"El Estado debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo...". Esta rotunda frase forma parte de las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), tras el sexto informe periódico que Chile le entregó a esa instancia.
El mencionado comité está compuesto por 18 expertos internacionales. Se trata del órgano de la ONU encargado de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los tratados más emblemáticos sobre DD.HH. Y Chile, como uno de los 168 países que lo firmaron, debe presentar informes regulares sobre este tema.
Las recomendaciones de la ONU abarcaron también temas como el aborto terapéutico y la violencia contra la mujer (ver recuadro). Sin embargo, uno de los puntos centrales fue la Ley Antiterrorista.
Según el documento, Chile debe "asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden, en la lucha contra el terrorismo, no estén dirigidas a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural".
Y agrega que el Estado "debe asegurar que las garantías procesales sean respetadas. El Comité insta a abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en contra de mapuches".
Estas conclusiones no hacen otra cosa que atizar la discusión pública que ya se había desatado en torno a esta normativa y su potencial aplicación, producto de dos situaciones concretas que actualmente vive el país: la investigación por la reciente colocación de artefactos explosivos en lugares públicos, entre ellos el Metro, y los atentados en la zona del conflicto mapuche, punto que incluso fue abordado ayer en el Congreso por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en la interpelación de que fue objeto. En esa instancia, el secretario de Estado reiteró que "no vamos a usar la Ley Antiterrorista para resolver conflictos sociales".
Peñailillo argumentó que, a su juicio, es muy diferente la situación de La Araucanía respecto de bombas como la del Metro, "donde, de no ser por el conductor que vio el bolso, el artefacto (explosivo) habría causado mucho daño entre pasajeros que iban a abordar ese carro".
El secretario de Estado destacó que "como gobierno, tenemos una comisión de expertos que va a modificar la ley porque lo que se busca es que las personas sean sancionadas y condenadas, y no que se abuse de un instrumento jurídico. ¿Cuántas condenas hay entre los formalizados por la Ley Antiterrorista? Sólo el 10%. Debemos mejorarla, con una mirada de fondo y moderna".
DEBATE PÚBLICO
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que "producto de los últimos hechos que se han vivido, muchas autoridades y personas públicas han discutido sobre si se aplica o no esta normativa, pero el problema es que la ley en sí misma es mala, ya que vulnera los derechos y garantías procesales de los implicados. Es muy vaga. Concordamos plenamente con lo manifestado por la comisión de la ONU".
El senador PPD Felipe Harboe coincidió en que "se necesita una Ley Antiterrorista totalmente nueva. El actual cuerpo fue dictado en un contexto histórico completamente distinto y no pasa los estándares modernos de respeto a los derechos fundamentales".
GREMIOS DE IX REGIÓN
Alejandro Martini, en tanto, vicepresidente de la Multigremial de La Araucanía, tiene una postura diferente. Subrayó que la Ley Antiterrorista, con su actual redacción, sí debiera invocarse para situaciones de violencia en esa zona. "Esto no es contra los mapuches, sino en contra de los delincuentes. Hay gente que está ocupando las banderas de lucha de un pueblo, que puede estar en lo correcto o no, para sembrar el terror. La ONU está un poco desinformada", dijo.
En relación al tema de las bombas añadió que "hoy tenemos una Ley Antiterrorista que se ocupa para una calidad de ciudadanos y para otros no, y en la IX Región la gran mayoría nos sentimos ciudadanos de segunda categoría, de un Estado que no nos protege".
Igualmente, Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay (fallecido en un ataque incendiario, en 2013), sostuvo que "la información que reciben estos organismos (ONU) está tan tergiversada, respecto a ciertas etnias o grupos, que sus conclusiones pueden estar equivocadas".
Javier Couso, abogado, académico de la udp e integrante del comité nombrado por el gobierno para estudiar modificaciones a la ley antiterrorista, indicó que lo que se busca es "una ley más efectiva (...) evidentemente hay claridad en que vamos a tener que adecuar nuestra legislación a cuestiones del debido proceso".
