Un fuerte rechazo ha recibido desde la oposición venezolana la intención del gobierno del Presidente Nicolás Maduro de poner en marcha un sistema biométrico para controlar las compras en locales públicos y privados con el objetivo de detener el contrabando de bienes y la escasez de alimentos. El plan oficialista, anunciado a mediados de semana por el gobernante, consistirá en instalar lectores de huellas digitales en supermercados (públicos y privados), farmacias y mercados, para impedir compras excesivas de algunos productos, especialmente de aquellos incluidos en la canasta básica que están altamente subsidiados por el Fisco venezolano.
Así, por ejemplo, un estudio reciente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios en el estado de Zulia señaló que el 98,4% de la bencina es subsidiada por el erario público. Sólo a principios de año el desabastecimiento de productos regulados por el Estado rondaba el 47,7%.
Según el ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, el sistema biométrico “en los mercados no es otra cosa más que tarjeta de racionamiento, otro fracaso del gobierno”.
En paralelo, el diputado Ismael García, ex aliado del fallecido Presidente Hugo Chávez, vaticinó que la medida se puede convertir en una “bomba de tiempo... Esto va a generar el rechazo de la mayoría de la población, que ya tiene tiempo sometida a humillaciones y restricciones en todos los sectores”, según consignó la agencia Dpa.
De acuerdo con el gobierno de Maduro, parte del desabastecimiento se debe a que más del 30% de los productos básicos son sacados ilegalmente del país. Además, el Ejecutivo constantemente denuncia una campaña económica en su contra desde la oposición. Los empresarios, a su vez, sostienen que el descenso en la venta de dólares y la burocratización del proceso han impedido la compra en el exterior de materias primas, repuestos y equipos, lo que ha afectado la producción nacional, según la agencia AP.
Esta no es la única medida polémica de Nicolás Maduro. Ya hace unos meses había lanzado la idea de instaurar una “Tarjeta de Abastecimiento Seguro”, tendiente a contabilizar las compras en la red estatal de distribución. A la fecha y según AP, el mecanismo no ha prosperado. A finales del año pasado y con militares en la vanguardia, el presidente intervino una cadena de tiendas de electrodomésticos para imponer la venta de artículos a “precios justos”. Hace poco más de una semana, en tanto, decidió cerrar la frontera con Colombia durante la noche y por un mes, para detener el contrabando transfronterizo; Bogotá rechazó esta medida y la catalogó de “unilateral”.
