Las batallas preliminares del juicio de Caval

Mientras ella sigue empecinada en viajar a Estados Unidos para atender posibles nuevos negocios, en la Fiscalía Regional de O'Higgins ya están definiendo la pena que pedirán para Natalia Compagnon, la esposa de Sebastián Dávalos y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, por su participación en la investigación original del llamado caso Caval. El documento todavía no está redactado, pues quedan varias semanas para la audiencia de cierre de la investigación del 30 de junio y otros 10 días para presentar la acusación, pero el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, parece tener una decisión tomada al respecto.

Los delitos tributarios reiterados que se le imputan a Compagnon -declaraciones de renta maliciosamente falsas y uso de facturas falsas de la sociedad Lo Beltrán- le permiten a la fiscalía escoger la sanción dentro de un rango de entre tres años y un día y cinco años de presidio menor en su grado máximo, reconociéndole a la acusada la atenuante de irreprochable conducta anterior, pero no la de colaboración eficaz, por información que habría omitido en sus primeras declaraciones. En este escenario, ha trascendido que la fiscalía pediría una pena de cuatro años más una multa entre el 50 y el 300% del dinero evadido, es decir, un monto que puede ir de los $ 180 a los $ 400 millones en el caso de Caval.

Antes de que los persecutores acusen formalmente, se verán las caras con Compagnon el viernes 16 en el mismo tribunal, cuando ella insista en que se le levante la medida cautelar de arraigo nacional, una petición a la que Moya se negará por un eventual peligro de fuga. Según fuentes cercanas a ambas partes, que el enfrentamiento entre el fiscal y el defensor de Compagnon, Antonio Garafulic, se extienda a un juicio oral es inevitable, como señaló el jefe de Moya, el fiscal regional Emiliano Arias, en entrevista con La Tercera. "Hasta la fecha, ella va a juicio oral, con los antecedentes que tenemos hoy día", dijo hace un par de semanas.

Tampoco ha habido una mayor consideración de la fiscalía hacia Sebastián Dávalos, más allá de su sobreseimiento del delito informático por el supuesto borrado de su computador de La Moneda. El hijo mayor de la Presidenta tiene fijada una audiencia de sobreseimiento definitivo para el mismo 23 de junio, que también será rechazada por los fiscales, pues no desestiman que surjan nuevos antecedentes de otras aristas del caso que aún no están cerca del cierre. Varios otros imputados que trabajaron en Caval junto a Dávalos están en esta misma situación, como, por ejemplo, Sol Herreros, Marcelo Carreño o Sandra Ulloa.

"No es descartable que otros integrantes de la familia presidencial, como Sebastián Dávalos, tengan una participación en hechos punibles. Si se le otorga el sobreseimiento, su participación pasa a ser cosa juzgada, y todavía quedan cosas por determinar. Hay otras líneas de investigación que todavía pueden dar frutos", opina el abogado querellante Mario Zumelzu, quien también se opondrá al sobreseimiento definitivo.

Puede que los plazos sean lo único en lo que coinciden los investigadores del caso con el matrimonio Dávalos-Compagnon. Ambas partes no desean extender nuevamente el tiempo límite de investigación, por lo cual Garafulic no pedirá más diligencias y no se opondrá al cierre.

Además de esta causa, Compagnon está formalizada por estafa tras la querella del primer cliente de Caval, el magnate agrícola Gonzalo Vial Concha. Esta arista está aún en plena fase de investigación.

$ 400 millones.

Con la tranquilidad de que no le queda nada que perder, Patricio Cordero se presentará este viernes 16 en el Juzgado de Garantía de Rancagua para entregar su testimonio delante del tribunal, los fiscales y todos los demás intervinientes del caso Caval. De acuerdo a lo que ha acreditado mediante diferentes documentos médicos, Cordero todavía se está tratando una masa tumoral en la vena porta -principal conducto transportador de sangre al hígado- y no tiene certeza de poder llegar a la fecha de un eventual juicio oral. Por esta razón, tanto su defensa como el Ministerio Público solicitaron que rindiera "prueba anticipada", para que su declaración pueda ser considerada a futuro por el Tribunal Oral en lo Penal.

A pesar de que la audiencia de cierre de la investigación recién está agendada para dos semanas después -el viernes 30 de junio-, en la práctica, el juicio del caso Caval comenzará con el polémico pero importante testimonio de Cordero, imputado por delitos tributarios tras facilitarle a Caval facturas falsas de Lo Beltrán, empresa de su propiedad.

