En el acceso a la residencia del ex alcalde Cristián Labbé figura como decoración una de las señaléticas de tránsito que sindicaban en Providencia el nombre de la antigua avenida 11 de Septiembre. Por esa misma entrada, la familia del coronel (R) salió rauda ayer, a las 15 horas, rumbo al Batallón de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.

En ese lugar, el ex uniformado quedó detenido luego de que la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, lo procesara por asociación ilícita y ordenara su prisión preventiva, en el marco de la investigación por el caso Tejas Verdes, campo de detención en San Antonio, donde -según la causa- se torturó y ejecutó a presos políticos tras el Golpe Militar.

La detención del ex edil de Providencia tomó por sorpresa a Labbé, a su familia y a la UDI, partido donde milita y que en las últimas semanas se ha visto convulsionado por la arista política del caso Penta.

Y es que pese a que el viernes pasado Labbé había recibido una citación para comparecer a la Corte de Apelaciones de San Miguel, la resolución de ayer no estaba entre sus pronósticos. Por lo mismo, la detención golpeó profundamente su estado anímico, según reconociera, entre otros, el timonel gremialista, Ernesto Silva, tras visitarlo en horas de la tarde (ver secundaria).

ACUSACION

Según el dictamen, desde el 11 de septiembre de 1973 "se formó una agrupación jerarquizada, integrada por funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la Policía de Investigaciones, junto a civiles", la que "funcionó en el Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y sus dependencias anexas, lugares en que se mantuvo privadas de su libertad, sin derecho, a personas opositoras al gobierno recién instalado, se les torturó y se les ejecutó".

Y respecto de la participación de Labbé, se señala que, en calidad de integrante de esa agrupación, habría entregado "preparación en labores de inteligencia, seguimientos y métodos de interrogatorio y tortura".

El abogado y ex asesor jurídico de Labbé en la municipalidad, Cristián Espejo, aseguró que la jueza accedió a otorgarle libertad bajo fianza, pero que ésta debe ser ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas. Desde el entorno familiar, también informaron ayer que buscarán un abogado para asumir la defensa.

OFENSIVA DE INTERIOR

Tal como ocurrió en el caso del diputado Rosauro Martínez (RN) -procesado por la muerte de tres miristas-, fue el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior la entidad detrás de la solicitud del procesamiento de Labbé.

De hecho, tras conocer la resolución de la jueza Marianela Cifuentes, el secretario ejecutivo del programa, Francisco Ugás, anunció que, junto con oponerse a la libertad bajo fianza del ex edil, apelarán para que también se le procese por los delitos de secuestro, tortura y homicidio.

Según detalló Ugás, el requerimiento se haría en relación con "su participación criminal en calidad de coautor en ocho secuestros simples, su participación en calidad de coautor de cinco delitos de secuestros calificados, su participación en calidad de coautor de 13 delitos de aplicación de tormentos y, asimismo, su participación en calidad de coautor de ocho delitos de homicidio calificado".

Sobre las posibles penas que podría recibir en la eventualidad de ser condenado, el jefe del área jurídica del Programa de DD.HH., Rodrigo Lledó, explicó que por asociación ilícita Labbé podría arriesgar presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, desde cinco años hasta cadena perpetua.

Independientemente de su situación procesal, cercanos a la familia del ex alcalde manifestaron su preocupación por el impacto del caso y, en este sentido, por la vinculación laboral de Labbé con la U. Finis Terrae, donde imparte clases a estudiantes de Derecho.