Los hechos que dieron origen a la investigación y posterior condena datan de septiembre de 1987.
El primer día de ese mes fue secuestrado el coronel de Ejército Carlos Carreño, lo que dio origen a un operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que entre el 9 y 10 de septiembre del mismo año terminó con la detención de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que eventualmente serían "canjeados" por el oficial. "Las personas retenidas fueron interrogadas y mantenidas ocultas bajo custodia en el Cuartel Borgoño de la referida entidad, sin intención alguna de ponerlas a disposición de la judicatura respectiva", señala el fallo.
Los organismos de seguridad decidieron eliminar a los detenidos al ver frustrado el canje. Posteriormente, en diciembre, Carreño fue liberado. "Para ello, organizan un operativo que permite sacar los cinco cuerpos como bultos del recinto en que se encontraban privados de libertad, al parecer sin vida o previamente drogados, y fueron transportados en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde finalmente se arrojaron sus cuerpos al mar atados a durmientes", dice el fallo.
Según los ministros de la corte, en la operación no solo participaron agentes de la CNI, sino también miembros del Batallón de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército y del Comando de Aviación de la misma institución. "Operativos que la línea de mando militar no pudo desconocer, toda vez que se trata de una institución con poder jerarquizado, en la cual existe una línea vertical y directa de mando", advierte el fallo, en el que se añade que "resulta del todo razonable pensar que estos cuerpos correspondan a las personas secuestradas, las cuales al haber sido lanzadas al mar no fueron ubicadas ni identificados".
