El senador del PPD Ricardo Lagos Weber valoró esta mañana la "voluntad de sentarse a conversar" expresada por el gobierno al momento de negociar con la Concertación el proyecto del royalty a la gran minería. Esto, tras el acuerdo en torno a esta iniciativa logrado ayer en el Senado.

"La vez anterior, hace tres o cuatro meses atrás, el gobierno no estuvo dispuesto a sentarse a conversar (…) Hoy día tenemos más porque hubo voluntad de sentarse a conversar", afirmó Lagos Weber esta mañana en una entrevista a la radio ADN.

En esa línea, el senador agregó que este "es el primer acuerdo que creo que tenemos en un tema muy fundamental entre gobierno y oposición, después de siete meses de gobierno del Presidente Piñera. Y ojalá que se pueda repetir esto en otras áreas emblemáticas".

Lagos Weber destacó algunas ventajas del proyecto, como el hecho de que "la invariabilidad de seis años tiene un corto menor para nosotros porque estamos recaudando más para el Estado chileno, obtenemos más renta de las empresas mineras, tenemos la posibilidad de revisar el estatuto del inversionista extranjero, y hay más recursos para regiones y una invariabilidad menor".

"Acá se demuestra que perseverando se pudo lograr más para Chile. No tengo idea quién perdió la vez pasada, con carcajada incluida, ni quien gana o quien pierde aquí con este acuerdo (...) pero esto es infinitamente mejor para Chile que lo que había", sostuvo.

Con estas declaraciones, el Lagos Weber se alinea con algunos de sus pares de los demás partidos de la Concertación, como el senador del Partido Socialista Camilo Escalona, o el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, quienes ayer destacaron el clima de entendimiento en la negociación que llevaron a cabo con el Ejecutivo.

Pese a esto, el acuerdo por el royalty a la gran minería al que se llegó en el Senado no fue bien recibido por un grupo de diputados de la Concertación, quienes expresaron su malestar porque los senadores opositores aceptaran una invariabilidad tributaria de seis años.

Incluso, un grupo de 31 diputados, liderados por el PPD Enrique Accorsi, estudiaba presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional.