La mañana del 16 de junio de 2005, la Fiscalía Sur formalizó a Francisco Figueroa, quien fue detenido con un arma de fuego, supuestamente intentando asaltar a un taxista en San Miguel.
A la audiencia, que se desarrolló en un Centro de Justicia a medio terminar, asistieron parlamentarios, ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. También el entonces ministro de Justicia, Luis Bates, y las máximas autoridades de la Defensoría Penal y del Ministerio Público.
El motivo de tamaña expectación era que, con esta simple audiencia, se daba inicio a la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, con lo que el nuevo sistema de justicia entraba en vigencia en todo el país. En los cinco años previos, se había implementado de forma escalonada en el resto de las regiones.
Desde aquel día, y hasta marzo de este año, han sido más de 11 millones de casos los que han ingresados al Ministerio Público. Las estadísticas levantadas por la institución ya son capaces de hacer una radiografía del funcionamiento del sistema de justicia penal. Por ejemplo, las causas se tramitan en promedio 110 días, y las condenas ya están cercanas a los dos millones. Los casos archivados provisionalmente, en tanto, suman más de seis millones (ver infografía).
En estos 10 años, el Ministerio Público ha tenido aciertos, como la condena por un doble crimen ideado por María del Pilar Pérez, conocida como "La Quintrala"; la millonaria estafa de la corredora Serrano y la condena por abuso sexual del sacerdote John O'Reilly. Pero no todos los casos han llegado a buen término para la fiscalía. Una de las mayores derrotas ocurrió en el caso bombas, con 13 sobreseimientos y la absolución de seis acusados; además de la absolución de Luis Ajenjo, ex presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), por delitos de fraude al Fisco.
Todo, no obstante, se remonta a esa primera audiencia, que no estuvo exenta de curiosidades. Por ejemplo, las autoridades apostaron por presentarse en un caso en que, lo más probable, el imputado quedara en prisión preventiva. Asimismo, la audiencia tuvo que ser aplazada por 15 minutos, pues la entonces senadora Soledad Alvear (una de los principales impulsores del sistema) quería estar presente y estaba atrasada. Cuando llegó, en la sala había más de 60 personas, por lo que tuvo que instalarse al lado del magistrado que tomó la audiencia, Jaime Salas.
A 10 años de la puesta en marcha total del sistema, La Tercera reunió, en el Centro de Justicia, a los tres protagonistas de esa jornada. Por el lado del Poder Judicial estaba el juez Salas; por la Defensoría Penal Pública, el abogado Gustavo Peñailillo, y por el Ministerio Público, el ahora ex fiscal Pedro Orthusteguy. La cita se concretó a las 12.30 y los tres, al verse, se saludaron afablemente y comentaban impresionados el paso del tiempo: "Estamos casi iguales", decían entre risas.
El magistrado Salas, quien continúa siendo juez de garantía, indicó que "fue bien agradable verlos, porque ambos ya no están en la trinchera de trabajo del día a día". Respecto de la primera audiencia, recordó que "se estaba transmitiendo en vivo a todos los matinales, había muchísimas autoridades. Son salas diseñadas para 15 o 20 personas, y había más de 60. Hasta el imputado estaba muy consternado por esta situación. La preocupación inicial fue poder canalizar la audiencia y bajar los decibeles".
Según el juez, "lo más rescatable de la reforma es la rapidez con que se fallan las causas. En el sistema antiguo, los casos duraban entre seis y ocho meses, y hoy hay causas que son falladas a las pocas horas de que el imputado es detenido".
Por su parte, el ex defensor Gustavo Peñailillo, hoy abogado del Departamento de Evaluación y Control de la Defensoría Nacional, también rememoró ese 16 de junio de 2005: "La noche anterior me asignaron el celular de turno, en caso de una detención. No me llamó nadie, pero no dormí tranquilo, preocupado de que el teléfono no se quedara sin baterías. Tocó la noticia de que en San Miguel se registró el primer detenido".
Con el entonces defensor José Luis Andrés, indicó que "nuestra teoría era que se trataba de amenazas y no robo con intimidación". Si bien ese primer día el imputado quedó en prisión preventiva, "en el enjuiciamiento de ese caso, en el Sexto Tribunal Oral de Santiago, la defensa tuvo resultados positivos y el imputado fue condenado de amenazas condicionales y se le dio la pena por cumplida, por lo que tan desorientados no estábamos".
Pedro Orthusteguy, por su lado, dejó su rol como fiscal para dedicarse al libre ejercicio del Derecho. El, quien es parte de los más de 140 persecutores que han abandonado esta labor, también tiene recuerdos muy particulares de ese 16 de junio. "Una alta autoridad de nuestra institución me preguntó: '¿Trajeron la pistola a la audiencia?'. Como no se conocía el funcionamiento de la reforma, algunos pensaban que había que llegar con las pruebas físicas el día de la primera audiencia. Tuve que aclararle que no era necesario y que no andaba con un arma", indicó.
Respecto del presente de la fiscalía, señaló que "el Ministerio Público ha perdido la mística. La mayoría de los fiscales que nos hemos ido pensamos lo mismo. Creo que eso se debe a una falta de movimiento de los cargos superiores y las rotaciones que se producen en los cargos de fiscales regionales. Debería haber períodos más cortos -de cuatro años- por parte del fiscal nacional y los fiscales regionales, y que luego vuelvan a formar parte de la institución, como lo hace el presidente de la Corte de Apelaciones, que vuelve a ser ministro de la corte después de su período".
