En marzo, el gobierno llegó a una serie de compromisos con la mesa de trabajo que sostiene con agrupaciones de ex presos políticos y torturados durante el régimen militar. Uno de ellos apuntaba a subsanar una deuda histórica del Estado con los sobrevivientes en materia de justicia: otorgarles asistencia jurídica y social para llevar sus casos ante los tribunales.
La demanda, que forma parte del petitorio nacional suscrito por la mayoría de las agrupaciones de ex presos políticos y torturados, se alzó en 2004 luego de que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) calificara a más de 28 mil víctimas. En ese momento, los sobrevivientes pedían que, tal como ocurría en los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, el Estado se comprometiera "a hacerse parte de las querellas en contra de los violadores de derechos humanos". Sin embargo, hasta hoy, su petición no había sido acogida.
Nelson Aramburu, vocero de la coordinadora nacional de ex presos políticos e integrante de la mesa, explica que lo que le han pedido al gobierno "es que se termine con las víctimas de primera y segunda categoría", ya que "a los detenidos sobrevivientes siempre se nos ha negado este acceso a la justicia".
En este contexto, la subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries, solicitó hace unos meses a la Contraloría un pronunciamiento respecto de la imposibilidad que hoy tiene esa Subsecretaría para hacerse parte querellante en las causas. Esto, porque esa atribución -según consta en el mensaje presidencial que dio vida al organismo- excede su mandato.
En esa misma línea, según confirman desde el gobierno, Fries instruyó a los abogados del extinto Programa de Derechos Humanos -que hoy depende de la Subsecretaría- para iniciar la presentación de denuncias en casos de víctimas de tortura, delito que fue tipificado recién en 2016. "Desde la Subsecretaría de DD.HH. estamos presentando denuncias por tortura ante tribunales cuando llegan a nosotros personas que fueron víctimas de torturas durante la dictadura", explicaron desde el organismo, lo que, en todo caso, no implica que se hagan parte de los procesos.
Las acciones del gobierno buscan rectificar ese trato desigual que acusan los sobrevivientes respecto de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, quienes, a diferencia de ellos, sí cuentan con ese derecho.
Cuando en 2004 la Comisión Valech I finalizó sus labores no se creó una instancia que diera continuidad al trabajo y que garantizara la obtención de justicia para las víctimas. Esto, a diferencia de lo que ocurrió con la Comisión Rettig -que reconoció la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados-, cuyo mandato fue extendido a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y después fue asumido, en otros términos, por el Programa de DD.HH. de Interior.
Fue este último organismo, creado por decreto en 1997, el que, tras la extinción de la corporación, cumplió el objetivo de garantizar el otorgamiento de las medidas reparatorias establecidas por ley en favor de los familiares de las víctimas individualizadas por la Comisión Rettig, incluida la asistencia jurídica.
Ese decreto señala que el Programa de DD.HH. "seguirá prestando la asistencia social y legal que requieran los familiares de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la Ley 19.123, tanto para acceder a los beneficios que ella establece como para hacer efectivo el derecho que reconoce su artículo 6º", el que consagró que "la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena".
Así, el organismo se querelló en cientos de causas relativas a desaparición forzada y ejecuciones, pero no en casos de tortura y prisión política.
