En casos de espionaje, una de las principales preocupaciones cuando se encuentran micrófonos -ya sea en una oficina o en una casa particular- es saber por cuánto tiempo esos aparatos estuvieron grabando, la cantidad de horas que estuvieron encendidos haciendo su trabajo, registrando conversaciones.
En el caso de supuesto espionaje que golpeó a la oficina del presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, y la oficina en Carozzi de José Juan Llugany, director de esa firma y, además, vicepresidente de la asociación gremial, la cantidad de minutos grabado fue cero.
Nada.
Los chips 4G y 2G Movistar y Entel hallados al interior de los micromicrófonos espías (MME) que se habían instalado en ambas oficinas estaban vírgenes, nunca llegaron a funcionar, según el informe que se encuentra haciendo la brigada del Cibercrimen para la fiscalía.
Esta es una de las señales más fuertes que empiezan a enfocar la investigación en Rubén Zito Aros Oñate (50), el ex carabinero, residente en la V Región, que encontró los aparatos en Carozzi, primero, y en la Sofofa, después.
La policía también investiga la emisión de la señal del GPS de uno de los micrófonos, que fue activado desde otra región del país. Es decir, la señal no fue activada ni en la Sofofa ni en Nos, donde está ubicado el edificio corporativo de Carozzi.
***
El caso de espionaje a los dos miembros de la cúpula de la Sofofa ha tenido un efecto búmeran. Cuando Hermann von Mühlenbrock denunció que micrófonos se habían instalado en su oficina, ese búmeran agarró fuerza y apuntó afuera de la Sofofa. Mucho se discutió sobre quiénes querrían conocer conversaciones de las dos máximas autoridades de esa organización empresarial. Y las hipótesis fueron varias: desde un intento por enlodar las elecciones para elegir una nueva directiva -que se terminaron desarrollando el mes pasado- y que dejaron a Bernardo Larraín Matte a la cabeza de la nueva directiva, hasta un supuesto espionaje sentimental, tesis empujada con amplia publicidad por el ex Presidente Sebastián Piñera.
Que el ex sargento segundo de Carabineros Rubén Aros, el hombre que encontró los micrófonos en ambos lugares luego de que se le encargara hacer un barrido electrónico, haya pasado de testigo a imputado devuelve el búmeran al lugar de origen.
Todo partió cuando Llugany le dice a Anfión Varela (60), el jefe de seguridad de Carozzi, que cree que está siendo espiado. "Necesitamos revisar Carozzi", le dice Llugany a Varela, quien le responde que tiene a la persona idónea para ese trabajo y que la va a contactar. Varela, en su declaración a la fiscalía, dice que se refería a Aros, a quien había conocido hacía un año en circunstancias desconocidas. Lo que sí se sabe es esto: ambos hombres tienen formación militar (Varela llegó a capitán de fragata en la Armada y Aros, a sargento segundo en Carabineros) y ambos hombres son de la V Región, al igual que Llugany. Mientras Varela pasó a retiro hace 20 años para transformarse en jefe de seguridad de Carozzi, Aros lo hizo en 2011 para montar su informal empresa de seguridad.
A instancias de Varela, quien en sus años en la Armada gozó de una buena reputación y fue parte de Los Cosacos, el Cuerpo de Infantería de Marina de la institución, José Juan Llugany aprobó que Aros revisara las oficinas de Carozzi.
El procedimiento se hizo un domingo de mayo, cuando las oficinas de la empresa estaban vacías. Ambos hombres, Varela y Aros, ingresaron a Carozzi solos. En la revisión, Aros dijo haber encontrado un micrófono espía que funciona a control remoto. Basta que un celular conectado al aparato llame para que el micrófono se active, pues opera con un sistema 4G. En su relato, Varela dice que estuvo la mayor parte del tiempo con Aros, pero que en un momento salió de la oficina de Llugany.
Minutos más tarde, encontraron el primer micrófono.
Con la información en la mano, Llugany le cuenta a Von Mühlenbrock, en Antofagasta, sobre el hallazgo, y agrega que si hay micrófonos es por su puesto directivo en la Sofofa, porque en Carozzi no tienen nada que ocultar. De hecho, Llugany afirmó en una entrevista a El Mercurio que apenas pasa el 20% de su tiempo en Carozzi y que si alguien quisiera encontrar información detallada sobre la firma habría puesto micrófonos en las oficinas de los gerentes, quienes manejan los temas más sensibles. Es en esta misma conversación cuando Llugany le dice a Von Mühlenbrock que le enviará a la persona indicada, refiriéndose a Aros, el mismo hombre que había hecho el barrido en Carozzi.
Según diversas versiones, además de acordar el día de la revisión, pactan con Aros por todo el trabajo honorarios por poco más de $ 2 millones, monto que aún no se ha pagado.
Algunos de los relatos marcan diferencias con la versión que entregó Llugany en entrevista del 28 de mayo. En sus declaraciones a El Mercurio aseguró que "el descubrimiento se hizo por casualidad en mi oficina en un chequeo de rutina por seguridad". Los testimonios en poder de la policía dan cuenta que el descubrimiento de los micrófonos fue el primer trabajo de Rubén Aros para Carozzi.