Sin embargo, la declaración de Cordero ya fue impugnada por las defensas de otros dos imputados: el socio de Natalia Compagnon en Caval, Mauricio Valero, y el ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, ambos formalizados en la llamada arista Saydex.

Los representantes legales de ambos han reclamado en varias ocasiones al tribunal por la calidad de testigo que Cordero tiene en los hechos relativos a Saydex, una arista que en un comienzo fue independiente de la principal, pero que el año pasado fue agrupada a esta última.

José Luis Torres, un abogado que no estaba vinculado a la causa, incluso presentó recientemente un reclamo contra los tres fiscales que investigan la causa -el regional Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allende- por su decisión de no formalizar a Cordero por cohecho en la arista Saydex, teniendo supuestamente todos los elementos para hacerlo en la carpeta investigativa.

Algunos conocedores de la causa opinan que Cordero, a pesar de haberle traspasado $ 20 millones a Mora para favorecer las opciones de Saydex en la licitación informática de los hospitales de Maipú y San Borja Arriarán, no habría obtenido beneficios de estas gestiones. Según estas mismas fuentes, Mauricio Valero, en cambio, habría coordinado estos pagos y depositado el dinero a Cordero para que este lo traspasara a Mora y favoreciera así a Saydex, que era su cliente y le había cancelado ya $ 170 millones.

"Si yo le pido a usted que le pague una coima a un carabinero para evitarme un parte, ¿quién es el beneficiario? ¿Usted o yo? Para que exista cohecho, debe haber una contraprestación", comenta un interviniente.

Las defensas de Valero y Mora no se conformarán con las resoluciones del tribunal respecto de la calidad de testigo de Cordero en la arista Saydex e interpondrán diversas quejas esta semana contra el tribunal, los fiscales y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por refutar la condición de imputado que Cordero tuvo alguna vez en la causa. También plantearán estas incidencias en la audiencia de este viernes 16, antes de que Cordero tome la palabra para intentar evitar que declare.

Aunque algunos intervinientes permanecen escépticos ante la gravedad del cáncer que aqueja a Cordero, sus cercanos dicen que su estado es crítico y que le importa poco lo que ocurra en el proceso. Le es casi indiferente optar a una suspensión condicional del procedimiento o a un juicio abreviado, siendo uno de los pocos imputados a los cuales se le reconocerá la atenuante de "colaboración eficaz". Esto le permitiría optar a una pena menor a la de Natalia Compagnon por delitos tributarios similares.

En tanto, su esposa, Paulina Besserer, socia en Lo Beltrán, podría acogerse a una suspensión condicional del proceso, al no comprobarse que supiera de la facilitación de facturas de su marido.

Por su parte, Valero arriesga algunas de las penas más contundentes de la causa, según lo evaluado durante estos días por la fiscalía: dos condenas de entre tres años y un día y cinco años por soborno y delitos tributarios, respectivamente, además de las multas correspondientes, que ascenderían hasta el 200% de lo pagado por el soborno y hasta el 300% de lo evadido en impuestos.

Uno de los elementos determinantes para las perspectivas del socio de Caval será si los investigadores le reconocen colaboración eficaz. "Me parece que Valero sí ha cooperado, a diferencia de Compagnon", opina Zumelzu.

Nibaldo Mora, por su parte, se sumaría al grupo de 13 imputados originales que serían acusados después del 30 de junio, por cohecho y enriquecimiento ilícito. La fiscalía también está investigando diversos desvíos de fondos y traspasos de propiedades hacia algunos familiares.

No todas las defensas están tan seguras de que el cierre de la investigación se decida el 30 de junio. Diversos abogados del caso aseguran que todavía restan muchas diligencias por realizar antes de ponerle el punto final a la indagatoria y pasar a la siguiente etapa procesal. "Tenemos varias diligencias pendientes, por lo que no nos conviene el cierre", dice Carlos Astorga, representante de Juan Díaz, quien sería acusado como cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico Herman Chadwick -entre tres años y un día y cinco años de reclusión-, autor de soborno -entre tres años y un día y cinco años- y autor de delito tributario -entre 541 días y tres años-.

