ULTIMAMENTE, hemos sido testigos de cómo soluciones al problema de la obesidad (en particular infantil) han tomado fuerza en el debate público.
La ley recientemente votada en el Senado sobre Composición Nutricional de los Alimentos tiene como objetivo "crear un marco regulatorio especial sobre seguridad alimentaria y alimentación saludable, orientando al consumidor hacia patrones de conducta saludable y advirtiendo sobre los riesgos de consumir alimentos nocivos para su salud". Los que están a favor de ella sostienen que recibiendo más y mejor información seremos capaces de cambiar nuestros hábitos y alimentarnos de manera más saludable.
La evidencia disponible sugiere que esa conclusión no es tan obvia. Un ejemplo es Estados Unidos, donde iniciativas de este tipo no mejoran los hábitos alimenticios e incluso pueden aumentar el consumo en subgrupos de la población. Un estudio experimental realizado en restaurantes de comida rápida y publicado en el American Economic Review no encontró que la entrega de información sobre el contenido calórico en un menú, ni sobre el consumo calórico recomendado por día, cambiara significativamente los patrones de consumo. Es más, personas que reportaron estar en un régimen bajo en calorías consumieron aún más con la entrega de dichos datos nutricionales.
Esto no quiere decir que en el diseño de un programa integral contra la obesidad, una de sus áreas debe ser la información; pero ella en ningún caso es la única o la mejor herramienta. De hecho, la normativa en discusión incluye otros componentes, como el incremento de los bloques de educación física en las escuelas y la prohibición de presentar comida chatarra como si fuera sana.
La pregunta clave es cómo saber cuáles iniciativas funcionarán en nuestro contexto y cuáles deberían ser implementadas a nivel nacional. Dada la falta de evidencia en Chile, creemos que el primer paso debería ser realizar una evaluación de impacto en distintas escuelas o zonas del país, aplicando una metodología experimental. En ella se asignan aleatoriamente una o más de las intervenciones propuestas y se comparan los resultados entre quienes recibieron los programas y un grupo que no los tuvo. Al aplicar las intervenciones de esta manera, podemos asegurar que los grupos que compararemos poseerán características similares y podremos identificar qué intervención o conjunto de intervenciones fueron efectivas.
Actualmente, y con los antecedentes que contamos para debatir estas propuestas, no podemos atribuirle a la entrega de información nutricional un papel tan relevante en la lucha contra la obesidad infantil, como es el que se deriva de las posturas presentadas en las últimas semanas. Sin embargo, una evaluación rigurosa de las intervenciones propuestas nos permitiría reemplazar la argumentación basada en meros "supuestos" por una que incluya evidencia científica.
