Desde el pasado 5 de diciembre, 67 mineros se encuentran a más de 600 metros de profundidad, en la mina Santa Ana, de Curanilahue, Región del Biobío. Es la tercera vez que lo hacen en el último año y medio. Se trata de una protesta, con el fin de conseguir $ 500 millones para recuperar el yacimiento, que está a punto de ir a remate, y seguir trabajándolo. Y aseguran que, de no tener respuesta, pasarán la Navidad bajo tierra, junto a hijos y esposas.

"El gobierno dice que no tiene dinero. Nosotros tenemos una empresa ya formada, de trabajadores, pero nos faltan los recursos", explica Luis Chandía, presidente del sindicato.

En agosto de 2015, los trabajadores de este yacimiento efectuaron su primera movilización en el subsuelo. Exigían el pago de sueldos y cotizaciones pendientes. Tras 14 días, aceptaron una propuesta del gobierno, que incluía capacitaciones por seis meses en diferentes rubros, junto al pago de $ 400 mil mensuales.

Poco después de esa movilización, en septiembre, la empresa SW Curanilahue S.A., operadora de la mina, solicitó la quiebra.

Ahora, los mineros dicen que las autoridades no estarían cumpliendo con el artículo 4 de aquel protocolo, el cual señala que "el gobierno de Chile pone a disposición su equipo jurídico para las labores que busquen la continuidad operativa de la mina".

El minero Sebastián Retamal dice que "agradecemos los cursos, la ayuda que nos entregaron, pero, por más empeño que le pusimos para asistir a las clases, no sacamos mucho. Yo llevo 28 años trabajando como minero. Con la edad que tengo no me contratan en ninguna parte. Acá hay viejos de más de 50 que, con suerte, tienen estudios básicos. Nosotros necesitamos recuperar la mina".

El yacimiento se encuentra actualmente sin permiso de funcionamiento. Está en manos de un liquidador, a la espera de ser rematado. Según explica Lautaro Benítez, seremi de Minería, no existe un instrumento presupuestario que permita al gobierno comprar una mina para que los mineros la trabajen.

"Ellos piden que nosotros los financiemos y eso no es posible, dentro del actual ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que pasaba el año pasado, cuando los empresarios los dejaron a la deriva y el gobierno se hizo cargo de la asistencia social, hoy sí hay un representante legal, y es con él con quien tienen que resolver el tema. Además, esto se resuelve en una junta de acreedores".

Según el presidente de la junta de acreedores, Oscar Manares, se está gestionando la obtención de recursos para adjudicar la mina con cargo a los trabajadores. "El contralor general tiene que tomar una decisión respecto de la reposición administrativa y los recursos que objetó el programa de capacitación y manutención. Pero también pasa por la voluntad de instituciones bancarias".

Para el senador por la zona, Alejandro Navarro (MAS), la mina está productiva. "Todo el trabajo de la capacitación se realizó en el yacimiento y éste mejoró su seguridad. Si el gobierno quiere, puede resolver esto mediante una transferencia, con pase de subsidios de desarrollo productivo".

Agregó que "la fórmula de reconversión de empleo es un fracaso. Capacitar a los mineros y no darles una oportunidad de desarrollo productivo no es la idea".