El sobrepeso de un interno de una cárcel concesionada se puede traducir en una multa a la empresa que administra el recinto, la que deberá pagar por no cumplir con el ítem de alimentación adecuada a la población penal.

Esta es una de las exigencias del contrato entre la concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, tras la licitación de los ocho penales que, desde 2002, existen en el país. Según datos entregados por el MOP a La Tercera, vía transparencia, de los $ 2.293 millones cursados en multas, entre 2007 y 2014 , un 36% ($ 832 millones), fue por problemas en la alimentación. A esto le siguen incumplimientos en la mantención de la infraestructura de la cárcel, y temas de acceso a salud (ver infografía).

Desde el Ministerio de Justicia indicaron que los penales son fiscalizados según el grupo concesionario. El grupo 1 corresponde a las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua; el 2 son los recintos de Antofagasta y Concepción; y finalmente el 3 que corresponde a los penales de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt.

"Las multas en el contrato, son propuestas por la inspección fiscal de explotación al director general de Obras Públicas, instancia en la cual puede apelar el concesionario", señalan desde Justicia, y agregan que las sanciones son "un indicador que permite conocer el estado de los servicios penitenciarios con mayores inconvenientes y las necesidades de medidas a adoptar".

En los tres grupos se encontraron incumplimientos por "valores fuera de rango" en el servicio de alimentación. La norma exige que el aporte calórico diario de un reo sea de 2.400 calorías, al sumar la ingesta del desayuno, almuerzo y la cena.

Para el presidente del Colegio de Nutricionistas, Samuel Durán, "las alteraciones pueden responder a varios factores; uno de ellos es la composición de la ración, porque un plato puede tener la cantidad justa de arroz o fideos, pero se usa más aceite para su elaboración, y aumenta la cantidad de calorías. También influye falta de actividad física”.

La comida que sirve el concesionario también es entregada al personal de Gendarmería. Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de la institución, Joe González, "hay problemas con la presentación de los alimentos y en algunas ocasiones con la higiene y salubridad. Además, hay funcionarios que, por sus labores al interior de las cárceles, necesitan de mayor aporte nutricional".

El nutricionista agrega que este ítem es parte de la "reinserción social del interno, porque no solo necesitamos reos que no tomen alcohol en las cárceles, sino que además dejen de fumar, que coman saludable y que hagan ejercicio. La mala alimentación genera riesgo de enfermedades crónicas y el Estado termina haciéndose cargo de reclusos con sobrepeso o diabetes".

Sobre las multas por incumplimiento de  los planes de reinserción social, Ana María Morales, directora del área de sistema de justicia de Paz Ciudadana, dijo que "si bien se había mejorado la habitabilidad en la oferta de intervención la situación era bastante similar a la que se daba a una cárcel tradicional. Esto porque los planes que se ofrecían no estaban basados en evidencias ni vinculados a las necesidades criminógenas de los internos".