Hace dos meses, la imagen de Jennelyn Olaires llorando mientras sostenía el cuerpo de su esposo que acababa de ser asesinado se volvió viral en Filipinas. A Michael Siaron, un conductor de tuc-tuc (mototaxi) lo mató un sicario la noche del 23 de julio mientras trabajaba en Manila. Junto a su cadáver se encontró un cartel de cartón con las palabras “soy un traficante de drogas, no me imite”. Pese a la indignación de organizaciones humanitarias, el Presidente filipino Rodrigo Duterte no se conmovió. Incluso, dijo que la imagen era una “una parodia de La Piedad”, en referencia a la escultura de Miguel Angel en la que la Virgen sostiene en su falda el cuerpo de Jesús.
Y es que Duterte, conocido como “el Castigador”, se ha tomado al pie de la letra su promesa de campaña de matar a 100.000 criminales en los primeros seis meses de su mandato con tal de acabar con el narcotráfico. “Si asumo la Presidencia, puedo garantizar que no va a haber una limpieza sin derramamiento de sangre”, dijo antes de ganar holgadamente las elecciones del pasado 9 de mayo. “Quien mate a un traficante será condecorado”, expresó, al tiempo que advirtió que aconsejaba abrir negocios funerarios si alcanzaba la Presidencia.
En el poder desde el 30 de junio, sólo en el primer mes de Duterte en el cargo 35 presuntos delincuentes fueron abatidos a diario en las calles de las principales ciudades de Filipinas, ya sea a manos de la policía o por los autoproclamados “vigilantes”, supuestos escuadrones de la muerte que actúan por su propia cuenta. La misma cifra de muertos en un sólo día bajo su gobierno iguala la registrada en los cinco primeros meses del año, previos a su mandato, según consigna Vice News.
Desde el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” de Duterte, unos 3.500 supuestos narcotraficantes y drogadictos han muerto, cerca de 1.500 en operaciones policiales y el resto víctimas de grupos de ciudadanos que se han tomado la justicia por sus manos. Además, unos 715.000 traficantes y adictos a las drogas se han entregado a las autoridades, más de 17.000 personas han sido detenidas y se ha reducido el suministro de estupefacientes en un 90%, de acuerdo con la policía. De hecho, en Manila se reporta una reducción del 38% de la criminalidad vinculada a las drogas durante el período comprendido entre julio de 2015 y julio de 2016. Pero, a la vez, los números delatan que ha habido un alza del 57% en los homicidios premeditados, y un dramático aumento del 125% en el total de asesinatos registrados.
“Carniceros”
Si bien el jefe de la policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, ha declarado que no hay órdenes directas de disparar a matar puesto que sus agentes no son “carniceros”, la institución aparece cuestionada. Sobre todo a la luz de testimonios de sicarios como “María”, responsable de la muerte de al menos cinco personas. Consultada por la BBC sobre quién le dio la orden para disparar a la cabeza a sus víctimas, la mujer fue categórica: “Nuestro jefe, el oficial de policía”.
Tanto “María” como su esposo provienen de un barrio pobre de Manila y no tenían ingresos fijos. Pero eso cambió cuando aceptaron convertirse en asesinos a sueldo. Ahora ganan hasta US$ 430 por encargo, monto que representa una fortuna en Filipinas.
Duterte ya protagonizó una limpieza similar cuando fue alcalde de Davao, unas de las ciudades más pobladas del sur del país. “Nuestro trabajo era matar a delincuentes como traficantes, violadores, rateros”, dijo la semana pasada Edgar Matobato al testificar ante el Senado filipino. Según el ex miliciano, Duterte ordenó algunos de los asesinatos. Pero “Bato”, como también es conocido el mandatario, niega cualquier conocimiento de la muerte de más de 1.000 personas en esa localidad.
Con todo, Brad Adams, director de Human Rights Watch en Asia, enfatizó que “el testimonio del miembro de un escuadrón de la muerte sobre que el entonces alcalde Duterte estaba implicado en asesinatos y que ordenó otros son alegaciones muy serias que requieren una investigación independiente”.
Pese a la “preocupación” del Departamento de Estado de EE.UU. ante la ola de ejecuciones extrajudiciales y matanzas y a la petición del Parlamento Europeo de “iniciar una investigación inmediata”, Duterte no da pie atrás en su campaña. Lejos de sentirse intimidado, dijo que quiere extender por seis meses su guerra contra las drogas. “No tenía ni idea de que había cientos de miles de personas involucradas en el negocio de las drogas”, justificó.
