La modificación del reglamento a la ley de caza, que permite matar perros asilvestrados -los que son abandonados y se vuelven salvajes al no tener contacto con humanos- ha generado diversas posiciones en Magallanes, incluso hechos de violencia que nunca habían ocurrido en su capital, Punta Arenas. Los productores ganaderos señalan que su zona es una de las más afectadas a nivel nacional y que la medida los ayudará a controlar el actuar de estas jaurías salvajes. Según cifras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cada año mueren 50 mil ovinos en la XII Región. "Es un problema que lleva más de 10 años y se ha escapado de las manos. Su presencia ha causado grandes pérdidas en Tierra del Fuego. Hay parceleros que han perdido toda su producción. "Yo solamente el año pasado perdí 300 borregos y 200 ovejas. Esto nos abre una ventana para poder hacer algo, porque antes estábamos atados", comentó Rodrigo Filipic, presidente de la Asociación Gremial de Ganaderos de Tierra del Fuego.
La oposición a la normativa tuvo su punto más álgido, el pasado 11 de febrero, cuando desconocidos atacaron el edificio del Ministerio de Agricultura de la ciudad magallánica. Rompieron vidrios y lanzaron bombas molotov, provocando un incendio en sus oficinas. En las afueras del inmueble había panfletos esparcidos que decían "No al genocidio de nuestros hermanos animales. No a la ley de caza".
Claudio Radonich, intendente regional, presentó una querella en contra de los responsables. "Son hechos que no pasaban hace 25 años, por lo que no podemos permitirlo. Se atentó con la vida tranquila que llevamos", dijo. Añadió que reforzarán la seguridad en todas las oficinas provinciales de Agricultura.
Horacio Bórquez, director nacional del SAG, sostuvo "que el objetivo de la ley, que está en tramitación, ha sido siempre mejorar la conservación de especies, buscando controlar la acción de animales que causan perjuicios graves al ecosistema", dijo. "Los perros bravíos son los descendientes de perros abandonados en los campos, que no han tenido nunca contacto con seres humanos. Se alimentan de lo que cazan y mantienen una actitud agresiva, atacando poblaciones de animales silvestres, aves de corral e incluso personas", añadió Borquez, explicando que las personas que deseen cazar tendrán que acreditarse con el organismo. Desde la ONG ProAnimal, se opusieron a la norma. Su presidenta, Patricia Cocas, señaló que "la ley sólo rige para animales silvestres y el perro es un animal de compañía, que dentro del reglamento lo hayan llamado perro asilvestrado, desde ese punto es ilegítimo", sostuvo.b