Tal como prácticamente todas las defensas, Astorga dice estar preparado para enfrentar un juicio oral que todavía ve lejano, pero que no descarta alguna otra salida si la fiscalía se la propone:"Siempre es posible conversar, aunque un abreviado no acomoda a nadie, porque nosotros mantenemos la inocencia de Juan. No estamos cerrados a nada, pero trabajamos cada día en función de un juicio oral que podría comenzar en octubre o noviembre, no antes. Creo que habrá muchas incidencias en la audiencia de cierre y suspensiones temporales en la preparación del juicio oral, así que la fecha es impredecible".

El síndico Herman Chadwick Larraín tampoco es partidario de cerrar la investigación, ya que tiene diligencias pendientes y un recurso ante la Corte Suprema por su derrota en un litigio civil con los acreedores del convenio judicial preventivo de Wiesner S.A., los dueños originales del terreno en Machalí comprado y vendido por Caval.

Para Chadwick, la fiscalía también está pensando en penas importantes por varios delitos: por las ventajas indebidas del síndico, arriesga entre tres años y un día y cinco años, mientras que por la acumulación de delitos tributarios, entre seis y 11 años.

En las últimas semanas, dos antiguos colaboradores de Chadwick imputados en la causa prestaron declaración: Mariclara González y Andrés Orchard. Su intención de aportar algunos nuevos datos a la indagatoria tendría como objetivo optar a una suspensión condicional del proceso, dado que sus eventuales penas como encubridora y cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico son bajas, ya que están en el rango de entre 541 días y tres años de presidio menor en su grado medio.

Algo diferente es la posición de Mario Vargas, abogado de Cynthia Ross, la arquitecta que boleteaba para la Municipalidad de Machalí que fue formalizada por cohecho al recibir pagos de Juan Díaz por presuntas gestiones realizadas a favor del cambio de uso de suelo del terreno de 44 hectáreas en Machalí. "Tenemos dos diligencias que no nos han llegado, pero después de agotarlas no tenemos problema en que el proceso se mueva lo más rápido posible", dice Vargas.

De acuerdo a las proyecciones del MinisterioPúblico, Ross arriesga una pena de entre tres años y un día y cinco años de reclusión en su grado máximo más una multa de hasta el doble del dinero recibido. Su defensa no está dispuesta a un abreviado y también piensa en un juicio oral.

Otra parte relevante de la acusación que el Ministerio Público debe presentar 10 días después del cierre efectivo de la investigación es la prueba testimonial que se ofrecerá al tribunal para probar los hechos. Además de los acusados, que podrán escoger entre declarar o guardar silencio, la fiscalía tiene la facultad de llamar a los testigos que estime pertinentes. De antemano, ya ha trascendido que el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, será llamado a comparecer para que explique los detalles de la reunión que sostuvo con Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos el 6 de noviembre de 2013, en la cual se discutió la entrega del crédito de $ 6.500 millones para la compra del predio en Machalí. También deberá volver a hablar del otro proyecto que lo unió con Compagnon en la obtención de permisos para una planta de la CCU en Renca.

Lo mismo se aplicaría al caso de Dávalos, quien sería convocado a declarar sobre aquella misma reunión en el Banco de Chile, pero también sobre los demás trabajos que realizó para Caval como parte del equipo.

Hasta este minuto, la fiscalía también evalúa citar a importantes personeros de La Moneda, como la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, quien realizó informes de derecho ambiental para Caval. Menos posibilidades existen de una comparecencia de la Mandataria Michelle Bachelet, pues su única declaración en este caso no fue un aporte sustancial a la indagatoria. No obstante, esta es una materia de discusión entre los fiscales Moya y Arias.

"Siempre va a haber un manto de duda respecto de lo que realmente pasó. A la fiscalía le faltó convicción para desarrollar hipótesis de tráfico de influencias entre La Moneda y el Banco de Chile, y sus personajes más importantes. El Ministerio Público no fue tan arriesgado con ellos como con los bandos medios", se queja el defensor de Cynthia Ross, Mario Vargas.

Por su parte, el querellante Mario Zumelzu asegura que esperan la acusación de la fiscalía para saber si se hará parte de ella o si presentará una propia. "Durante el juicio oral pueden surgir nuevos antecedentes respecto del negocio original del terreno en Machalí, la real participación de Sebastián Dávalos y Andrónico Luksic. Quedan cosas aún por determinar en esta causa", señala el jurista.