Cercanos a Von Mühlenbrock dicen que, días más tarde, a Aros se le dejó ingresar a la Sofofa, porque venía recomendado por Llugany, el vicepresidente de organización. Ese día, Aros llegó con el detector que había arrendado en la Casa del Espía.
Según versiones de Carlos Cayo -gerente corporativo de Sofofa- y Priscilla Cruz -gerenta de Informática-, ambos acompañan a Aros en su recorrido por las instalaciones. Una vez adentró, Aros hace una extraña petición: dice que necesita tapar las cámaras de seguridad. Según él, con algunos artefactos, como las cámaras, el detector suena sin que haya necesariamente un micrófono. Aunque en todo momento Cruz acompañó a Aros, la gerenta habría señalado que el detector sólo sonó con un transformador que había adosado a la pared, pero que cuando Aros halló el micrófono no recuerda que el detector haya emitido ningún tipo de alerta.
Consultado por Reportajes sobre la relación con Rubén Aros, Ian Yutronic, de la Casa del Espía, dice haber conocido al ex carabinero hace un par de años. "Lo he visto unas cinco veces en ese periodo de tiempo", dice Yutronic. "Todas esas veces nos arrendó equipos de barrido electrónico, equipamiento para detectar micrófonos como el que usó en la Sofofa. Nuestra relación con él fue estrictamente comercial, como la que mantenemos con todos nuestros clientes".
¿Por qué durante la semana pasada cambia de testigo a imputado la condición de Aros? Cuando se hace evidente que hay ciertos relatos que no calzan en el testimonio de Aros, se le pasa de testigo a imputado para resguardar sus derechos. Esta convicción de Manuel Guerra está basada en las diligencias de sus fiscales Lorena Parra y Roberto Contreras, quienes, según fuentes del caso, encontraron antecedentes en la investigación policial que apuntan a un eventual engaño de Rubén Aros, el dueño de Profacis.
De comprobarse que Aros mintió ante los fiscales e, incluso, ante quienes lo contrataron, se evalúa imputarle una causa por alarma pública injustificada, estipulada en el Artículo 268 del Código Penal chileno. Si bien la indagatoria surgió por ilícitos que sancionan eventuales interceptaciones de comunicaciones privadas, un delito que requiere que se haya registrado -al menos- una conversación;la fiscalía no descarta un giro de esta investigación al delito de alarma pública. Este sanciona a quienes generen falsas alertas a instituciones, arriesgando penas de hasta 541 días de cárcel. También se podría tipificar el caso por obstrucción a la investigación en el supuesto de que algún interrogado haya mentido.
***
Rubén Aros, quien no ha querido entregar su versión de los hechos a La Tercera, se acogió a retiro en 2011, cuando trabajaba en la Segunda Comisaría de Valparaíso, en pleno plano de la ciudad. Debido a la constante rotación de los carabineros, solo un par de uniformados más antiguos lo recuerdan. Y sus recuerdos de Aros poco tienen que ver con lazos humanos y más bien se refieren a haberlo visto entrar y salir de la unidad vestido de civil. Aros trabajaba en ese entonces para la comisión civil, ahora conocida como SIP, Sección de Investigación Policial, conformada por carabineros que seguían investigaciones encargadas por la fiscalía regional. El equipo de Aros trabajaba vestido de civil, como un detective de la PDI.
Siendo carabinero, Aros, quien ingresó en 1988 a la institución, no consiguió ninguna especialidad ni tampoco llegó al grado más alto de suboficial, pues pasó a retiro como sargento segundo. Quienes conocen su carrera dicen que tuvo un desempeño plano.
Profacis, el nombre por el que se hizo conocida su empresa de seguridad, luego de que el caso Sofofa se hiciera público, no tiene iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Tampoco es una sociedad constituida en el Diario Oficial. No registra boletas o facturas a su nombre. Según la investigación, Angélica González, su ex mujer, de quien Aros se habría separado hace siete años y con quien tuvo dos hijas, ambas mayores de edad, es quien emitió boletas de honorarios a su nombre como persona natural. De acuerdo a los datos recabados por la policía, durante estos últimos meses, González, quien trabaja como enfermera en un consultorio de Valparaíso, hizo boletas por servicios que alcanzan los $ 20 millones de pesos. Entre las compañías que aparecen en dichos servicios, la única empresa conocida que figura es Colún.
Es por eso que Profacis no cuenta ni con oficinas ni página web. El nombre, de hecho, es de fantasía y alude a la formación de Aros: Profesionales de Fuerzas Armadas Carabineros Investigaciones Servicios. Profacis.
En el informe pericial que Aros hace a la Sofofa sobre los micrófonos se autodenomina como "agente" cuando habla de él mismo como la persona que los encontró. Pese a que se supone que hizo un extenso peritaje, para lo cual se llevó consigo los micrófonos hallados y no se hizo la denuncia de inmediato, cuando fue interrogado por la fiscalía no logró recordar bien la ubicación de la oficina de Von Mühlenbrock.
Ese tipo de contradicciones, sumado a que el mismo Aros haya tapado las cámaras de seguridad con papel alusa y que los micrófonos nunca hayan funcionado -a pesar de que Llugany declaró a El Mercurio que estos habrían estado instalados en las oficinas desde fines de febrero pasado-, continúan dejando el caso Sofofa con un final abierto.
