Las cinco claves detrás del caso de falsos exonerados políticos detectados por la Contraloría

Un informe de la Contraloría determinó que al menos 3 mil personas que fueron beneficiadas como exonerados políticos, en su mayoría identificadas como militantes del PS y PC, presentaron expedientes sin relato político. La investigación se originó tras la verificación de los antecedentes entregados por los beneficiarios en el marco de las leyes 19.234 y posteriores.

La Ley de Exonerados Políticos (19.234 y posteriores) busca reparar mediante beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por causas políticas o actos de autoridad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

La normativa entrega, según la situación previsional de cada solicitante, los beneficios de abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva.

La Ley 19.234 establecía un plazo para solicitar beneficios hasta el 11 de agosto de 1994, luego se modificó mediante la Ley 19.582, dando un nuevo plazo entre el 1 de septiembre de 1998 y el 1 de septiembre de 1999. Finalmente, la Ley 19.881 dio un plazo entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 para entregar los antecedentes.

El beneficio se solicita al Presidente de la República, en quien recae la responsabilidad de determinar la calidad de exonerado de las personas que postulan. Sin embargo, esa responsabilidad fue traspasada al Ministerio del Interior, organismo que evalúa, de acuerdo a los antecedentes la calidad de exonerado. Además es el encargado de emitir los Decretos Exentos que conceden abono de tiempo por gracia, Decretos Supremos que confieren pensión no contributiva, así como la elaboración de los Decretos derogatorios de beneficios.

En tanto, el Instituto de Previsión Social (IPS) debe conformar el historial previsional de cada postulante, para verificar qué beneficios procede otorgar, calcular los abonos de tiempo y las pensiones no contributivas, pagar los beneficios, imputar el abono de tiempo en la cuenta individual de cada exonerado, reliquidar pensiones de regímenes del sistema antiguo y bono de reconocimiento.

Los postulantes debían presentar además de la solicitud, los siguientes documentos:

Para los exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1973:
- Solicitud firmada
- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados
- Documento que acredite la relación laboral y la fecha de termino de funciones
- Relato de los motivos políticos que fundaron su despido

Para exonerados entre el 1 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990:
- Solicitud firmada
- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados
- Documento que acredite la relación laboral y la fecha de término de funciones
- Relato de los motivos políticos que fundaron su despido
- Acreditar el relato con medios de prueba que respalden lo dicho, como certificado de detención, juicio de los tribunales, recortes de prensa, listados oficiales de salida del país, información sumaria de testigos y cualquier otro medio de prueba que ratifique lo dicho por el postulante, y/ó 3 declaraciones juradas de compañeros de trabajo que fueron testigos de la situación qué vivió el solicitante.

Las investigaciones en la Contraloría por el pago irregular de beneficios a falsos exonerados políticos comenzaron en 2008 luego de una denuncia del entonces diputado del PS, Marco Enríquez-Ominami y la diputada RN, Karla Rubilar.

En tanto, en agosto de 2010, el Ministerio del Interior se querelló por irregularidades en los procedimientos para calificar a los exonerados, antecedentes que se pusieron en manos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por su parte, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de un grupo de parlamentarios que habrían entregado certificados falsos a personas que se hicieron pasar por exonerados, tras un reportaje del programa Contacto de Canal 13.

Luego de investigar, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinó en noviembre de 2011 que había 52 casos de falsos exonerados, a quienes se les debía quitar el beneficio en forma inmediata.

El último antecedente lo entregó un informe de Contraloría, que señala que hay al menos 3 mil personas, en su mayoría identificadas como militantes del PS y PC, que presentaban expedientes sin relato político, por lo que instruyó un sumario al interior del IPS para determinar responsabilidades administrativas.

De acuerdo al informe de la Contraloría (ver archivo) entre los parlamentarios que firmaron certificados sin relato político están los socialistas Isabel Allende y Camilo Escalona, y los ex legisladores de ese mismo partido, Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri, y Gonzalo Martner, entre otros, así como el comunista Jorge Insunza.

El caso de los "falsos exonerados" si bien se remonta a casi 10 años, fue en octubre de 2011 cuando el debate político tomó fuerza luego de que el programa "Contacto" de Canal 13 publicara el reportaje "Exonerados: Pensiones bajo sospecha". En la investigación se mostraba entre los antecedentes casos de personas que en 1973 eran menores de edad y que supuestamente desempeñaban funciones en organismos como la CUT, el PS o el Ministerio del Interior.

Un mes después, el tema era parte del debate parlamentario. Así, el 2 de noviembre de ese año, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para debatir las presuntas irregularidades en la entrega de beneficios a 200 personas. Ahí se acordó solicitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet colaborar con la investigación.

En dicha ocasión se generó un debate entre los parlamentarios de la Alianza, que responsabilizaron a las anteriores administraciones de eludir el tema, y los de la oposición, quienes cuestionaron que se pusiera en duda la calificación de los exonerados.

Ante las acusaciones de parlamentarios opositores de "montar" una campaña contra las gestiones de la Concertación, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter respondió: "Quiero recordarles que han sido las propias agrupaciones de exonerados y los medios los que han denunciado estos hechos. No hemos sido nosotros como gobierno quienes hemos dado a conocer estos hechos".

Un mes después, en diciembre de 2011, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla entregó un informe a la comisión investigadora de la Cámara que seguía el caso, donde apuntaba a que en 2006 los casos de falsos exonerados eran conocidos. 

Ubilla además apuntó a la senadora -y entonces diputada- Isabel Allende como una de las firmantes de certificados de falsos exonerados.

La parlamentaria respondió que los certificados "son un antecedentes más y no son determinantes".

"La calidad de exonerados la otorgan los organismos públicos competentes, siendo los antecedentes revisados por el Programa de Exonerados del Ministerio del Interior, el ex  INP y la Contraloría, entre otros, y firmados por el Subsecretario del Interior", agregó.

Un año después, el caso vuelve a reflotar tras el informe de la Contraloría que detectó irregularidades en cerca de 3 mil casos.

En este contexto, ayer la parlamentaria RN Karla Rubilar pidió a la ex presidenta Bachelet que "explique" lo sucedido y no descartó pedir una nueva comisión para indagar los hechos.

Ayer, en tanto, el ex vicepresidente del PS, Ricardo Núñez sijo que "si algunos tenemos responsabilidad en estos hechos, sin duda que estoy dispuesto a reconocerlo (...) De los muchos certificados que firmé como presidente del Partido Socialista, no me cabe la duda que más de alguno no correspondía, así que tengo que asumir la responsabilidad", dijo Núñez ayer a La Tercera.

La apuesta del gobierno es reactivar el caso en tribunales. Sin embargo, los delitos podrían estar prescritos debido a los años transcurridos desde la entrega de pensiones a "falsos exonerados".

Según explicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, "todavía no nos ha dado respuesta el CDE sobre si están prescritos o no los casos".

"Lamentablemente, yo percibo que aquí estamos frente a una situación donde claramente hubo fraude al Fisco", agregó el subsecretario.