vive el estado de Río, que se declaró en quiebra hace un año y apenas puede pagar los salarios de sus funcionarios, y la corrupción en las instituciones y en los cuerpos policiales contribuyen a alimentar el problema. "El recrudecimiento de la criminalidad y de la violencia es un efecto natural de los problemas financieros que atraviesa el estado de Río en particular, y de la crisis económica, política y social que se vive en todo el país", reconoció al diario argentino La Nación el mayor Iván Blaz, vocero de la policía militar estadual, que explicó que la institución de 45.000 efectivos no tiene recursos para patrullajes, equipos y pago de horas extras.
Esta situación, de acuerdo con el periódico argentino, llevó a que los grupos narcotraficantes que operan en la zona -Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando Puro- busquen retomar territorios en las favelas que antes dominaban, de las cuales fueron expulsados desde 2008 por las UPP. También se aprovechó de la crisis el mayor grupo criminal del país, el Primeiro Comando da Capital, originario de Sao Paulo, ahora en abierta guerra contra el Comando Vermelho.
Pero el coronel Robson Rodrigues, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Militar y hoy investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, advierte que no se pueden ignorar los avances logrados por las UPP. Así, recuerda que la tasa de letalidad en 2016 fue de 37,6 muertes por cada 100 habitantes, muy lejos del nivel de hace 20 años (50,8) o, incluso, el de hace 10 años (49,7).