La familia Matte está "abatida". La acusación pública que hizo esta semana la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en que apuntó a CMPC Tissue -firma controlada por el conglomerado nacional- y a la sueca SCA (ex Pisa) por coludirse durante 10 años en el mercado de papeles tissue, cayó como una 'bomba de racimo' en el tradicional clan que lideran los hermanos Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, describen cercanos al grupo familiar.

"Ha sido muy complejo para la familia, un escándalo. Ellos saben la gravedad de los hechos y no están acostumbrados a la exposición negativa que esto ha traído para la familia, el grupo y la compañía", dice un cercano a la casi centenaria firma. "Ha sido el mayor golpe que han recibido a su imagen y saben que tendrán un castigo grande a su prestigio, que siempre han considerado su principal activo. Es una mancha a su reputación, están muy afectados", agrega otro ejecutivo vinculado al grupo.

La bomba, en rigor, había estallado mucho antes en el seno de la familia, aunque de manera silenciosa. Fue a mediados de 2014 cuando se enteraron de irregularidades cometidas en las operaciones de tissue que la firma tiene en Colombia, conductas atentatorias contra la libre competencia que en marzo de 2015 se detectaron también en Chile.

Tanto CMPC como SCA admitieron haber participado en el cartel  que la FNE denunció esta semana.

Si bien CMPC fue notificada oficialmente a fines de marzo por la FNE de que era sujeto de una investigación -la misma fecha en que se notificó a SCA, dice el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal- los Matte no sabían cuándo se haría público el requerimiento ante el TDLC. Esa comunicación oficial, concretada el miércoles, los tomó por sorpresa, indican cercanos al grupo. Tan inesperado fue que Gonzalo García, hombre de confianza y ejecutivo clave de Matte, quien, además, es director de CMPC Tissue, se encontraba de vacaciones en Australia.

La distancia, en todo caso, no fue impedimento para que el histórico secretario general de Empresas CMPC se mantuviera permanentemente conectado con Santiago con los distintos ejecutivos y directores del grupo. Durante estos días, cuentan, se ha comunicado con Eliodoro y Bernardo, y con Hernán Rodríguez, el gerente general del holding. También se ha mantenido informado de lo que ha publicado la prensa  sobre el escándalo en que está envuelta la compañía.

La familia Matte -relatan en su entorno- se enteró de que el tema era público en sus respectivas oficinas, el mismo miércoles. Eliodoro en calle Agustinas, donde está el centro de operaciones de CMPC, firma que preside, y Bernardo en su despacho, unas cuadras hacia el oriente, en Agustinas con Teatinos. Ahí está el cuartel general del Banco Bice, entidad financiera también controlada por el grupo y que preside el menor de los Matte, también director de CMPC Tissue desde hace más de una década.

A contrarreloj se sucedieron las reuniones de coordinación entre la plana gerencial, el área de comunicaciones y el equipo legal que prepara la defensa del grupo desde hace ya varios meses.

Bernardo Larraín Matte, hijo de Patricia y actual presidente de Colbún, también se integró a los contactos estos días. Era director de CMPC Tissue en 2000, fecha en que según la FNE comenzó la colusión.

CMPC es defendida por Cristóbal Eyzaguirre, de Claro & Cía. SCA es representada por los abogados José Joaquín Ugarte y Rodrigo Díaz de Valdés, de Baker & Mackenzie.

Cómo se gestó el cartel 

A principios del año 2000 se lanzó al mercado la marca propia de papel higiénico Acuenta, entonces propiedad de la cadena D&S (Lider), hoy Walmart. Ese debut, según la FNE, desató una guerra de precios en el rubro, convirtiéndose en la génesis del cartel del papel tissue, que considera las líneas de papeles higiénicos, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales.

Según la FNE, en los contactos entre CMPC y la entonces Pisa tuvieron un rol protagónico su dueño por esa época, Gabriel Ruiz-Tagle, y Jorge Morel Bulicic, gerente general de CMPC Tissue.

El cartel, a juicio de la FNE, operó al menos durante una década, entre 2000 y 2011, y abarcó al 90% del mercado de este tipo de papel, estimado en unos US$ 400 millones. Uno de los fines, precisa la investigación, fue asignarse cuotas de mercado y fijar precios. Para ello, acordaron subir los valores y mantener estables las participaciones de mercado relativas de ambas compañías: 76% para CMPC y 24% para Pisa. En el negocio, CMPC opera las marcas Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea. Las de SCA son Favorita y Magiklin.

La comunicación entre ambas firmas evolucionó. Reuniones en distintos hoteles de Santiago e incluso en un cuartel de bomberos de Las Condes, junto con el intercambio de correspondencia física bajo la carátula de "parte de matrimonio". También se crearon casillas de correos en servidores comunes, no corporativos, y se tomaron resguardos adicionales vía uso de celulares de prepago.

Para implementar el acuerdo, a las reuniones se sumaron otros ejecutivos: Cecilia Häberle, Eduardo Serrano, Alejandro Nash, Felipe Alamos, Cristián Rubio, José Luis Aravena y Fernando Riquelme por parte de CMPC. Por el lado de Pisa, participaron Miguel González Pinto, Felipe Baraona y Eduardo Hola.

La investigación de la FNE da cuenta que, para evitar dejar registros, ejecutivos de CMPC llegaron incluso a deshacerse de computadores, arrojándolos al canal San Carlos, en diciembre de 2011.

Cuando la empresa controlada por la familia Matte tuvo conocimiento de las malas prácticas, realizó una investigación interna y desvinculó a los ejecutivos involucrados. Para buscar al reemplazante de Morel, CMPC mandató a una empresa de head hunter. El próximo 1 de diciembre asumirá Gonzalo Darraidou, ex gerente general de Forus.

El directorio fue informado de la operación con el máximo detalle. Apenas supo, en marzo de 2015, instruyó a la administración a autodenunciarse a la FNE, lo que ocurrió a fines de ese mes. Por confesar los hechos la empresa no será multada.

En paralelo, CMPC decidió informar a la SVS a través de un hecho esencial reservado. La firma, además, resolvió provisionar recursos para enfrentar la arista civil que podría activarse.

SCA, por su lado, se autodenunció recién en octubre. La FNE pidió al TDLC que se le imponga una multa de unos US$ 15 millones.

Ahora, la familia Matte intenta amortiguar un daño que espera no sea irreparable. "En lo económico es muy probable que el impacto no sea considerable, porque estos productos son de primera necesidad. Les preocupa sí el juicio social", dice un ejecutivo cercano al grupo.