Una reunión con unos veinte abogados constitucionalistas sostuvo el miércoles pasado, en la sede de su fundación Democracia y Desarrollo, el ex Presidente Ricardo Lagos, quien figura desde septiembre como una de las principales cartas del oficialismo para convertirse en candidato a La Moneda.

El ex mandatario citó a los expertos para definir con ellos la presentación de los resultados de la segunda plataforma digital Nuestra Constitución, programa que desde julio pasado invitaba al público a opinar respecto de reformas en materia constitucional.

La iniciativa correspondió a la selección de 200 propuestas de las 500 que formaron parte del libro "Tu Constitución, el primer documento que ex el presidente dio a conocer públicamente en abril pasado, y en el que también se desarrollaron iniciativas ciudadanas.

Así, a la cita de la semana pasada en la sede de la fundación, asistieron el director del programa, Gonzalo Cowley, y expertos que formaron parte de su primer proyecto y que luego conformaron un consejo directivo dedicado al segundo. En entre ellos participaron los observadores del proceso constituyente del gobierno, Lucas Sierra, Salvador Millaleo y Francisco Soto.

Además, asistió Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y ex coordinador programático constitucional en el comando de Michelle Bachelet, y el ex subsecretario del Interior durante el gobierno de Lagos, Jorge Correa Sutil.

En dicha reunión, los presentes acordaron programar el lanzamiento de un nuevo libro para inicios de enero del próximo año. El día 14 de ese mismo mes, además, el ex presidente espera ser proclamado como candidato presidencial del PPD durante su consejo nacional. De hecho, según los presentes en la cita, el ex mandatario no tenía interés en realizar un lanzamiento del texto, para evitar mezclar el tema con sus aspiraciones presidenciales. La idea original de Lagos era distribuirlo de inmediato a representantes de los principales poderes del Estado, y subirlo a la web para su acceso público a través de la misma plataforma Nuestra Constitución.

Sin embargo, fueron los abogados constitucionalistas quienes lo instaron a lanzar el texto públicamente. Uno de los argumentos de los expertos fue la idea de hacer coincidir el evento con la entrega de las bases ciudadanas para una nueva Constitución, proyecto que los observadores del proceso constituyente nombrados por el gobierno tendrán listo en esa misma fecha. De esta forma, los constitucionalistas plantearon a Lagos la importancia de generar un debate nacional en torno a las reformas constitucionales.

Derechos sociales lideran prioridades

Al igual que el primer texto constitucional, el segundo libro se compondrá de ocho capítulos que incluyeron las propuestas del primero. Dentro de estos apartados expuestos en la plataforma web, cada propuesta marcaba un botón "de acuerdo" o "en desacuerdo", y opcionalmente se podía compartir en las redes sociales.

Entre los capítulos más votados estuvieron los derechos y acciones constitucionales (47%) y dentro de este ítem, un 35,5 % privilegió los derechos sociales, económicos y culturales. El principal derecho social fue la educación, con un 20,1%. Entre estas últimas iniciativas, se abordó la educación superior: "Mejorar la calidad de las universidades y que estas puedan convertirse en centros de investigación y desarrollo. Para esto se deben ampliar mecanismos de acreditación y fiscalización", se describía en una de las ideas.

Dentro del tópico de derechos sociales, además, se plantearon propuestas en ámbitos como previsión o salud. Por ejemplo, se votó por la idea de "sustituir el actual sistema de AFP por uno de reparto o uno de carácter mixto, con financiamiento tripartito". También se incluyó el derecho a la salud como "una preocupación prioritaria del Estado ".

Además, el libro que presentará Lagos mencionará, a través de otras propuestas, varias críticas al sistema político actual y al rol de las autoridades. En ese sentido, una mayoría cuestionó la dieta de los legisladores, los beneficios a las Fuerzas Armadas, y se privilegiaron propuestas en materia de transparencia en la función pública.