La publicación de revelaciones de un ex fiscal que cuestionan denuncias oficiales sobre presunto terrorismo en Bolivia y el caso de la demanda marítima contra Chile volvieron a tensar esta semana las relaciones del gobierno de Evo Morales con los medios de prensa.

Además de criticar a la prensa por difundir revelaciones en Brasil del ex fiscal Marcelo Sosa que desmoronan una denuncia oficial del 2009 sobre presunto terrorismo, Morales lo hizo por la publicación de detalles de la demanda marítima.

Del primer caso, Morales dijo que "no se puede entender" que algunos medios de comunicación, que no especificó, "puedan ser los voceros de los separatistas" que "se escaparon a Estados Unidos, los llamados vende patrias, los extorsionadores".

Morales afirmó: "No comparto o acepto y algunos medios de comunicación hacen que ellos sean protagonistas políticos", y se preguntó "qué clase de medios podemos tener en Bolivia si ellos son como representantes, como voceros de esos señores".

La prensa boliviana difundió esta semana revelaciones que hizo en Brasil Marcelo Sosa sobre presunto terrorismo y separatismo que denunció el gobierno en el 2009 y que desmoronan la versión oficial del caso cuya investigación encabezó. 

Sosa, que buscó refugio político en Brasil, dijo que el caso de presunto terrorismo, en el que un grupo de élite de la policía mató a tiros a tres personas y por el que otras 39 están en prisión, fue "montado" y dirigido desde el ministerio de Gobierno. 

El ex fiscal afirmó también que nunca se pudo probar que el grupo sindicado de terrorismo tenía planes de matar al presidente Morales, que el 17 de abril del 2009, un día después de esos hechos, declaró en Caracas que él había dado la orden de actuar.

Sobre la demanda contra Chile, un juez penal dio curso a una denuncia del Procurador General y ordenó a la directora y a un periodista de La Razón que revelen la fuente noticiosa de un reportaje que da algunos detalles sobre el documento.

Según analistas locales, el reportaje de La Razón, que se considera pro-oficialista, no revela nada que pueda perjudicar la causa, en coincidencia con el ex presidente Carlos Mesa, designado por Morales para socializar la demanda.

La directora y el autor del reportaje se enteraron de la denuncia y de la orden del juez una semana después de que éste la había dictado, cuando fueron citados a declarar a la fiscalía sobre un caso ya juzgado.

En criterio de Morales, que afirmó no conocer "si algunos medios son pro chilenos", si un periodista "tiene formación y es patriota" debe "denunciar qué funcionario, qué servidor está sacando información". 

Morales hizo sus críticas el viernes en Oruro, a 230 kilómetros al sur de La Paz, donde entregó un edificio para la sede del sindicato de trabajadores de esa ciudad.

Casi simultáneamente, la asociación que agrupa a los medios escritos expresó "profunda preocupación" por algunos procesos y acciones oficialistas que tienen "una aparente pretensión de debilitar" las libertades de información y opinión.

Según esa asociación, "la suma de dichas acciones genera un escenario crítico" para la prensa que enfrenta "dificultades para cumplir" su tarea de "esclarecer y hacer transparente la función pública a cargo de personas elegidas temporalmente".

Sobre la denuncia contra La Razón, la Asociación de la Prensa exige que se juzgue según las normas de la ley de Imprenta, que data de 1925, y exige que el juez que ordenó levantar el secreto de la fuente informe en qué presuntos basó su fallo.