Una cuenta regresiva inició ayer la reforma educacional -que busca prohibir el lucro, la selección y el copago de colegios particulares subvencionados- en su tramitación en la Cámara de Diputados.

Tras aprobar la idea de legislar de la reforma, ayer los integrantes de la comisión de Educación acordaron dos plazos para ingresar propuestas de cambio al proyecto.

El primero fue fijado para el 2 de septiembre para que los diputados y el gobierno ingresen el grueso de las indicaciones que modifiquen la iniciativa. Sin embargo, a petición de varios legisladores, el presidente de la comisión, Mario Venegas (DC), aceptó una segunda fecha: el 9 de septiembre. La idea es permitir que sean presentados nuevos ajustes que resulten de acuerdos o conversaciones.

La fijación de plazos obligará en el corto plazo al Ejecutivo a mostrar sus cartas frente a reparos que han expresado parlamentarios al proyecto.

Si bien las tratativas entre el oficialismo, la oposición y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, venían desarrollándose desde hace varias semanas, las negociaciones también deberán entrar en una fase decisiva.

Aunque el gobierno tiene, en teoría, los apoyos para aprobar su reforma (requiere de 68 votos en la Cámara y el oficialismo suma 67, sin contar a los independientes), la revisión en detalle del proyecto aún genera divisiones en la coalición gubernamental.

La "bancada estudiantil", en sintonía con las federaciones universitarias, ya anunció su decisión de endurecer la iniciativa, lo que chocaría con el interés de un sector de la Nueva Mayoría de flexibilizar algunos instrumentos propuestos por el proyecto.

Precisamente uno de los temas de controversia será el mecanismo propuesto por el gobierno para que el Estado pueda comprar colegios, si es que el sostenedor decide vender el establecimiento, porque prefiere no continuar con un colegio sin fines de lucro.

En este tema la DC, que mandató a una comisión político técnica la tarea de formular las propuestas como partido, se inclina por permitir un mecanismo de arriendo de establecimientos, a precios regulados. Esta idea, incluso, no genera mayores reparos entre miembros de la bancadas PC-IC.

Además, en la DC se baraja la posibilidad de permitir que el dueño del colegio obtenga una remuneración si es que decide traspasar su propiedad a una entidad que no persiga ganancias, como una corporación o una fundación.

En el Ejecutivo dicen estar abiertos a estudiar estas medidas, siempre y cuando no afecten los principios de la reforma: terminar con el lucro, la selección y el copago.

No obstante las indicaciones que preparan los diputados y ex dirigentes estudiantiles Giorgio Jackson y Camila Vallejo (PC), apuntan en el sentido contrario. De hecho, una de la enmiendas de la bancada estudiantil apunta a bloquear el mecanismo de arriendos, que ha sido usado en el sistema universitario privado para generar ganancias.

"Las indicaciones apuntan a definir instrumentos para terminar con el lucro y para no permitir la rentabilidad de los sostenedores", dijo Vallejo.

El DC Mario Venegas, quien es visto en la bancada estudiantil como mediador entre las posturas, planteó que "la gran discusión en la Nueva Mayoría es si vamos a lograr acuerdo sobre ese mecanismo (el arrendamiento) que ha sido usado por universidades para encubrir el lucro".

Otra de las medidas que redactan Vallejo y Jackson busca extender la prohibición de lucro a colegios particulares pagados, que no están contemplados en la actual reforma del Ejecutivo.

En materia de selección, el tema también se vislumbra complejo. En privado, varios legisladores oficialistas admiten que hay presión para flexibilizar ese punto.

Sin embargo, hay un elemento que podría generar consenso la eliminación del copago, incluso, con apoyo de la Alianza. La fórmula que plantean algunos legisladores es que el gobierno eleve el monto de la subvención para cubrir lo que hoy financian los padres para educación de sus hijos.

"Hay temas donde no hay una diferencia abismante", dijo el diputado UDI Romilio Gutiérrez, quien junto a Felipe Kast (Evópoli), ha sido uno de los interlocutores ante el gobierno.