Se repiten los hechos y se repiten los protagonistas. Cuando en 2009 la investigación en la Municipalidad de Recoleta en contra de Gonzalo Cornejo por el caso GMA llegó hasta las cuentas bancarias bipersonales que poseía con su señora, la diputada Claudia Nogueira, constatándose que asesores de la parlamentaria UDI, pagados con asignaciones del Congreso, le retornaban a la pareja parte de los dineros, el entonces fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, debió enfrentar un crucial dilema: si investigar o no a todos los diputados.

A ocho años  de ese caso que terminó con Nogueira y el ex diputado RN René Aedo formalizados y suspendidos condicionalmente, y con el ex diputado Maximiano Errázuriz condenado por uso irregular de sedes parlamentarias, la historia cobra vigencia.

Nogueira, señalada ahora por la ex jefa de prensa de la UDI Lily Zúñiga como presunta receptora de boletas ideológicamente falsas que pagó el Congreso a la periodista en 2014; su abogado del 2009, Mario Zumelzu, a cargo hoy de su defensa; su marido, Gonzalo Cornejo, mencionado por Zúñiga como el promotor de la operación en dineros; y Abbott, hoy al mando del Ministerio Público, vuelven a encontrarse en la causa que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, y que puso nuevamente el foco en el uso de las asignaciones parlamentarias.

La semana pasada, los fiscales Manuel Guerra y Carlos Gajardo tomaron la temprana decisión de ampliar la investigación –que partió con una autodenuncia de Zúñiga– a los 120 diputados de la Cámara, determinación que Abbott evitó llevar adelante en 2009, pese a tener a la vista indicios de que la práctica de retornar dineros del Congreso hacia las cuentas personales de diputados podía ser generalizada.

"La investigación efectivamente comenzó con la diputada Nogueira. No obstante, en el curso de las indagatorias nos encontramos con múltiples testimonios de funcionarios del Congreso, de otros diputados y de la misma Nogueira, que argumentaban e insistían en que se trataba de una práctica transversal en la Cámara el usar las asignaciones para fines distintos de los legales", reconoce el propio fiscal nacional, al ser consultado por La Tercera.

Según recuerdan intervinientes en la investigación, a mediados de 2009 Abbott envió un oficio reservado al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez -también militante de la UDI-, solicitando los informes de aquellos parlamentarios que se habían gastado el total de sus asignaciones parlamentarias, las que incluían seis ítems: desempeño, bencina, traslado, pasajes aéreos, arriendo y telefonía, y asesorías.

La idea de acotar el criterio, según comenta Abbott, buscaba evitar un daño generalizado a la institución del Congreso. "Para avanzar necesitábamos información objetiva, que no provocara daños institucionales innecesarios, por lo que buscamos definir un criterio ecuánime, enmarcado estrictamente en el sentido de la investigación, que nos diera acceso a la mayor cantidad de información posible. Lo que solicitamos, entonces, fue el detalle de quienes registraban un 100% de gasto en sus asignaciones parlamentarias. Así podríamos focalizar recursos, tiempo y esfuerzos", dice la máxima autoridad del Ministerio Público.

Según versiones rescatadas desde artículos de prensa de la época y de ex protagonistas de la causa, esa diligencia decretada por el entonces fiscal regional se había llevado a cabo tras el emplazamiento que le había hecho la defensa de Nogueira –a cargo de Zumelzu y en otras etapas de Carlos Cortés-, y que revista Qué Pasa describió en la época como "la lista negra de Nogueira".

Tal como corroboran testigos, tras conocerse la decisión del fiscal de que formalizaría a la diputada –quien, a juicio de su defensa, había colaborado sustanciosamente con la investigación–, su abogado solicitó al propio Ministerio Público oficiar al Congreso para conocer si el resto de los parlamentarios estaban en una situación similar de desvíos de fondos del Congreso. Incluso, explican las mismas fuentes, la defensa de la diputada le habría entregado a Abbott una lista de  19 casos.

Sin embargo, la sola idea de abrir una caja de pandora inquietó al fiscal regional, a quien se le reconoce poseer un sentido republicado a la hora de apreciar las instituciones. Además, desde el entorno de Abbott explican que en esos años la obligatoriedad de transparencia que hoy se exige al Congreso aún no se había normado para las instituciones públicas. Y que el argumento que todas las bancadas habían esgrimido en ese entonces para rechazar la información requerida por el Ministerio Público, era que las asignaciones formaban parte de la gestión financiera de sus recursos y que no existía otra institución o autoridad que pueda atribuirse la facultad de fiscalizarlas.

La tensión entre la fiscalía y el Congreso había alcanzado su peak tras esa respuesta, episodio que Abbott recuerda como exitoso. "Aunque hubo tensión, pues se trataba de una solicitud inédita, a la larga obtuvimos alrededor de 40 nombres, de los cuales nos concentramos en los tres o cuatro que detectamos como los más sospechosos, y tuvimos éxito. Hubo condenas, devolución de dineros al Fisco e incluso entregamos información al SII. Fue un primer paso en este tipo de investigaciones, en un momento en que la transparencia no estaba en boga como ahora y que, de alguna manera, demostró que el uso de los recursos asignados al Congreso está sujetos a investigación, al igual como ocurre con el resto de los funcionarios públicos, incluyendo, por cierto, a los fiscales", dice Abbott.

Hoy, quienes conocen el tenor de la causa que está en manos de Guerra, Gajardo y el fiscal adjunto, Pablo Norambuena, explican que Abbott ahora sí está dispuesto a saldar su deuda con el mal uso de las asignaciones parlamentarias, dándoles "manga ancha" en el uso de sus facultades a los fiscales del caso Penta.

Los tres imputados de 2009

Claudia Nogueira no tuvo condena, al igual que el diputado René Aedo. La diputada debió restituir cerca de $30 millones al Fisco, tras el cálculo de que esa era la cifra defraudada. Para acceder a la suspensión condicional, además, se comprometió a pagar $5 millones a Un techo Para Chile, quedando con firma mensual por 18 meses a partir de octubre de 2010.

Aedo, por su parte,  el mismo día de la formalización, que se produjo el 7 de abril de 2010, devolvió $10 millones producto del fraude, y $1 millón a Un techo para Chile.

El único condenado en esta causa fue Maximiano Errázuriz, quien terminó cumpliendo la pena de 4 años con libertad vigilada y la imposibilidad de por vida de acceder a un cargo público.