El martes de la semana pasada, el fiscal nacional Jorge Abbott sostuvo una conversación con el regional Oriente, Manuel Guerra. En la ocasión abordaron, entre otras cosas, los alcances de la investigación en curso en torno a las asesorías parlamenarias externas del Senado, la que ha provocado una pública pugna con la corporación luego de que el persecutor solicitara la entrega de todos los contratos e informes con que los asesores debían respaldar sus trabajos.
En la conversación el jefe del Ministerio Público obtuvo detalles de la información remitida por el Senado -que excluyó los informes requeridos-, y omitió referirse a su propia postura frente a la indagatoria, la que sí ha transmitido entre su entorno más cercano al interior de la fiscalía nacional.
Abbott, quien en 2012 investigó a la Cámara de Diputados por el uso de asignaciones parlamentarias, ha señalado en privado que hubiese preferido que la indagatoria se acotara a un número determinado de asesores. Por ejemplo, explican los conocedores de su postura, que se hubiese configurado un listado de asesorías con altos costos o bien recurrentes, que pudieran dar indicios de posibles irregularidades.
Abbott también ha planteado en distintas reuniones -lo que ha llegado también a oídos de parlamentarios- que hubiera preferido manejar los tiempos de la indagatoria de manera más pausada, para que la fiscalía no apareciera reaccionando inmediatamente frente la denuncia de un medio de comunicación sobre un "copy-paste" realizado por un asesor del senador Alejandro Guillier.
El fiscal nacional, sin embargo, ha sido enfático en señalar que sí espera que los hechos sean investigados. Y que de haber delitos, estos sean sancionados. Del mismo modo, recalcan en su entorno, que Abbott no impondrá su criterio a Guerra ni a su equipo.
Los argumentos del Senado
Entre los más de 1.300 contratos que el Senado remitió el viernes 6 de octubre al fiscal Guerra, se incorporó un informe en derecho que el abogado penalista Jorge Bofill redactó especialmente como base jurídica a la respuesta que los senadores entregaron al Ministerio Público.
El documento de 17 páginas, donde se incluyen nueve conclusiones, cuestiona la pertinencia y utilidad de la solicitud de los fiscales, asegurando que la diligencia no tiene relación con la causa inicial.
"El requerimiento efectuado por el Ministerio Público no dice relación con el hecho específico que se investiga", dice, apuntando a la autodenuncia de la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, sobre asesorías presuntamente falsas prestadas a la diputada Claudia Nogueira. "No dice relación con los hechos investigados en relación a doña Claudia Nogueira en su calidad de diputada de la República pues, como resulta obvio, esta última es miembro de la Cámara de Diputados y no del Senado", escribió Bofill.
Y agrega: "Para que el requerimiento de información dirigido al Senado constituyera una diligencia de investigación conducente, pertinente y útil, sería necesario que el Ministerio Público hubiera tomado conocimiento de hechos distintos de los originalmente investigados que pudiesen ser constitutivos de delitos".
Incluso, el informe califica la investigación de arbitraria: "Enfrentados los límites entre actuación discrecional o arbitraria del Ministerio Público, la única conclusión posible es que los oficios dan cuenta de lo segundo".
Finalmente sostiene que "el actuar del Ministerio Público constituye una infracción a los principios de supremacía constitucional", asegurando que "la ley proscribe la posibilidad de que el órgano persecutor lleve adelante inquisiciones generales a falta de mejores datos sobre la existencia de un hecho punible que justifique su actuar".
