Poco se ha hablado en el debate público respecto de cómo la reforma educacional propuesta por el gobierno -y que busca poner fin al lucro, al copago y a la selección en recintos que reciben aportes del Estado- afectaría a los colegios particulares pagados. Mientras la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) critica algunos puntos de la reforma, parlamentarios y sostenedores de colegios subvencionados han cuestionado que no se incluya un mayor control al sector privado.
Según indicó el jefe de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, "no es justo que se diga que la ley no está tocando a los particulares pagados". Y planteó que respecto de la selección "nosotros estamos haciendo un estándar que para muchos puede ser mínimo, pero es muy importante, que es un estándar de no discriminación establecido en los derechos humanos".
Muñoz explicó que, por ejemplo, "cuando un establecimiento pagado, además de pedirle 500 mil pesos por la matrícula y que presente un certificado (que diga) que esa persona es apoyada y avalada por parte de la red de amigos que ya fueron parte del colegio, esto es una discriminación".
Agregó que, en esos casos, "lo que esperamos desde la elite que está en esos establecimientos, es que judicialice o vaya a la superintendencia, porque o si no, nosotros no vamos a poder actuar".
Según la Fide, en el proyecto se plantea un sistema de selección, en el cual se amplían los medios de control en términos que los procesos, además de ser transparentes, deben cumplir con toda la normativa referida a la no discriminación en la esfera de la enseñanza. El abogado de la Fide, Rodrigo Díaz, dijo que "esto tiene dos fases: en el sentido positivo, debe respetarse en todo el sistema educativo la orientación religiosa, pero en una faz negativa, incluso en los colegios pagados, debería asegurarse la no discriminación en la esfera de la enseñanza en términos de los tratados internacionales".
ESTADO CIVIL
Díaz plantea que en el proyecto se modifica el artículo 11 de la Ley General de Educación (LGE), que regula a colegios que reciben aportes públicos, haciendo extensivas las disposiciones a los establecimientos que tienen reconocimiento del Estado, es decir, también a los particulares pagados.
En ese artículo de la LGE se señala que el cambio del estado civil de los padres y apoderados no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento. Díaz planteó que esta disposición, "revela bastante ignorancia de parte del redactor del proyecto, ya que prácticamente ningún colegio realiza este tipo de discriminaciones, y si se hicieran, bastaría aplicar la 'ley Zamudio'".
Otro de los aspectos que aborda ese mismo artículo de la LGE es que durante la vigencia del respectivo año académico, no se puede cancelar la matrícula ni suspender o expulsar alumnos, "por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos". También indica que no pagar la colegiatura "no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica...".
Para el abogado de la Fide, con esto "se deja sin efecto los contratos educacionales al impedir que los colegios pagados suspendan o expulsen alumnos por razones de deudas por colegiatura". Añadió que esto hace que "indirectamente se establezca la morosidad por ley" y planteó que, por ejemplo, podría ocurrir que "si lo transportamos a los terceros medios de los colegios pagados de este año, prácticamente ningún alumno o padre pagaría el cuarto medio de su hijo para el 2015".
El jefe de Educación Escolar, Gonzalo Muñoz, dijo que "respecto de los colegios particulares pagados, la ley sólo establece que el cambio de estado civil de los padres no puede ser motivo de expulsión, así como también garantiza que los procesos de admisión sean objetivos, transparentes y no establezcan discriminaciones arbitrarias, en sintonía con los tratados internacionales sobre derechos humanos". Agregó que lo que plantea la Fide, "es una interpretación de ellos".
La iglesia es un sostenedor que así como tiene establecimientos gratuitos y subvencionados, también cuenta con colegios particulares pagados. El obispo de Temuco y presidente del área educacional de la Conferencia Episcopal de Chile, Héctor Vargas, planteó que "esos colegios funcionan gracias al único aporte que dan las familias y que ha de ser mensual, porque mensualmente se debe asegurar, al menos, los salarios de los docentes, funcionarios, gastos comunes y créditos con la banca. Si esta exigencia se ve debilitada por ley, pueden vulnerarse deberes y derechos tan serios, que pondrían en peligro la supervivencia del establecimiento".
Monseñor Vargas agregó que "llama la atención que se desee nuevas regulaciones de tipo económico con establecimientos que se autofinancian, que cumplen con todo lo que ley exige respecto de contratos y servicios entre privados y que no reciben fondos públicos".
